Es que en el asesinato, según la familia, están involucrados miembros de la Policía y un alto funcionario del Ejército. Las llamadas de amenaza a la Familia García Prieto han sido identificadas como provenientes de teléfonos de la Policía Nacional.
Cerradas las posibilidades de una investigación judicial seria en su país, la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura de obtener, al menos, su propia seguridad personal. La CIDH, luego de una audiencia realizada hace dos días, intimó al Estado a que en un plazo de 48 horas informe acerca de las investigaciones y medidas de seguridad que se tomaron para proteger la vida del señor y señora García Prieto, padres de la víctima, o de lo contrario se acudiría al mas alto tribunal regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar medidas provisionales en favor de la familia García Prieto.
ôHemos sufrido muchísimoö dice la señora Gloria de García Prieto ôpero sentimos que estamos haciendo todo lo posible por honrar la memoria de nuestro hijo, si supi’ramos qui’n lo mato y no hici’ramos nada seriamos c¢mplices de los asesinos».
Por su parte el Sr. Mauricio Garc¡a Prieto aclar¢ que «este no es un caso aislado en El Salvador, existen millones de casos de salvadore_os asesinados que han quedado en la mas absoluta impunidad y la gente tiene mucho miedo de denunciar.»
Como vemos, la situaci¢n es id’ntica a la que padecen centenares de argentinos victimizados por el Estado a trav’s de las fuerzas de seguridad, con el aval imprescindible de sistemas judiciales que s¢lo son independientes de las necesidades populares. Este caso, de enorme repercusi¢n en el hermano pa¡s, ser el primer gatillo f cil policial salvadore_o en llegar a la Corte Interamericana, sum ndose al de Walter Bulacio, que en febrero pasado se convirti¢ en el primer caso argentino de represi¢n policial presentado por la CIDH a la Corte.
UNA MANO LAVA LA OTRA
Y las dos lavan la cara del sistema. La cr¢nica period¡stica, austera, inform¢ que «En un marco de sobriedad, la Delegaci¢n de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA ) le dio ayer su «reconocimiento» a los integrantes de la Direcci¢n General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Polic¡a Federal, por su participaci¢n en la lucha contra el terrorismo. La distinci¢n la recibi¢ en esa sede policial, en Palermo, el jefe de la fuerza, comisario Rub’n Santos.» (Clar¡n, 17/11/01).
«Santos admiti¢ que hubo «errores» de algunos hombres de la instituci¢n, que se vieron involucrados en «esos episodios», pero destac¢ -al igual que el titular de la DAIA, Jos’ Hercman y el director de la Divisi¢n Antiterrorismo, comisario inspector Jorge Palacios- que la Polic¡a Federal impuls¢ la «inmediata puesta a disposici¢n ante la Justicia de esos hombres». Al acto asisti¢ el juez Juan Jos’ Galeano, que investiga el ataque contra la AMIA.» (La Naci¢n, 17/11/01)
Como para que no queden dudas, el titular de la DAIA, Jos’ Hercman, quien descubri¢ una plaqueta, coincidi¢ con Santos en la necesidad de «depurar a los malos polic¡as», mientras que al finalizar el acto, Santos asegur¢ que el gesto de la DAIA «limpia la imagen de la instituci¢n», en cuya jurisdicci¢n se cometieron los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, en 1992 y 1994.
El Movimiento Jud¡o por los Derechos Humanos, con la firma de Herman Schiller, Marcelo Rodr¡guez, Ivana Brighenti y Pedro Resels, difundi¢ un comunicado en el que repudia el homenaje al que califica de «vergonzoso y claudicante», y que, afirma, «se suma a tantas otras actitudes similares, de genuflexi¢n y condescendencia con los poderes constituidos, que nos hacen recordar los momentos tr gicos de la Segunda Guerra mundial, cuando los «Juden Rat», o sea, los Consejos Jud¡os designados por los nazis, se prestaban a colaborar con los genocidas. La Polic¡a (la Federal, la Bonaerense y la de las otras provincias) conforman instituciones perversas, plagadas de fascistas y antisemitas; y, como lo han denunciado organizaciones prestigiosas como la CORREPI o el CELS, est n mucho m s cerca de los delincuentes que del resguardo de la seguridad».
