La Constitución española, que sigue el principio de que "todos los españoles somos iguales ante la ley", también añade que "la personal del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Según el juez Baltasar Garzón, el estatuto del TIP (Tribunal Penal Internacional) elimina cualquier tipo de privilegio o inmunidad, soberana o de cualquier otra especie.
El estatuto del TIP establece que "no puede oponerse a su aplicación distinción de clase alguna basada en cargo oficial" y que, "en ningún caso, aunque se trate del jefe del Estado, se eximirá de la responsabilidad penal, ni se podrá reducir la pena". Por todo esto, Garzón se inclina porque se modifique la Constitución española "para prever la responsabilidad del jefe del Estado".
La legislación española tambien discrepa de los principios del estatuto del TIP en los criterios de cadena perpetua y de crímenes contra la humanidad. El estatuto del TIP fue aprobado en 1998 en Roma, pero para su aplicación es necesaria la ratificación de un mínimo de sesenta países. El TIP fue creado para conbatir las atrocidades que se cometen en las guerras y genocidios y para luchar contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
España, que participó activamente en la creación del TIP, aún no ha ratificado su estatuto. Para hacerlo, debe de esperar a los dictámenes del Consejo de estado, que aún siguen pendientes.
El Estatuto del Tribunal Penal Internacional ha sido ratificado tan sólo por cuatro países, después de un año de la aprobación de su creación.
