En la transición democrática los casos de violencia policial y la cifra de personas, en su mayoría jóvenes pertenecientes a sectores populares, asesinados por personal policial ha ascendido notablemente. La repercusión pública de algunos de los casos ha puesto en evidencia, por un lado, la participación de la policía en este tipo de actividades, por el otro, el empeño de la institución por ocultar, destruir, falsificar y fabricar pruebas con el afán de desvincular a los policías incursos en delitos.
La violencia institucional, el llamado ôgatillo fácilö y la impunidad que reina en la Argentina fueron los temas sobre los cuales giró la entrevista que concedieron los abogados María del Carmen Verdú y Daniel Stragá – miembros de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) – a Informativos.Net.
ôDesde 1983 son más de 700 las personas ûcasi todos pibes- asesinadas por las fuerzas de seguridad en la Argentina. Gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias cada vez m s toleradas por el poder que necesita polic¡as y gendarmes que apliquen mano dura para ejercer el control social. Mientras hacen campa_a prometiendo seguridad, nadie produce m s inseguridad que la polic¡a que mata, roba y tortura», sostuvo Verdo.
Con este alarmante panorama, un grupo de abogados con trayectoria en el tema antirepresivo, familiares de v¡ctimas del «gatillo f cil» (ejecuciones policiales; aplicaci¢n de la pena de muerte extrajudicial) y grupos de militantes de derechos humanos constituyeron en mayo de 1992 la CORREPI.
El doctor Strag explic¢ la g’nesis del organismo de derechos humanos: «la asistencia jur¡dica a v¡ctimas y a sus familiares, y su representaci¢n procesal en las causas seguidas contra los represores fue el germen a partir del cual se form¢ la CORREPI. A partir del trabajo individual de algunos abogados empezamos a comprender que, pese a la enorme diversidad entre los distintos casos, hab¡a en todos elementos comunes que nos dieron las primeras pautas para conceptualizar el fen¢meno de la represi¢n policial».
Ambos letrados relataron a Informativos.Net que «entre las diversas experiencias realizadas con anterioridad a la conformaci¢n de la Coordinadora, podemos mencionar, en particular, las respuestas populares frente al asesinato del joven militante cristiano Agust¡n Ram¡rez en Solano (1988, Pcia. de Buenos Aires), a la «masacre de Budge» (donde la polic¡a bonaerense acribill¢ a tres j¢venes desarmados que beb¡an cerveza en una esquina de esa localidad humilde en 1987) y al homicidio en la Capital Federal de Walter Bulacio (1991) a manos de la polic¡a, que lo detuvo ilegalmente en las puertas de un recital de rock, para luego golpearlo en sede policial ocasion ndole la muerte».
Mientras transcurr¡a la entrevista los tel’fonos no cesaron de sonar. Una de las colaboradoras del estudio jur¡dico le acerc¢ a la doctora Verdo una lista con llamados. Muchos de ellos se relacionaban a denuncias de violencia policial.
Strag coment¢ que la CORREPI hab¡a logrado ligar la pelea en los Tribunales junto al reclamo y la denuncia poblica. Remarc¢ que los integrantes del organismo hab¡an impulsado y promovido la organizaci¢n de los familiares de las v¡ctimas en los barrios donde se hab¡an cometido los hechos «buscando en la solidaridad y el compromiso social la herramienta para contrarrestar la evidente desigualdad de oportunidades frente a adversarios procesales amparados por el Poder».
Mar¡a del Carmen Verdo defini¢ a la Coordinadora como «una organizaci¢n pluralista, asamblearia y horizontal» cuyos objetivos son la coordinaci¢n con el resto de los miembros del organismo en toda la Argentina, ahond ndose en el estudio de las caracter¡sticas comunes a todos los casos para desembocar en «la elaboraci¢n de una doctrina caracterizando el fen¢meno represivo, sus causas y sus objetivos».
El doctor Strag se refiri¢ al avance de la aplicaci¢n de los «tradicionales m’todos represivos». «Cada vez es m s amenazante y masiva la presencia policial en movilizaciones sociales; se incrementa el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a dirigentes o militantes sindicales o sociales. Se impone en el gobierno un discurso intolerante y amedrentador hacia los que demandan por salario, empleo o educaci¢n. Se inician moltiples causas judiciales a protagonistas de demandas sociales por delitos supuestamente cometidos en raz¢n de las protestas; ha ido en aumento el encarcelamiento de militantes por razones pol¡ticas, etc. Se trata de un accionar dirigido a sectores populares organizados, por lo general protagonistas de reclamos sociales, muchas veces politizados».
La actuaci¢n de la CORREPI se basa, fundamentalmente, en la denuncia de las nuevas pr cticas de represi¢n social: las detenciones policiales arbitrarias, las torturas y maltratos en sede policial o los homicidios del «gatillo f cil» y las desapariciones forzadas de personas. Tales pr cticas, sostuvo Verdo, se llevan a cabo «en los barrios pobres, sobre los sectores juveniles y sobre minor¡as marginadas -homosexuales, prostitutas, travestis, extranjeros de pa¡ses lim¡trofes, etc’tera- buscando infundir el temor a la ‘autoridad’, es el disciplinamiento social.. Se trata de violaciones a los m s elementales derechos humanos de las que son v¡ctimas actuales potenciales millones de personas».
Destacaron los logros obtenidos hasta el momento con sus denuncias en cuanto a su difusi¢n en los medios period¡sticos, lo cual llev¢ «a abrir un debate social sobre un tema que con anterioridad parec¡a ‘tabo’: los objetivos y modos de intervenci¢n de las fuerzas de seguridad, en particular de la polic¡a».
