El partido más votado, que fue el justicialismo, apenas suma 5 millones de votos en todo el país, o sea el 20% del padrón; la alianza oficialista no suma ni 3 millones de votos. Basta recordar cualquier elección anterior de estos mismos partidos para contar por millones la cantidad de compatriotas que ayer los votamos y hoy los repudiamos. No tiene sentido disimular esta realidad agrandando los porcentajes de votos al contar sólo los votos válidos o festejando el número de bancas que se reparten sin el sustento de los votos.
Significado político de estos resultados electorales
La conclusión es insoslayable: por un lado, no existe legitimidad del sistema político para tomar grandes decisiones que comprometan al futuro de la Nación y, por el otro, se ha plebiscitado un total rechazo del modelo económico impuesto.
Consecuencias
Lo único que cabe ahora es OBEDECER LA VOLUNTAD DEMOCRATICA DEL SOBERANO. Tanto el gobierno como la oposición tienen que someterse a la voluntad mayoritaria del pueblo para garantizar la gobernabilidad hasta el recambio presidencial del 2003.
Propuestas
En funci¢n de lo dicho sugerimos un conjunto de propuestas pol¡ticas, sociales y econ¢micas.
1. Renuncia de todo el gabinete nacional sin excepciones y en particular de la totalidad del equipo econ¢mico y del ministerio de trabajo, para modificar el rumbo de acuerdo a la voluntad popular. Derogaci¢n de las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo y anulaci¢n de los recortes salariales y de jubilaciones establecidos.
2. Convocatoria a una asamblea multisectorial sin exclusiones para acordar un Pacto Social que garantice la gobernabilidad hasta el 2003 y que sirva de precedente a la negociaci¢n de Un Nuevo Contrato Social de rango constitucional.
3. Inmediata reglamentaci¢n de las formas de participaci¢n popular establecidas en la Constituci¢n Nacional (iniciativa legislativa popular, plebiscito, referendum) que no han sido puestas en vigencia, para poder tomar decisiones trascendentes con legitimidad pol¡tica.
4. Abstenci¢n gubernamental de cualquier decisi¢n que comprometa la paz y la defensa nacional sin consulta popular previa, especialmente las referidas a bases militares extranjeras, participaci¢n de tropas en el Plan Colombia o en la guerra de Estados Unidos y Gran Breta_a contra el mundo isl mico, intervenci¢n de las FFAA en la seguridad interior, etc.
5. Cese de todas las persecuciones penales contra los militantes de la protesta social y pol¡tica y libertad de los detenidos por estos motivos.
6. Abordar la urgente soluci¢n de los grav¡simos problemas socioecon¢micos de fondo en el contexto de propuestas program ticas compatibles con un proyecto de largo plazo para el desarrollo nacional con justicia y dignidad. Para ello proponemos:
I. CONTRA LA DEUDA EXTERNA EXTORSIVA: Afrontar la realidad de quiebra financiera externa de la Naci¢n Argentina estableciendo la inmediata limitaci¢n de los pagos por deuda externa poblica a un 3% del presupuesto nacional, siguiendo el modelo aplicado con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial; por otro lado, abonar los compromisos presupuestados con medios de pago que representen la genuina contrapartida de exportaciones; esto oltimo implica la posibilidad de pagar deuda externa con documentos nacionales de poder de compra de bienes exportables si no existen las divisas necesarias. Abordar la soluci¢n definitiva del problema de la deuda externa promoviendo un Tribunal Arbitral Internacional con auspicio de la ONU para deslindar la deuda leg¡tima e ileg¡tima, estableciendo una moratoria sobre la deuda objetada hasta que se pronuncie el tribunal sobre el desconocimiento de la deuda externa il¡cita e impagable. Objetar especialmente, la deuda derivada del «anatocismo», es decir, la usura sobre la usura. Enjuiciamiento a los responsables civiles y penales de haber contra¡do la deuda externa poblica ileg¡tima. Realizar una quita muy significativa al capital adeudado impagable en aplicaci¢n del principio de corresponsabilidad de los acreedores. Impulsar la constituci¢n del Banco Central Sudamericano que renegocie y consolide la deuda externa poblica leg¡tima de toda la regi¢n.
