De ellas, 142 corresponden a magistrados de tribunales colegiados y 121 a jueces de órganos unipersonales.
El borrador del informe analiza las insuficiencias de medios materiales, personales y normativos en el ámbito judicial y hace una extensa propuesta sobre informatización de los órganos jurisdiccionales.
Según el informe, en la jurisdicción civil la carga de trabajo «es de todo punto excesiva y claramente superior al límite máximo de lo razonable», por lo que aunque es de esperar que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que tramita el Parlamento mejore la «preocupante situación actual», será preciso intensificar la creación de nuevos juzgados y tribunales civiles.
En la jurisdicción penal destaca el «notable incremento en la carga de trabajo de las audiencias provinciales» y la «correlativa disminución» de asuntos en los juzgados de lo penal, motivados por la redistribución de competencias que se produjo a la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Ante las repercusiones provocadas, se dictó otra ley que ha equilibrado la distribución de cometidos.
El Poder Judicial ha constatado también que algunos juzgados de vigilancia penitenciaria que ya han sido creados, «incomprensiblemente» todavía no han iniciado su actividad.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, se han constituido ya 154 nuevos juzgados pero dado que la entrada en funcionamiento ha sido el pasado mes de junio, de los mismos no hay datos «ni siquiera significativos».
Sobre las necesidades en materia de edificios judiciales, el CGPJ destaca que en Madrid sería «muy conveniente» crear una futura «Ciudad Judicial» para concentrar en una sola zona a los órganos judiciales de la capital y acabar con «la extraordinaria dispersión actual».
La parte más extensa del informe se dedica a las necesidades en materia de informática judicial. Antes de fin de año, el CGPJ tiene previsto aprobar el denominado «test de compatibilidad» entre los sistemas informáticos que se han de utilizar en los órganos judiciales, y durante el 2000 han de adaptarse los sistemas existentes al citado test.
El informe contempla a partir del 2000 una «política activa de información» a dos tipos de destinatarios: los ciudadanos en general y los jueces, secretarios y funcionarios. Respecto a estos últimos, el informe afirma que «debe procederse a la repetición de las actividades de formación realizadas en los años 1998 y 1999» porque «han sido insuficientes debido a su escasa duración y en cierta manera, a la precipitación con que se han proyectado y desarrollado».
