El Servicio de Inspección tiene previsto enviar a los decanos de los colegios de abogados y de procuradores en tribunales unos cuestionarios para el cinco por ciento de sus colegiados, seleccionados "de forma aleatoria", para que estos contesten anónimamente sobre la "valoración de gestión" de los juzgados y tribunales objeto de inspección. Entre las preguntas, que deben contestarse con evaluaciones del cero a 10, figura si el juez está presente en las declaraciones penales y cumple con el principio de inmediación; si recibe a los profesionales que lo solicitan; si el personal del juzgado está presente y es accesible durante el horario establecido; si los señalamientos de las vistas se fijan racionalmente; si los horarios se cumplen con puntualidad; si el tiempo entre la presentación de la demanda y la citación a juicio es correcto; si las sentencias se dictan en plazo y las pruebas y demás diligencias no se alargan demasiado, y si se respeta la privacidad e intimidad de las personas que prestan declaración.
Asimismo, el Servicio de Inspección tendrá un historial informatizado de cada juez, en el que no se incluirán datos personales, pero sí sus retrasos, expedientes o sanciones.
Juez "irrespetuoso"
Asimismo, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto expediente a un juez por dos supuestas faltas graves de alta de respeto al dictar una sentencia.
El magistrado justificó la pena leve que le impuso a un reo porque "no le apetecía" despedirse de Málaga, de donde iba a ser trasladado a otro juzgado en oytra ciudad, "metiendo a un cghorizo en la cárcel".
Según dictó en su sentencia al mismo, llevaba "muchos años arreándole hostias". También dijo que el fiscal del caso "es muy buena gente, pero es fiscal, y se va a cabrear, y con razón".
Jueces por televisión
Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, se ha mostrado partidario de "la transmisión televisiva de los juicios penales" y ha pedido que se regulen "las obligaciones" de los magistrados y los fiscales, respecto a su "aparición no deseada" en la pequeña pantalla, que es precisamente uno de los motivos principales por los que las cámaras de TV no pueden tomar imágenes de los juicios penales.
Siro García considera inadmisibles razones de seguridad personal de estos jueces para negarse a aparecer en televisión.. También considera que el acusado "está obligado a someterse a la publicidad" de la televisión, si bien su derecho constitucional a la presunción de inocencia impide la "utilización torticera de las imágenes".
La entrada de las cámaras a los juicios del Supremo está prohibida desde 1996 y ha sido recurrida por más de treinta periodistas y por la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAP).