Agradecemos a los compa_eros que nos consideren una «prestigiosa» organizaci¢n. Y una vez m s reiteramos que el mal llamado «problema policial» no es una simple consecuencia de la existencia de fascistas, antisemitas, autoritarios o represores reciclados en sus filas -que los hay, desde luego- sino la obvia consecuencia de la necesidad del sistema de contar con un aparato represivo dise_ado para disciplinar y controlar socialmente a las masas empobrecidas y capaces de rebelarse. Lo perverso no son los individuos ni las instituciones en forma aislada, sino el sistema que genera unos y otras para garantizar su propia existencia. Por eso tampoco son una soluci¢n las «purgas», «reformas», «reestructuraciones» u otros eufemismos similares por los que claman desde el propio Santos hasta los que procuran relegitimar el aparato represivo del Estado disfrazados de progres mientras siguen al pie de la letra el proyecto dise_ado por el Departamento de estado yanqui.
«FRENTE» VITAL: EL PODER JUDICIAL SE SACA LA CARETA
El pr¢ximo 22 de noviembre deb¡a comenzar el juicio oral y poblico contra el polic¡a bonaerense H’ctor Eusebio Sosa, asesino de V¡ctor «Frente» Vital (17). Est probado en la investigaci¢n penal preparatoria que el 6 de febrero de 1999 Sosa persigui¢ a Frente y a su amigo Luis (entonces de 15 a_os) por los pasillos de la villa San Francisco, en el norte del Gran Buenos Aires, hasta que los dos adolescentes buscaron refugio en la humilde casilla de una vecina. Se escondieron abajo de la mesa de la cocina que ocupaba casi toda la peque_a habitaci¢n. All¡ entraron Sosa y otros dos polic¡as, despu’s de sacar del medio a la vecina que trat¢ de protegerlos. Desde afuera de la casilla, la se_ora escuch¢ un grito «no tiren, me entrego» y despu’s los disparos. Para cuando llegaron los funcionarios de la fiscal¡a de turno, ya hab¡a un arma junto a los dos cuerpos inertes, mientras que la enorme cantidad de polic¡as que rodearon la casa tuvieron que replegarse ante la indignaci¢n del barrio entero, que respondi¢ con piedras y cascotes los disparos de escopetas con que los polic¡as los intimidaron.
Luis recibi¢ un disparo en la cabeza que felizmente no lo mat¢, aunque inicialmente creyeron que estaba muerto. V¡ctor ten¡a cinco disparos en el cuerpo, todos recibidos de arriba hacia abajo, y con una trayectoria notablemente vertical. Una de las balas, que entr¢ por su p¢mulo, atraves¢ antes la palma de su mano abierta. Cuando el polic¡a dispar¢, el pibe se tapaba la cara con las manos.
La UFI 10 de San Isidro admiti¢ las medidas de prueba que solicitaron los abogados de CORREPI, patrocinantes de Sabina Sotelo, la mam de Frente. As¡ se pudo probar que la onica bala recuperada del cuerpo era del arma de H’ctor Sosa, que los chicos entraron a la casa desarmados, y que los disparos fueron hechos estando ellos agachados bajo la mesa. Una pericia multidisciplinaria hecha en La Plata demostr¢ que en esa posici¢n la altura de la boca de fuego coincid¡a con la posici¢n de tiro de un hombre de 1,70 (lo que mide Sosa), mientras que si Frente hubiera estado parado como sostuvo el polic¡a, el disparo tendr¡a que haber sido hecho por un hombre de m s de 3 metros de altura. Con esos elementos, la crucial declaraci¢n testimonial del sobreviviente y las de tres vecinos, H’ctor Sosa fue detenido el pasado mes de julio, imputado por homicidio simple. El Juez Makintash dict¢ la prisi¢n preventiva y la C mara de Apelaciones la confirm¢. Luego se dict¢ la elevaci¢n a juicio oral, y la causa pas¢ al Tribunal Criminal n¡ 1, integrado por los jueces Tarsia, Olazar y Garc¡a Maa_¢n. En abril de este a_o 2001 se realiz¢ la audiencia de vista preliminar y se fij¢ el debate para el 22 de noviembre.
