La Sección Estadounidense de AI (AIUSA) ha pedido hoy al gobernador de Texas, George Bush, que haga todo lo que esté en su mano para evitar la ejecución de Miguel Flores, prevista para la semana que viene.
Flores, ciudadano mexicano, debe morir por inyección letal a las 18.00 h. del jueves 9 de noviembre en Huntsville (Texas). Fue condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de la joven de 20 años Angela Tyson en el norte de Texas en 1989.
Según Amnesty International, el estado de Texas no informó a Flores de su derecho a contactar con el consulado mexicano, en contra de lo dispuesto en el derecho internacional. Además, la organización ha señalado que la acusación se basó en pruebas testificales psiquiátricas poco fidedignas e infundadas para convencer al jurado de que votara a favor de una condena a muerte.
En Texas, para poder imponer una sentencia de muerte, el jurado tiene que haber decidido por unanimidad que el acusado probablemente volvería a cometer actos violentos si se le permitiera vivir. Para defender la ejecuci¢n de Flores, el estado aport¢ el testimonio del psiquiatra Clay Griffith, quien, sin haber entrevistado nunca a Flores, declar¢ que sin duda ‘ste cometer¡a actos violentos en el futuro. Su abogado no present¢ prueba alguna para contrarrestar este testimonio.
La injusticia y la incompetencia caracterizan de manera tr gica esta causa ?ha afirmado Ajamu Baraka, director en funciones del Programa Nacional de AIUSA para la abolici¢n de la pena de muerte. En concreto, no se facilit¢ al jurado ninguna prueba atenuante para que la tuviese en cuenta a la hora de decidir la sentencia de Miguel Flores, aunque su abogado hab¡a conseguuido f cilmente pruebas de este tipo.?
Miembros de Amnesty International en todo el mundo han escrito al gobernador Bush para pedirle que solicite la revisi¢n del caso Flores a la Junta de Indultos y Libertad Condicional y, en vista de los flagrantes errores, recomiende el indulto.
Es inadmisible que el doctor Griffith no haya realizado un diagn¢stico a Miguel Flores ni lo haya conocido siquiera ?afirma Rob Freer, investigador de Amnesty International en Londres sobre la pena de muerte. Los numerosos ex menes psiqui tricos realizados a partir del juicio as¡ como la conducta mod’lica de Flores en el pabell¢n de los condenados a muerte parecen confirmar que las predicciones del doctor Griffith no fueron m s que conjeturas profesionalmente cuestionables disfrazadas de pron¢stico objetivo.
Representantes del consulado mexicano han asegurado que, si los funcionarios de Texas no hubieran incumplido su deber de informar a Flores del derecho a ponerse en contacto con ellos en aplicaci¢n del art¡culo 36 de la Convenci¢n de Viena sobre Relaciones Consulares , Flores habr¡a tenido garantizada la asistencia letrada de abogados competentes que hubieran presentado pruebas atenuantes.
Texas ha vulnerado tambi’n una disposici¢n de 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, m xima instancia judicial en el continente americano, seg on la cual ejecutar a un ciudadano extranjero que no ha sido informado de sus derechos consulares supone una privaci¢n arbitraria de la vida.
Cuando Amnesty International le pide al estado de Texas que detenga esta ejecuci ¢n, no pretende con ello restar gravedad a los cr¡menes cometidos contra Angela Tyson ni a sus consecuencias para familiares y allegados ha aclarado Baraka . Como organizaci¢n que trabaja a diario en colaboraci¢n con v¡ctimas de actos violentos y en representaci¢n suya, Amnesty International se solidariza plenamente con todos aquellos que han perdido amigos y familiares a causa de un asesinato.
Pero Texas debe acatar el derecho internacional relativo a la notificaci¢n consular, y tiene que buscar una soluci¢n mejor que la de perpetuar el ciclo de violencia con un sistema injusto y arbitrario basado en la pena de muerte ha afirmado Baraka. La poblaci¢n de Texas merece algo mejor. La abolici¢n de la pena capital en el estado es la onica salida justa.
Josefina Salomon
Amnesty International
