Las Organizaciones No gubernamentales de Derechos Humanos, sociales, sindicales, de género, juveniles, ambientalistas y comunitarias, de Colombia, denunciamos ante las autoridades municipales, regionales y nacionales y ante los gobiernos y los organismos de Derechos Humanos Internacionales, la amenaza proferida a través de un facsímil de las «Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Calima» contra las comunidades de desplazados por la violencia refugiadas transitoriamente en el albergue del municipio de Tulúa, en el departamento del Valle del Cauca.
SITUACIÓN ACTUAL
El día 31 de Agosto pasado circuló en el casco urbano del Municipio de Tulúa, un panfleto firmado por «las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Calima» se conmina a los desplazados a «regresar de forma inmediata sus parcelas», con el pretexto de están perturbando el orden y la tranquilidad del municipio. Paradójicamente el pasquín califica la asistencia humanitaria como «extorsión» y a los líderes de la comunidad como «agitadores al servicio de la guerrilla». Fija, adem s un plazo perentorio para que «desocupen» el 15 de septiembre, cumplido el cual «tomaremos acci¢n militar».
Es extra_a la coincidencia de ‘sta temerarias afirmaciones tanto con la posici¢n de la Red de Solidaridad como con las declaraciones del secretario de Gobierno del municipio de Tuloa, a trav’s de una emisora local, en las cuales afirma que «los desplazados deben devolverse a sus regiones de origen porque se est n convirtiendo en un problema para la ciudad y el gobierno municipal ni el gobierno departamental tienen recursos para continuar atendi’ndolos». En similares t’rminos se refiri¢ el secretario de gobierno del municipio de Buga en declaraciones radiales.
ANTECEDENTES:
Las acciones punitivas de las «Autodefensas Unidas de Colombia» iniciadas en el Valle del Cauca el 31 de Julio del a_o anterior, han dejado una estela de muerte y dolor entre las comunidades : mas de 280 hombres y mujeres asesinadas, una decena de desaparecidos y alrededor de 8000 desplazados, especialmente de las reas rurales de Buga, Tulu , San Pedro, Andaluc¡a, Bugalagrande, Buenaventura, Caicedonia, Sevilla y Jamund¡, entre otros. Como resultado de las incursiones de las «Autodefensa», las zonas rurales sufren el bloqueo de alimentos y medicinas, la interrupci¢n de las actividades cotidianas que han tra¡do como resultado el abandono de cientos de hect reas productivas, cosechas y animales, lo que conlleva un incremento de la miseria entre la poblaci¢n. Paralelamente a ‘stas circunstancias, ocurre una masiva y sistem tica violaci¢n de los derechos fundamentales y proliferan las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, la atenci¢n, asistencia y protecci¢n, previstas para ‘stos casos en los principios de humanidad y refrendadas por las Leyes colombianas, ha sido por decir lo menos, precaria y deficiente. Las instituciones gubernamentales legalmente establecidas para ello, como la Red de Solidaridad Social, ICBF, los Ministerios de Salud, Educaci¢n, Interior y Defensa, y sus similares en los niveles departamental y local, se han negado sistem ticamente ha disponer los recursos suficientes para garantizar una asistencia efectiva a las necesidades m s sentidas de estas poblaciones.
Tampoco el Gobierno muestra una actitud de apoyo a las propuestas e iniciativas presentadas por la poblaci¢n refugiada como posibles v¡as de soluci¢n, situaci¢n que hace evidente la falta de voluntad pol¡tica para superar la crisis humanitaria que vive la regi¢n.
Por el contrario, funcionarios como Fernando Medell¡n, Gerente General de la Red de Solidaridad Social, as¡ como de los secretarios de Gobierno de los municipios de Tuloa y Valle y el Comandante de la Polic¡a de Tuloa, manifiestan a los cuatro vientos que no existe ningon recurso econ¢mico para garantizar la asistencia de los desplazados en los albergues, por lo cual todas las personas en esta condici¢n pueden ser desalojadas y abandonadas a su suerte en cualquier momento. La alternativa es regresar a sus parcelas, sin ningon proyecto que les garantice la reconstrucci¢n de su actividad productiva y lo peor, sin ninguna garant¡a de seguridad para la vida, pues como es claro, las causas que generaron el desplazamiento persisten y se incrementan, en medio de la m s absoluta impunidad y con la colaboraci¢n aquiescencia y complicidad de los agentes estatales.
