Al hacer pública una carta enviada ayer al gobernador George W. Bush, Amnesty International ha advertido que se avecina otro hito escalofriante en la vergonzosa historia del homicidio judicial en Estados Unidos. En su carta, la organización de derechos humanos insta al gobernador de Texas a impedir la ejecución ?fijada para la noche del 16 de noviembre de un hombre que sufre una grave discapacidad mental.
Exhortamos al gobernador Bush a que actúe como el líder compasivo que dice ser y en consonancia con su afirmación de que Texas se ha convertido en un estado modelo durante su administración, declara Amnesty International.
John Paul Penry, que tiene un cociente intelectual de entre 50 y 63 y la edad mental de un niño de siete años, va a ser ejecutado por inyección letal en Huntsville el 16 de noviembre a las 18:00 hora local. En 1980 fue declarado culpable del homicidio de Pamela Moseley Carpenter, cometido en 1979.
En 1989 la Corte Suprema de Estados Unidos adopt¢ una decisi¢n hist¢rica al anular la condena a muerte de John Penry indicando que debe permitirse que los jurados tengan en cuenta la discapacidad mental como circunstancia atenuante; no obstante, la Corte tambi’n afirm¢ que la ejecuci¢n de una persona con discapacidad mental no es inconstitucional. John Penry fue condenado a muerte una vez m s en 1990.
Mientras Texas sigue empe_ada desde hace dos d’cadas en su objetivo de ejecutar a John Penry, el panorama general ha venido cambiando se_ala Amnesty International al gobernador Bush. Desde que Penry fue condenado a muerte por primera vez, 13 estados de la Uni¢n han promulgado leyes que har¡an ilegal la ejecuci¢n de Penry en su territorio.
Por otra parte, fuera de Estados Unidos la abrumadora mayor¡a de los pa¡ses respetan las normas internacionales de derechos humanos que proh¡ben la aplicaci¢n de la pena de muerte a personas con discapacidad mental. Amnesty International recuerda al gobernador Bush que durante su campa_a presidencial inform¢ err¢neamente a la prensa de que Texas no ejecuta a discapacitados mentales, y la carta de la organizaci¢n puntualiza que en ese estado se ha ejecutado a varias personas con discapacidad mental.
La inminente ejecuci¢n de John Penry brinda al gobernador Bush una oportunidad inmediata de demostrar que en el futuro se opondr a una pr ctica que desatiende los principios de justicia y dignidad humana que profesa el mundo de hoy, dice Amnesty International.
Despu’s de un par’ntesis fortuito en las ejecuciones durante los dos meses previos a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, el aparato de la pena de muerte en Texas ha comenzado a recuperar el tiempo perdido. Stacey Lawton fue ejecutado la noche del 14 de noviembre y la ejecuci¢n de otro preso, Tony Chambers, est programada para el 15 de noviembre. Si Tony Chambers y John Penry son ejecutados, Texas habr dado muerte a 38 presos en lo que va de este a_o, el total anual m s elevado en este estado desde que Estados Unidos reanud¢ las ejecuciones en 1977.
Este a_o Texas ya ha ejecutado a m s personas que la mayor¡a de los dem s pa¡ses del mundo se_ala Amnesty International. Y, lo que es m s, durante los oltimos tres a_os ha quitado la vida a m s presos ?un total de 91 que cualquier otro estado de la Uni¢n en m s de dos d’cadas de homicidios judiciales.
El 17 de enero de 1995, en su discurso inaugural, el gobernador Bush declar¢ que su intenci¢n era transformar a Texas en un estado modelo, objetivo que, dice, se ha alcanzado. John Penry ser el 120 ejecutado en Texas desde que el gobernador ocup¢ su cargo.
La trayectoria de Texas en este terreno no es precisamente la de un estado que da un magn¡fico ejemplo afirma Amnesty International. Habr¡a que preguntarse si no ser¡a m s adecuado calificar a Texas de paria que de modelo.
Informaci¢n general
Texas sigue violando las normas internacionales de derechos humanos en su carrera desenfrenada contra la vida. En algunos casos, el gobernador Bush se ha opuesto a los intentos de los legisladores texanos de mejorar la situaci¢n mediante proyectos de ley que aumentaban el grado de representaci¢n letrada que se ofrece a los acusados sin medios econ¢micos y prohib¡an la aplicaci¢n de la pena de muerte a las personas con discapacidad mental.
El 14 de noviembre, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechaz¢ una petici¢n de indulto de John Penry, dejando al gobernador Bush la opci¢n de otorgar una suspensi¢n de treinta d¡as. Amnesty International considera que el gobernador debe otorgar esta suspensi¢n y pedir a la Junta que vuelva a examinar su decisi¢n. Fuera de esto, John Penry s¢lo puede cifrar sus esperanzas en la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1988, la Corte Suprema detuvo la ejecuci¢n de Penry trece horas antes de la hora fijada para llevarla a cabo.