El organismo de derechos edit¢ un material, «El manual del peque_o detenido», en donde constan los derechos que les cabe a los ciudadanos frente a las detenciones, tanto en las comisar¡as, o bien cuando son remitidos a sede judicial. «El mismo ha sido tomado como propio por diferentes organizaciones sociales, culturales, religiosas, juveniles o pol¡ticas y lo han hecho llegar a miles y miles de personas con una muy positiva receptividad», sostuvo Verdo.
El doctor Strag destac¢ que «la labor que m s trascendencia y prestigio ha dado a la CORREPI ha sido la del asesoramiento y representaci¢n jur¡dica a v¡ctimas y familiares de v¡ctimas de la represi¢n policial. Asimismo, se brinda asesoramiento y defensa jur¡dica a dirigentes de organizaciones sociales. Por un lado, se evacuan decenas de consultas semanales relacionadas con detenciones policiales arbitrarias. Por el otro, se participa como querellantes o representando a los particulares damnificados en conocidas causas por homicidios de la polic¡a».
De entre los m s de 700 casos de «gatillo f cil» que son patrocinados por los abogados de la Coordinadora pueden mencionarse los de las siguientes personas:
Sergio Gustavo Dur n: 17 a_os, fue detenido el 6 de agosto de 1992 a las 18:00 en la estaci¢n de ferrocarril de Mor¢n. En la Comisar¡a 1 de Mor¢n fue torturado (picana en los test¡culos y submarino seco). El Oficial Jorge Ram¢n Fern ndez fue procesado por el delito de tortura seguida de muerte, y el Subcomisario Ocampo procesado por omisi¢n de la vigilancia. Tambi’n se proces¢ por falso testimonio al m’dico Rossi Alvarez. El Subcomisario Rogido, el suboficial principal Farese, los cabos Gastelo y Nicolosi est n procesados por tortura seguida de muerte y pr¢fugos desde 1993. El 14 de octubre de 1995, en juicio oral y poblico, Fern ndez fue condenado a prisi¢n perpetua. Dos de los pr¢fugos (Rogido y Gastelo) fueron detectados por la CORREPI y un equipo period¡stico en sus domicilios, y fueron arrestados en octubre de 1996.
Javier Rojas P’rez: El 23 de julio de 1995, a las 3 de la ma_ana, el agente Diego Centuri¢n le dispar¢ un tiro a menos de 5 cm. de la cara durante un operativo de rutina. El polic¡a fue detenido y procesado por homicidio simple, pero la C mara de Lomas de Zamora lo conden¢ por homicidio culposo a 3 a_os de prisi¢n y fue excarcelado.
Rodolfo R¡os Garcilazo: 24 a_os. Estaba detenido en la c rcel de Caseros 1992. Como castigo por una falta disciplinaria fue golpeado ferozmente por el Cuerpo de Requisa. Muri¢ con el cr neo destrozado. Luego de casi 5 a_os se logr¢ el procesamiento por homicidio «en ri_a» de los jefes de la requisa, Oficiales Tocayuk, Mir y Galarza. El tercero est pr¢fugo, los otros dos fueron excarcelados. No se los imput¢ del delito de aplicaci¢n de tormento. En mayo se celebrar el juicio oral.
Walter Bulacio: Detenido el 19 de abril de 1991 en un recital de rock, muri¢ una semana despu’s por los golpes recibidos. El comisario Miguel Angel Esp¢sito est procesado y con prisi¢n preventiva (excarcelado) por el delito de privaci¢n ilegal de la libertad calificada, reiterado en 73 oportunidades La fiscal¡a y la familia presentaron sus acusaciones, pidiendo 15 a_os de prisi¢n y 30 de inhabilitaci¢n para ejercer cargos poblicos para el comisario Miguel Angel Esp¢sito.
Hace m s de cuatro a_os que la causa est en el juzgado de sentencia. Desde junio de 1996 el proceso est parado para no condenar al polic¡a. La lentitud del proceso y la ausencia de investigaci¢n de la muerte fueron motivo para denunciar al Estado Argentino ante la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos.
En referencia a este oltimo caso, y en la semana del noveno aniversario de la detenci¢n y muerte del joven Bulacio, el doctor Strag mencion¢ las actividades que la CORREPI ha organizado a tal efecto, entre las cuales merecen destacarse tres.
Una de ellas ser la conferencia de prensa que el martes 18, convocada bajo el lema «LA POLICIA Y LA GENDARMERIA SIGUEN MATANDO Y ENCUBRIENDO ASESINOS, se desarrollar en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre -organismo de derechos humanos – a la que asistir n familiares de v¡ctimas del «gatillo f cil»
Las otras dos se concretar n el mi’rcoles 19. Por la ma_ana, a las 11 horas, ACTO «9 A½OS DE IMPUNIDAD» frente al Juzgado de Sentencia en el que «tramita» la causa contra el comisario Miguel Angel Esp¢sito, Lavalle y Libertad (Plaza Lavalle – Tribunales) organizado y convocado por Familiares de V¡ctimas de la Represi¢n Policial e Institucional, en el que «festejar n» el 9¡ cumplea_os del expediente, que duerme bien guardado».
La jornada finalizar con la movilizaci¢n, citada a las 19 horas, que marchar desde la Plaza de los Dos Congresos hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna «CARCEL A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY». La misma ser encabezada por los familiares de las v¡ctimas de la represi¢n policial e institucional junto a estudiantes secundarios, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y pol¡ticas.
Alberto Bastia
Jefe Corresponsal¡as Informativos.Net en Am’rica Latina
Claudia Louza
Corresponsal Informativos.Net en Am’rica latina