La semana pasada nos enteramos que el fiscal de juicio Etchegoyen Linch -hijo de un comisario- y el abogado defensor del polic¡a, Dr. Huici -hermano de uno de los polic¡as detenidos por el atentado a la AMIA- llegaron a un acuerdo y pidieron que se aplicara el procedimiento de juicio abreviado, aceptando Sosa la autor¡a y responsabilidad por la muerte, como «homicidio en exceso del leg¡timo cumplimiento del deber», con una pena de tres a_os de prisi¢n. El Tribunal -uno de cuyos miembros, Tarsia, es el juez que sobresey¢ escandalosamente al ex comisario Patti en una causa por torturas a detenidos- declar¢ admisible el juicio abreviado, pero le pareci¢ demasiado condenarlo. As¡ que simplemente y sin explicaciones decidieron que Sosa actu¢ en leg¡tima defensa y lo absolvieron libremente, sin olvidar el protocolar «en nada afecta su buen nombre y honor».
Sabina Sotelo al enterarse dijo «Sosa mat¢ a mi hijo hace dos a_os y medio, hoy estos jueces y este fiscal lo asesinaron por segunda vez», e inmediatamente convoc¢ a los familiares de v¡ctimas de la represi¢n policial a concentrarse frente a los Tribunales de San Isidro el d¡a que deb¡a empezar el juicio, junto con sus vecinos y organizaciones antirrepresivas, para denunciar poblicamente a los jueces y al fiscal.
Pocas veces es tan evidente la funcionalidad del aparato de justicia con la represi¢n institucional. Precisamente cuando el departamento judicial de San Isidro est conmovido por la lenidad con que se investigan los homicidios de menores a manos de la polic¡a, cuando hasta el Procurador General de la Corte Bonaerense ha debido enviar investigadores propios a verificar las denuncias que hemos hecho poblicas sobre la complicidad de jueces y fiscales en las causas contra polic¡as, ellos son bien claros a la hora de establecer en beneficio de qui’n ejercen su funci¢n.
Recurriremos a la C mara de Casaci¢n, y quiz s a la larga logremos condenar a Sosa a pasar unos a_itos m s en prisi¢n. Pero sabemos que la lucha es en la calle, en los barrios, y con la gente, porque mientras no transformemos esta sociedad siempre habr jueces y fiscales dispuestos a darle una manito al amigo de uniforme.
LOS ABOGADOS DE LA CORREPI ACUSADOS DE PROMOVER MOTINES
El a_o pasado nos sorprendi¢ descubrir una causa en Mor¢n en la que se acusaba a nuestro compa_ero Le¢n «Toto» Zimerman de instigar y promover las profanaciones de tumbas en el cementerio jud¡o de La Tablada. Ahora somos nueve abogados -seis de CORREPI, tres con estrechos v¡nculos con nosotros- los acusados de promover motines en c rceles y hasta de proveer armas a los detenidos para fugarse.
En nuestro Bolet¡n Informativo n¡ 126 inform bamos que el d¡a 27 de junio pasado la compa_era Mar¡a Fernanda Dold n Aristiz bal concurri¢ a la Unidad Penitenciaria N¡ 13 de Jun¡n, donde descubri¢ que el «Despacho N¡ 02/01» de fecha 26 de enero de 2001, suscripto por el oficial Carlos A. Scheffer del Servicio Penitenciario Bonaerense, ordena que en cada oportunidad en que alguno de los abogados all¡ consignados accediera a cualquiera de los penales de la Provincia se deb¡a dar parte a la superioridad.
En el listado figuraban (adem s de la Dra. Dold n Arist¡zabal) los compa_eros de CORREPI Daniel A. Strag , Mar¡a del Carmen Verdo, Gabriel Lerner, Gerardo Etcheverry, Sergio Smietniansky y Le¢n «Toto» Zimerman, el abogado del CEPRODH -ex CORREPI- Rub’n Tripi y Luis A. Valenga, colega amigo de CORREPI y vinculado a causas de represi¢n institucional.
