Un ciudadano ecuatoriano, con orden de expulsión de España, se dirigió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para denunciar su experiencia como repartidor de butano durante dos años y explicar las situación de los inmigrantes sin papeles que, como él, realizan el reparto de bombonas sin recibir más que las propinas voluntarias de los clientes. Estas personas, mientras realizan su trabajo, van atavidas con un uniforme con el anagrama de Repsol Butano.
La propia Fiscalía ordenó varias diligencias y las remitió al Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona para que continuara la investigación. Ahora, el juez titular, Luis Fernando Gómez Vizcarra, ha citado como imputado a un representante legal de la empresa.
Un portavoz de la empresa Repsol Butano SA confirmó la citación judicial y explicó que la empresa estudia qué representante legal comparecerá ante el juez como imputado, en representación de la empresa, el pr¢ximo d¡a 15.
Repsol Butano, a trav’s de su portavoz, asegur¢ que, mientras un caso se encuentra en el juzgado, la empresa evita hacer declaraciones hasta que el juez dicte sentencia.
Cuando la Fiscal¡a recibi¢ la denuncia y empez¢ a investigar, un responsable de Repsol eludi¢ cualquier responsabilidad y la atribuy¢, exclusivamente, a las empresas distribuidoras subcontratadas para el reparto de butano.
El mismo responsable afirm¢ que Repsol tiene constancia extraoficial de que son inmigrantes ilegales. «Es una situaci¢n absolutamente indeseable, responsabilidad de las empresas distribuidoras», explic¢.