Es as¡ como, por ejemplo, como garant¡a de «seguridad en el retorno» el Comandante de Polic¡a del Municipio de Tuloa, Coronel Barajas, ha ofrecido a los desplazados «salvoconductos» firmados por ‘l para que sean presentados a los paramilitares.
SOLICITUDES
Al Gobierno Nacional, departamental y municipal adoptar de manera inmediata las medidas necesarias tendientes a garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad personal de los hombres y mujeres que se encuentran refugiados en los albergues de Tulu y Buga, acorde con los obligaciones contra¡das en Convenios y Tratados.
A los Se_ores Ministro de Defensa y Director General de la Polic¡a ordenar la adopci¢n de todas las medidas y mecanismos que se consideren pertinentes para garantizar la vida, libertad y seguridad de la poblaci¢n refugiada.
Al Sr. Presidente de la Repoblica, Doctor Andr’s Pastrana Arango, a poner en funcionamiento de una vez por todas el Centro de Coordinaci¢n de Lucha contra los Grupos de Autodefensa ilegales y dem s grupos armados al margen de la Ley, segon el Decreto 324 del 25 de febrero de 2000, instrumento que permite el desarrollo de acciones de represi¢n y contenci¢n de estos grupos de Autodefensa.
A la Procuradur¡a General de la Naci¢n y a la Fiscal¡a General de la Naci¢n, adelantar las indagaciones pertinentes para individulizar y castigar a los autores de los cr¡menes contra la poblaci¢n civil del Valle del Cauca, en acciones verdaderas de lucha contra la impunidad.
Al Se_or Presidente de la Repoblica, analizar las declaraciones temerarias de funcionarios como Fernando Medell¡n y los Secretarios de Gobierno de Buga y Tulu , y aplicar con todo rigor la Directiva 07 de 1999, mediante la cual se ordena a todos los funcionarios poblicos abstenerse de hacer falsas acusaciones que comprometan la seguridad de los l¡deres sociales y defensores de derechos humanos y respaldar su labor, en tanto constructores y elementos decisivos en el fortalecimiento del Estado social y democr tico de derecho, proclamado por nuestra Carta Constitucional.
El Gobierno Nacional, municipal y departamental debe destinar de manera inmediata los recursos necesarios para garantizar la atenci¢n, asistencia y protecci¢n de la poblaci¢n desplazada, as¡ como dise_ar un programa de retorno digno y seguro.
A las organizaciones no Gubernamentales definir comisiones de acompa_amiento permanente en los lugares de refugio de las comunidades y para garantizar el proceso de retorno.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Al Sr. Francis Deng, Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos interponer sus buenos oficios ante el Presidente de la repoblica para que el Estado Colombiano cumpla con los Principios Rectores de los Desplazados Internos. Le solicitamos muy respetuosamente que se evaloe la posibilidad de nombrar un delegado suyo que acompa_e de manera permanente los albergues donde se encuentran la poblaci¢n desplazada.
Al Sr. Kofy Annan, Secretario General de Naciones Unidas, a interponer sus buenos oficios para que el Se_or Presidente, en su condici¢n de Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, ordene la adopci¢n de todas las medidas que se consideren necesarias para garantizar la protecci¢n de la vida, la seguridad y la integridad de la poblaci¢n hoy amenazada.
A la Se_ora Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los a Derechos Humanos a exigir del Gobierno nacional y de las autoridades militares y policiales proteger y garantizar los derechos fundamentales de la poblaci¢n desplazada.