CORREPI decidi¢ iniciar una ACCION DE AMPARO DE HABEAS DATA ante los tribunales de La Plata, la que qued¢ radicada ante el Juzgado Civil y Comercial n¡ 19. En esta semana la Fiscal¡a de Estado respondi¢ el pedido de informes formulado por el juzgado, acompa_ando la documentaci¢n provista por el Servicio Penitenciario Bonaerense, segon la cual el 22 de enero de 2001 -es decir cuatro d¡as antes de la firma del despacho denunciado- «nos encontramos -sic- con una denuncia an¢nima». Segon ese an¢nimo, cuyo facs¡mil se encuentra en nuestro poder, los abogados Le¢n «Toto» Zimerman, Daniel Strag , Mar¡a del Carmen Verdo, Gabriel Lerner, Fernanda Dold n, Sergio Smietniansky, Rub’n Tripi, Luis A. Valenga y Gerardo Etcheverry «andan armando embrollo, tienen fierros y ayuda de afuera para que se tomen el piro».
Varias cosas llaman la atenci¢n. En primer lugar, nos gustar¡a saber d¢nde «se encontraron» con el an¢nimo, que tiene una redacci¢n bastante peculiar, una ortograf¡a deliberadamente grosera y una factura general que huele a candado. En segundo lugar, los dos penales mencionados son los menos visitados por los abogados en cuesti¢n, tanto por causas particulares como vinculadas a CORREPI. Finalmente, da la impresi¢n de excusa inventada de apuro para justificar la orden administrativa.
En el marco del habeas data, el pr¢ximo 12 de diciembre declarar como testigo el firmante del despacho, oficial Scheffer. Los nueve promotores de motines concurriremos a la audiencia, a cuyo t’rmino celebraremos una conferencia de prensa, acompa_ados por compa_eros y organismos de DDHH, para informar sobre la situaci¢n.
EMILIO ALI: MOVILIZACI.N, VISITAS Y SILENCIO JUDICIAL
Mientras Emilio Al¡, dirigente de la Uni¢n de Vecinos Organizados (UVO) y de la Comisi¢n Marplatense Contra la Represi¢n (COMARE) sigue preso por reclamar el derecho a la comida de los pobres, la C mara de Casaci¢n no ha avanzado en el tratamiento del recurso presentado por su defensa contra la sentencia a cinco a_os de prisi¢n que le aplicara la justicia de Mar del Plata. En ese marco, los compa_eros Gabriel Lerner y Sergio Smietniansky fueron a visitarlo a su lugar de detenci¢n para reiterarle nuestro apoyo. El pasado martes 13 de noviembre se realiz¢ una movilizaci¢n al edificio de los tribunales en La Plata, donde se exigi¢ la libertad de Emilio, de Raol Castells, y el cese de la judicializaci¢n de la protesta social. Luego de dar muchas vueltas, el presidente de la C mara de Casaci¢n recibi¢ una delegaci¢n de los manifestantes, entre los que se contaba nuestro compa_ero Mario Villarreal. Afuera hubo radio abierta y mosica con Santa Revuelta, y una avalancha de SOLIDARIDAD para Emilio Al¡ y Raol Castells. Para aquellos que quieran escribirles «sin intermediarios» les recordamos las direcciones postales:
Emilio Al¡ – Unidad Penal XII Gorina – Calle 501 y vias del FFCC – (1897) Gorina La Plata – Pcia. de Buenos Aires – Argentina
Raol Castells – Beleli 1750 – (1828) Banfield – Pcia. de Buenos Aires – Argentina.
PEDIDO: Recordamos a todos los compa_eros y organizaciones antirrepresivas del interior del pa¡s que cerraremos la recepci¢n de datos para el nuevo ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD el 30 de noviembre pr¢ximo. Rogamos enviar a la brevedad los informes zonales con los casos aon no incluidos as¡ como la actualizaci¢n de los que ya figuran.
PROXIMAS ACTIVIDADES:
Jueves 22 de Noviembre, 10:00: Movilizaci¢n de vecinos de San Fernando y familiares de v¡ctimas de la represi¢n policial a los Tribunales de San Isidro, Ituzaing¢ 340, para repudiar la absoluci¢n del polic¡a H’ctor Sosa, asesino de V¡ctor «Frente» Vital.
Viernes 23 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represi¢n policial, a cargo de los compa_eros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisi¢n de Familiares, organizado por la Comisi¢n por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.
Mi’rcoles 12 de diciembre, 12:00: Conferencia de prensa de los abogados de CORREPI en los tribunales de La Plata para informar sobre la situaci¢n persecutoria generada por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Viernes 14 de diciembre, 17:00: Entrega de la Sexta Actualizaci¢n del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESI.N EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represi¢n Policial e Institucional
