El presidente Clinton puede dar un paso histórico para los derechos humanos, o permitir que su país quede aún más a la zaga del resto del mundo, donde el consenso internacional en contra de la pena de muerte no hace sino ganar terreno, ha dicho Amnesty International hoy, al hacer público el Memorándum de 43 páginas sobre la pena de muerte federal que la organización envió al presidente la semana pasada.
La ejecución de Juan Raúl Garza se convertiría en la primera ejecución federal de un preso condenado a muerte que se haya realizado desde 1963. El presidente Clinton está investido de poder para conmutar su condena. Amnesty International le pide encarecidamente que use ese poder.
El presidente Clinton se enfrenta a una decisión que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido que tomar en casi 40 años, explica Amnesty International. En estos momentos, en los que tanto a nivel nacional como internacional existe una preocupación sin precedentes por la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, el presidente debe poner fin a la pena capital federal antes de que comience a producir muertes.?
Adem s de pedir el indulto para Juan Raol Garza, Amnesty International quiere que el presidente Clinton, como m¡nimo, declare la suspensi¢n de todas las ejecuciones federales, vistas las recientes conclusiones del Departamento de Justicia sobre las disparidades raciales y geogr ficas que caracterizan la aplicaci¢n de la pena capital a nivel federal.
Consideramos que el presidente debe hacer m s, sin embargo continoa Amnesty International. Debe conmutar todas las penas de los presos actualmente condenados a muerte en el sistema federal. El mensaje a la naci¢n debe ser claro: el experimento nacional con la pena capital ?cruel, brutalizador y plagado de errores? ha fracasado, y la marea a favor de la pena de muerte ha cambiado de direcci¢n.
Desde la investidura del presidente Clinton en 1993, casi 500 hombres y mujeres han sido ejecutados en 29 estados del pa¡s. Esta cifra representa m s del 70 por ciento de todas las ejecuciones realizadas desde 1976, a_o en el que la Corte Suprema de Estados Unidos permiti¢ la reanudaci¢n de las ejecuciones. Aunque varios estados reanudaron las ejecuciones en 1977, el gobierno federal no reintrodujo la pena capital a nivel federal hasta 1988, y seguidamente, violando las normas internacionales, ampli¢ de forma extraordinaria su mbito de aplicaci¢n mediante legislaci¢n firmada por el presidente Clinton en 1994.
El gobierno federal lleva demasiado tiempo haciendo la vista gorda ante el homicidio judicial que se practica a nivel estatal en el pa¡s, dice Amnesty International. La programada ejecuci¢n de Juan Raol Garza, sin embargo, es uno de los casos en los que no puede tratar de eludir su plena responsabilidad.
La oposici¢n a la reanudaci¢n de las ejecuciones federales ha ido creciendo desde septiembre, mes en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo poblicos los resultados de su examen de la aplicaci¢n de la pena de muerte en el sistema federal de justicia. El Memor ndum de Amnesty International examina las conclusiones del Departamento de Justicia, y llega a la conclusi¢n de que, tal como ocurre a nivel estatal, la facultad de los fiscales locales para decidir si pedir o no la pena de muerte en cada caso particular parece ser la causa de las disparidades.
Las propias estad¡sticas del gobierno proporcionan aon m s pruebas de que la pena de muerte federal padece las mismas caracter¡sticas ?de loter¡a que afectan como la plaga al sistema de justicia a nivel estatal ?a_ade Amnesty International. Permitir que continoen las ejecuciones federales a sabiendas de que el sistema puede estar te_ido de arbitrariedades y discriminaci¢n ser¡a cometer un acto sin escropulos.
El Memor ndum tambi’n ilustra con casos las otras formas en que la pena de muerte federal parece reflejar la aplicaci¢n que se le da a nivel estatal. Se destacan aspectos como la inadecuada asistencia letrada, la confusi¢n de los jurados respecto al proceso condenatorio, y los casos de ciudadanos extranjeros privados de sus derechos consulares.
El gobierno de Estados Unidos ha comunicado a Amnesty International su inalterable oposici¢n a cualquier aplicaci¢n injusta de la pena de muerte. Es hora, pues, de que el gobierno demuestre que habla en serio, insiste la organizaci¢n.
Durante la campa_a de las elecciones presidenciales de 1992, cuando era gobernador de Arkansas, Bill Clinton se neg¢ a parar la ejecuci¢n de un preso con una grave lesi¢n cerebral. Lo que hay que preguntarse ahora es puede el presidente Clinton demostrar que los tiempos han cambiado en Estados Unidos ?O dejar que la historia recoja que acab¢ su periodo presidencial de la misma forma que lo inici¢, permitiendo una ejecuci¢n que separa aon m s a su pa¡s de las normas internacionales de justicia y dignidad humanas
Informaci¢n general
En Estados Unidos hay m s de 3.600 presos condenados a muerte por haber violado la legislaci¢n estatal que aplica esa pena. En la actualidad hay tambi’n unos 21 presos condenados a la pena de muerte en el sistema federal, es decir por haber violado la legislaci¢n federal con pena capital promulgada por los presidentes Reagan y Clinton. La oltima persona ejecutada en Estados Unidos en virtud de la legislaci¢n federal fue Victor Feguer, ahorcado en Iowa en 1963.
