El estudio ha puesto de manifiesto importantes disparidades raciales y geográficas en relación con la aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal, e indica que las minorías, en particular la afroamericana, han sufrido sus consecuencias de manera desproporcionada y que la búsqueda de condenas de muerte por parte de los fiscales federales no es uniforme en todo el país, pese a los esfuerzos de la fiscal general Janet Reno para que lo sea.
Nadie debe sorprenderse de que la pena de muerte presente en el ámbito federal las mismas cualidades azarosas que reviste su aplicación en el ámbito estatal ha afirmado Amnistía Internacional.
Que el gobierno estadounidense ejerciera la voluntad política de imponer una suspensión de las ejecuciones federales, dando así ejemplo a todo el país, sería un giro de los acontecimientos muy bien recibido.
El presidente Clinton explicó en la Convención Nacional del Partido Demócrata, celebrada en Los -ngeles el 14 de agosto, que Estados Unidos es ‘el principal impulsor de los derechos humanos en todo el mundo’ y que el pa¡s es ‘m s decente’ y ‘m s humano’ que cuando tom¢ posesi¢n de su cargo ha recordado Amnist¡a Internacional.
Sus palabras suenan falsas ante el historial de Estados Unidos sobre la pena de muerte. Es hora de que su gobierno actoe.
Amnist¡a Internacional, entre otros, ha documentado sistem ticamente c¢mo los criterios de procesamiento, unidos a cuestiones de pol¡tica, raza y situaci¢n econ¢mica, hacen que la pena de muerte en Estados Unidos sea arbitraria, discriminatoria e injusta, lo cual se suma a la crueldad y a la posibilidad de error que esta pena inevitablemente comporta.
Esta ruleta americana es un esc ndalo de derechos humanos para el que s¢lo existe una soluci¢n: la abolici¢n ha afirmado Amnist¡a Internacional.
En una carta fechada en agosto de 1999, en respuesta a las conclusiones formuladas por Amnist¡a Internacional en su informe sobre los factores raciales y la pena de muerte en Estados Unidos (Prejuicios que matan: La dimensi¢n racial de la pena de muerte en Estados Unidos, -ndice AI: AMR 51/52/99/s), el Departamento de Justicia admit¡a lo siguiente: Es indiscutible que las circunstancias de muchos de los casos rese_ados […] suscitan preocupaci¢n?. No obstante, el departamento afirmaba que en el mbito estatal este asunto correspond¡a a los estados, y que en el mbito federal se ha puesto todo el empe_o en excluir la raza como factor a la hora de decidir si se solicita la pena de muerte. Ahora, la propia investigaci¢n del departamento parece indicar que todo el empe_o no ha sido suficiente.
El gobierno de Estados Unidos debe tomar medidas definitivas basadas en las conclusiones de su estudio y en la preocupaci¢n creciente en toda la naci¢n acerca de la imparcialidad en la aplicaci¢n de la pena de muerte ha afirmado Amnist¡a Internacional.
Deber¡a renunciar al plan de llevar a cabo la primera ejecuci¢n federal desde 1963, y comprometerse con el objetivo de poner a Estados Unidos en consonancia con las normas internacionales y la tendencia mundial sobre esta pena obsoleta.
La historia demuestra que los pa¡ses que han puesto fin a las ejecuciones actualmente m s de la mitad de las naciones del mundo no lo han hecho a tenor de sondeos de opini¢n, sino bas ndose en el valor y en la perspectiva de sus dirigentes para adoptar alternativas a este castigo brutal y embrutecedor. La suspensi¢n de las ejecuciones federales ser¡a un primer paso muy constructivo encaminado a este fin en Estados Unidos.
Para la pena de muerte no hay reparaci¢n posible. Jam s se podr suprimir su crueldad y el potencial de error irreparable que entra_a. Adem s, mientras sigan existiendo los prejuicios y las desigualdades en la sociedad humana, siempre tender a ser discriminatoria? ha se_alado Amnist¡a Internacional.
Informaci¢n general
La Corte Suprema de Estados Unidos dej¢ de imponer ejecuciones en 1972 debido a la arbitrariedad con que se estaba aplicando la pena de muerte. M s de 660 ejecuciones se han llevado a cabo en 31 estados desde que la Corte aprob¢ los nuevos estatutos sobre la pena de muerte en 1976. La oltima ejecuci¢n federal tuvo lugar en 1963. Entre los condenados a muerte en el mbito federal, Juan Raol Garza tiene prevista su ejecuci¢n el 12 de diciembre, y David Paul Hammer intenta actualmente retirar sus recursos de apelaci¢n y someterse voluntariamente a la ejecuci¢n.
Las autoridades estadounidenses vulneran sistem ticamente las normas internacionales sobre la pena capital: se aplica a menores, a discapacitados mentales, a personas que no cuentan con la debida representaci¢n letrada, a individuos sobre cuya culpabilidad existen serias dudas y a ciudadanos extranjeros que no han sido informados tras su detenci¢n de su derecho a recibir asistencia del consulado de su pa¡s. El gobierno federal contesta a los llamamientos para que adopte una postura frente a estas infracciones diciendo que no puede entrometerse en la aplicaci¢n que cada estado hace de esta pena.
En 1996, en su respuesta al llamamiento de Amnist¡a Internacional en favor de una comisi¢n presidencial sobre la pena de muerte en Estados Unidos, el Departamento de Justicia estadounidense afirm¢ lo siguiente: El gobierno y este Departamento apoyan la pena de muerte como sanci¢n apropiada para los cr¡menes m s execrables. Del mismo modo, nos oponemos tajantemente a su aplicaci¢n de forma injusta, en particular si esa injusticia est basada en una discriminaci¢n racial o de otra clase.