A Robert Goldman, Presidente de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, establecer una vigilancia permanente de la crisis humanitaria que vive el Valle del Cauca y espec¡ficamente la poblaci¢n desplazada por la violencia, para cuyas comunidades y l¡deres se est solicitando la adopci¢n de medidas cautelares.
Al Congreso de los Estados Unidos a mantener estricta vigilancia del cumplimiento de los condicionamientos establecidos en la aprobaci¢n del paquete de Ayuda contemplado en el Plan Colombia en materia de respeto y promoci¢n de los Derechos Humanos. As¡ mismo a exigir de las autoridades nacionales las medidas necesarias para su plena vigencia, particularmente en lo relacionado con el inminente riesgo para sus vidas de la poblaci¢n desplazada de Tuloa y Buga.
Al pueblo norteamericano exigir a su Gobierno
A Los Organismos Internacionales Humanitarios y cooperante extranjeros que laboran en suelo colombiano, Brigadas Internacionales de Paz, Amnist¡a Internacional y M’dicos Sin Fronteras, Comit’ Internacional de la Cruz Roja, entre muchos otros, a acompa_ar decididamente a las comunidades amenazadas en sus propios lugares de refugio y en el proceso de retorno voluntario en condiciones de dignidad y seguridad.
A los gobiernos de la Uni¢n Europea comprometidos en la salida pol¡tica negociada al conflicto social y armado que han expresado su decidido apoyo a las estrategias de inversi¢n social y de respeto y prevalencia de los Derechos Humanos, a continuar exigiendo del Gobierno Nacional persecuci¢n y desmantelamiento de los grupos Paramilitares, como lo han venido exigiendo la Comisi¢n de Derechos Humanos de Naciones Unidas y prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos.
Al Sr. Anders Kompas, Delegado en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Leila Lima, Delegada en nuestro pa¡s del ACNUR, a acompa_ar y expresar su respaldo a los reclamos de protecci¢n y atenci¢n integral de las comunidades desplazadas y de las organizaciones no gubernamentales tendientes a garantizar la vida y la integridad f¡sica de esta poblaci¢n.
A las organizaciones Humanitarias y de Derechos Humanos, a los gobiernos amigos y a las organizaciones sociales y de solidaridad a exigirle al gobierno nacional y a las autoridades civiles, militares y policiales, el respeto por los derechos Humanos, el desmonte de los grupos paramilitares y la plena vigencia de los derechos de la poblaci¢n desplazada.
Finalmente queremos reafirmar nuestra disposici¢n de continuar trabajando mancomunadamente con las instituciones gubernamentales y los organismos de cooperaci¢n internacional, as¡ como con los organismos humanitarios nacionales e internacionales, con el prop¢sito de garantizar el retorno voluntario, digno y seguro, con garant¡as de inversi¢n social que haga sostenible el regreso de las poblaciones victimas de la guerra a sus lugares habituales de residencia y trabajo en el departamento del Valle del Cauca.
SUSCRIBEN
Asociaci¢n Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS; Comit’ Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Coordinaci¢n Nacional de Desplazados; Colectivo de Abogados «Jose Alvear Restrepo»; Unimotor; Comision de Derecho Humanos y Paz de la USO; CREDHOS; Uni¢n Sindical Obrera Seccional Bogota; Union Sindical Obrera Nacional; Asociaci¢n Campesina del Valle del Rio Cimitarra -ACVC-; Red de Solidaridad Social con Colombia; Corporaci¢n Casa de la Juventud; Asamblea Nacional de J¢venes por la Paz; Grupo Estudiantil de la Universidad Nacional «C tedra Libre»; Asociaci¢n de Campesinos Asentados en Barrancabermeja; Humanidad Vigente; Reiniciar; Comit’ de Solidaridad con Presos Pol¡ticos -CSPP-; Asamblea Permanente por la Paz – USO ; Central Unitaria de Trabajadores -CUT-; Mesa Regional del Trabajo Permanente por la Paz del Magdalena Medio; Coordiaci¢n Popular Barrancabermeja; Corporaci¢n Mujer Familia y Comunidad; Departamento de Derechos Humanos de la CUT.
