Dicen que este aumento salarial puede compensarles la «pérdida brutal» de poder adquisitivo en los últimos años. Documentos internos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran dicha pérdida de poder adquisitivo en los últimos diez años en torno a un 18 por ciento.
En las últimas negociaciones mantenidas con el Gobierno, que acabaron sin acuerdo, las asociaciones judiciales reclamaron una subida de las retribuciones en torno al 25 por ciento, del que un 18 % correspondería a la pérdida del poder adquisitivo y el siete por ciento restante estaría justificado por el establecimiento de un sistema de productividad, según fuentes de las agrupaciones.
El sueldo de un magistrado, dependiendo del lugar donde ejerza y el órgano al cual pertenezca, está entre los cinco y nueve millones de pesetas netas anuales, según las mismas fuentes. Estas retribuciones corresponden a doce pagas mensuales y dos medias extraordinarias.
Los baremos utilizados para pagar a los jueces incluyen nueve categorías (establecidas en una normativa de 1989), de modo que los sueldos oscilan entre las 290.000 pesetas netas mensuales de un juez de ingreso y las 520.000 que alcanza un magistrado de Audiencia o Tribunal Superior de Madrid o Barcelona, en la plenitud de su carrera profesional. Las nóminas de los jueces de instrucción oscilan entre las 320.000 y las 450.000 pesetas según destinos. El máximo sólo lo cobran los de Madrid y Barcelona, en razón del volumen de asuntos que tienen que atender.
Las reivindicaciones no incluyen a los magistrados del Tribunal Supremo y vocales del CGPJ a los que se incrementó recientemente el sueldo hasta unos 16 millones brutos anuales, alrededor de unas 750.000 al mes.
El lunes, magistrados y jueces remitirán telegramas reivindicativos al Gabinete de la Presidencia, a la Ministra de Justicia y al presidente del CGPJ.
El comunicado que los jueces estudiarán en las concentraciones del lunes en las sedes judiciales subraya que desde 1989 «las retribuciones de la carrera judicial han ido perdiendo poder adquisitivo en cuantía que documentos elaborados por el propio Consejo General del Poder Judicial cifran en casi un veinte por ciento».
