Se acusaba al candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) por los delitos de genocidio, asesinato y homicidio calificado por un operativo militar ûen junio de 1986- que intervino en los penales de El Frontón y Lurigancho desatando una represión que finalizó con la muerte de 266 presos políticos. Los detenidos, en su mayoría, pertenecían al grupo Sendero Luminoso.
El funcionario judicial, en su resolución indicó que García no planificó la ejecución extra-legal de los detenidos y que el operativo más bien se trató de una requisa que posteriormente se agravó en forma violenta.
«No existen elementos de juicio de que el denunciado haya asignado a los ejecutores materiales de la intervención militar», detalló el documento emitido por el Magistrado. Asimismo, detalló que en el denominado «pabellón británico», en el Penal de Lurigancho, en aquella ocasión se encontraban unos 100 presos políticos, y que se había previsto realizar una revisión, empero tal acción no se concretó puesto que los internos cerraron los accesos para evitar el ingreso de la polic¡a. En tales circunstancias, se_al¢ el dictamen, se produjo el incendio y los internos fallecieron asfixiados».
