Toto encabeza la lista de Izquierda Unida y su labor como defensor de derechos humanos -y en especial su actuación antirrepresiva- le valió el respaldo de la voluntad popular. Es de destacar que sus votos no provinieron de sectores de clase media sino de los barrios populares que el Toto caminó en defensa de los «sin techo» o en el patrocinio de las familias de pibes asesinados por el gatillo fácil.
CORREPI en pleno (los que lo votaron y los que no) estamos orgullosos del Toto y sabemos que su banca estará a disposición del pueblo y la lucha antirrepresiva. Desde ya tiene en carpeta algunos proyectos como la derogación del código de Faltas provincial, de la averiguación de antecedentes y de la ampliación de poderes a la bonaerense.
SE SIGUEN MATANDO ENTRE ELLOS
Parece que no paran. Se aplican «mano dura»y se siguen «metiendo bala» entre ellos. Esta semana un sargento de la PFA destinado a Interpol le disparó a un agente. Aunque en ámbitos de la Federal quisieron hacerlo pasar como un accidente parece que entre ambos hubo un intercambio agrio de palabras que resolvieron a los tiros. A manera de defensa el agente le puso la mano al ca_on de la reglamentaria del sargento y la bala termin¢ alojada en el est¢mago. Est internado en terapia intensiva muy grave.
El tema es: si se muere, +lo vender n como ca¡do en cumplimiento del deber?
MILICOS EXPLOTADORES
En la localidad de Llaucha de Pareditas a 120 km. de la ciudad de Mendoza, la dictadura militar continua vigente. A 18 a_os de la institucionalidad los milicos siguen siendo due_os y se_ores del patrimonio y vida de aquellos que soportan su poder. Y viene de a_ares. En 1947 y luego de una expropiaci¢n de 111.000 hs. en el departamento San Carlos (donde se ubica las Pareditas) esas tierras que eran trabajadas por campesinos fueron a manos del Ministerio de Guerra para campo de maniobras. En 1979 pasaron a depender directamente del Ej’rcito. A partir de esa fecha se oblig¢ a los paisanos que viv¡an y trabajan en tareas agropecuarias a firmar contratos de alquiler de sus chacras. Debieron firmar «en blanco» sin saber qu’ suscrib¡an. Nunca se les otorg¢ copia. Pero se los oblig¢ a pagar un canon mensual desde entonces para poder realizar sus tareas. Adem s se les cobran multas por ganado no declarado, por pago fuera de t’rmino y por pastoreo fuera del rea asignada.
La situaci¢n no ha variado en estos 25 a_os, manteni’ndose inalterables los estados de explotaci¢n y extorsi¢n de parte del Ej’rcito sobre los campesinos. Actualmente se los obliga a pagar sumas que oscilan entre los 350 y 1000 pesos trimestrales. Lo m s inconcebible es que deben pagar extorsionados con sufrir desde desalojos a destinos m s tr gicos. Aunque es la instituci¢n castrense la involucrada, la maniobra contra los campesinos tiene una cara visible en el suboficial principal Trape de Campo de Los Andes que es el «cobrador».
Sin embargo, desde hace unas semanas las once familias de Llaucha de Pareditas decidieron denunciar esta situaci¢n para ponerle fin al sistema feudal impuesto por el Ej’rcito. Encabezados por la trabajadora del campo Maryzuli Garc¡a y con el patrocinio del Dr. Le¢n Zimerman radicar n la denuncia ante la justicia federal mendocina.
SE VIENE EL NEOANTITERRORISMO
Ya no ser el Chacho Alvarez quien impulse «protegernos» del terrorismo, sino que habr otros pseudoprogres que expliquen la globalizaci¢n, se remonten a la AMIA, evoquen las Torres gemelas neoyorquinas o el sobre con Antrax, para empezar a restringir cada una de nuestras libertades democr ticas, generar nuevos esp¡as que s¢lo esp¡en a la oposici¢n o a los organismos de derechos humanos contrarios al sistema o que impulsen que los milicos hagan inteligencia interna.
El gobierno de De la Rua ya ha elaborado un nuevo proyecto de ley antiterrorista, que obviamente debe guardar entero consentimiento con la embajada del pa¡s m s agresor de la tierra. Segon la informaci¢n con que cuenta la CORREPI, esta nueva iniciativa represiva permitir¡a llenar los llamados «vac¡os legales» y actualizar algunas figuras jur¡dicas que para ellos no han surtido los efectos deseados.
El ministro de Justicia, Jorge de la Roa, adelant¢ que se estudia «la creaci¢n de instituciones que no existen, como el testigo protegido, encubierto». Tambi’n critic¢ las limitaciones de la ley de arrepentido y, adem s, expres¢ que, ante los casos de terrorismo, es necesario asignar a los jueces una competencia tal que les permita actuar en distintas jurisdicciones, de manera de poder investigar aun a organizaciones que se hallen fuera del pa¡s. Claro, lo que no habr explicado el ministro es que seguramente, en el marco de tratados bilaterales con USA, se permitir so pretexto del terrorismo, que jueces yanquis vengan a meter las narices en asuntos argentinos, como ya han demostrado que lo hacen en Mexico y Colombia con el narcotr fico.
Para la concreci¢n de esta iniciativa legal ha convocado a fiscales con «experiencia» en casos de atentados terroristas, y seguramente se convocar a juristas y especialistas en el tema. Para darle barniz democr tico seguramente convocar a algon organismo de DDHH -no le faltar candidato- que le de el marco constitucional a una nueva vuelta de rosca en materia represiva. Tambi’n contar n con «prestigiosos» periodistas que sabr n crear opini¢n poblica favorable.
Y si sale semejante ley, que no haya la menor duda que los piqueteros, las organizaciones de izquierda y combativas, ser n los sujetos a investigar con la nueva legislaci¢n en la mano.
CONTRA LA GENDARMERIA ASESINA
La Comisi¢n Provincial de Derechos Humanos de Corrientes ha difundido una s¡ntesis de la querella criminal promovida por familiares de v¡ctimas y heridos de los sucesos del 17 de diciembre de 1999 en la convicci¢n de que estos hechos afectaron a la sociedad toda en ocasi¢n de efectuar leg¡timos reclamos reivindicativos. Los representantes de las v¡ctimas presentaron el 3/10/01 QUERELLA CRIMINAL contra el Comandante de Gendarmer¡a Nacional, (Ricardo Chiappe), y todos los autores, part¡cipes, c¢mplices y encubridores de la Masacre del Puente, al tiempo que reclamaron un resarcimiento civil contra los mismos, m s Gendarmer¡a Nacional, Ministerio del Interior de la Naci¢n y Secretar¡a de Seguridad de la Naci¢n.
En su presentaci¢n, dicen los querellantes «Estamos aqu¡ ante un homicidio (y tentativas de homicidio) calificado por la alevos¡a del accionar delictivo, por la intenci¢n de crear un peligro comon y por la pluralidad de agentes. En efecto, las fuerzas federales actuaron sobre seguro, apostando tiradores en viviendas aleda_as a fin de seleccionar a sus victimas, que si estaban preparados para el impacto de una bala de goma o la molestia producida por los gases, estaban totalmente inermes ante los proyectiles calibre 22 largo».
«Los informes posteriores de Gendarmer¡a – avalados luego por el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional- daban cuenta de elementos infiltrados entre los autoconvocados y de francotiradores que presuntamente disparaban con armas de repetici¢n.- Sin embargo, aon con el fenomenal dispositivo de vigilancia y de control montado por la GN en el lugar de los hechos y en sus adyacencias NO SE LOGRO DETENER A UNO SOLO de estos supuestos infiltrados y/o francotiradores…mientras que resultaron veintiocho manifestantes heridos y dos muertos, todos ellos con proyectiles calibre 22 largo. Analizando estas cifras, solo podemos llegar a una soluci¢n l¢gica: si hab¡a francotiradores en la avenida 3 de abril o en sus adyacencias, estaban situados frente a los manifestantes y no entre ellos.»
Finalmente peticionan la instrucci¢n, procesamiento, juicio y condena a los responsables de los atentados, se_alando que «Los posteriores hechos de Salta revelan con claridad meridiana la reproducci¢n de las tendencias violentas, arbitrarias y abusivas de las fuerzas de seguridad del Estado, que no se inhiben a tiempo en el marco del sistema legal».
Debemos recordar que la causa en la que se investiga la masacre, largamente demorada en su investigaci¢n por la decisi¢n pol¡tica de la justicia tanto provincial como federal, fue iniciada respecto de la Gendarmer¡a y el Gobierno Nacional por la denuncia formulada en representaci¢n de CORREPI por Mar¡a del Carmen Verdo y Raol Schnabel el d¡a 22 de diciembre de 1999, cuando a d¡as de la masacre se constituyeron en Corrientes para colaborar con los compa_eros de la Comisi¢n Provincial de Derechos Humanos.
PROXIMAS ACTIVIDADES
PROXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 26 de octubre: En C¢rdoba, organizado por UniDHos – Coordinadora Antirrepresiva, charla sobre la represalia judicial a la protesta social e informe sobre la situaci¢n de los compa_eros detenidos y procesados, con participaci¢n de Claudio Pandolfi y Mar¡a del Carmen Verdo por CORREPI, compa_eros de la Comisi¢n por la Libertad de Diego Quinteros y Carlos B’rtola, Roberto Martino del Movimiento Teresa Rodr¡guez de F. Varela y otras organizaciones a confirmar.
Lunes 29 de octubre, 19 hs.: Charla en la Universidad Nacional de Derecho en Rosario a cargo del compa_ero Daniel Strag y un compa_ero de la Comisi¢n de Familiares de V¡ctimas de la Represi¢n, organizada por la Pampill¢n.
S bado 3 de noviembre, en Maipo 73, Primer Encuentro Nacional de Organizaciones de DDHH, hacia la conformaci¢n de una mesa nacional, conforme se resolviera en el Encuentro de Neuqu’n.
Domingo 4 de noviembre, en Maipo 73, continuaci¢n del Encuentro, para constituir una Mesa Nacional de Organismos para la Defensa de los Presos y Luchadores pol¡ticos y Sociales.
S bado 24 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represi¢n policial, a cargo de los compa_eros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisi¢n de Familiares, organizado por la Comisi¢n por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.
Viernes 14 de diciembre, 17 hs.: Entrega de la Sexta Actualizaci¢n del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESI.N EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represi¢n Policial e Institucional