II. CONTRA EL CEPO MONETARIO Y LA DOLARIZACION: Nueva pol¡tica monetaria para recuperar el poder de gesti¢n poblica sobre la econom¡a, que permita administrar con eficiencia la oferta de dinero y el cr’dito en el contexto de la globalizaci¢n. Para ello corresponde desarrollar un nuevo concepto monetario que garantice la subordinaci¢n de la creaci¢n de liquidez en funci¢n de la demanda de dinero de la econom¡a real, incluyendo la inversi¢n y gastos que demanden las cat strofes naturales, abandonando tanto el actual modelo de dinero convertible como el anterior modelo de dinero -deuda, que por otra parte define la naturaleza del d¢lar que respalda la convertibilidad actual. Desdolarizaci¢n total de los contratos internos de la econom¡a argentina, para terminar con el chantaje de la devaluaci¢n sobre los argentinos endeudados en d¢lares y prevenir la cat strofe social que implicar¡an las tarifas dolarizadas de los servicios poblicos privatizados ante una eventual devaluaci¢n del peso determinada por la fuga de capitales.
III. CONTRA EL MITO DE LA CONVERTIBILIDAD COMO REASEGURO FRENTE A LA HIPERINFLACION: La evidencia hist¢rica de la hiperinflaci¢n indica que la misma est correlacionada con la licuaci¢n del poder institucional del Estado, (no importa por qu’ causas), para arbitrar la distribuci¢n de la renta, garantizando una disciplina social que acate sus decisiones pol¡ticas. La hiperinflaci¢n no puede explicarse por la versi¢n monetarista de la inflaci¢n. La convertibilidad del peso con el d¢lar fue una medida otil en su momento para contener las expectativas hiperinflacionarias, pero no es la causa m gica del fin de la hiperinflaci¢n. La hiperinflaci¢n puede volver a causa del vac¡o de poder pol¡tico, no por el cambio de la paridad cambiaria. Hoy, la paridad 1 a 1 del peso argentino con el d¢lar es absolutamente incompatible con la reactivaci¢n econ¢mica y la construcci¢n del MERCOSUR, debido b sicamente a la devaluaci¢n del real; pero al mismo tiempo la simple devaluaci¢n monetaria ser¡a un tr gico error. Sin embargo, despu’s de la desdolarizaci¢n de la econom¡a, de la creaci¢n de un nuevo modelo monetario y de la subordinaci¢n de la clase pol¡tica deslegitimada a las decisiones por voto popular directo, se podr¡a atender sin ningon riesgo hiperinflacionario las necesidades del crecimiento econ¢mico y de la integraci¢n sudamericana, que exigen una pol¡tica cambiaria negociada con Brasil para sostener la paridad 1 a 1 del peso argentino con el real brasile_o, lo que finalmente se garantizar con la integraci¢n monetaria de la regi¢n.
IV. CONTRA LA DESTRUCCI.N DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Nueva concepci¢n sobre la seguridad social para garantizar el derecho de ciudadan¡a a no morirse de hambre y al mismo tiempo para administrar la demanda efectiva desde el consumo privado. A largo plazo, esto implica sustituir todas las pensiones, subsidios y jubilaciones por una pensi¢n universal por derecho de ciudadan¡a, desde el nacimiento hasta la muerte. A corto plazo, esto puede iniciarse con la sustituci¢n de la ineficiente y corrupta pol¡tica de los planes Trabajar por el otorgamiento planificado, segon los estados de necesidad, de pensiones por derecho de ciudadan¡a reasignando la totalidad del gasto poblico social. El monto presupuestario per capita de esta pensi¢n ser equivalente al valor promedio de una hora de trabajo diario por todas las jornadas laborables anuales, prorrateado en asignaciones mensuales crecientes segon categor¡as de edad creciente. A largo plazo esto supondr , cuando el sistema est’ completamente generalizado, un gasto poblico de seguridad y previsi¢n social agregado (de la Naci¢n y las provincias) del orden del 20 % del PBI.
V. CONTRA LA MISERIA DE LOS ANCIANOS: La pensi¢n por derecho de ciudadan¡a para la totalidad de los ciudadanos mayores de 70 a_os ser establecida inicialmente en 400 pesos mensuales per capita. Como primera prioridad, esta pensi¢n habr de ser otorgada autom ticamente a todos los ancianos que no cuenten con ninguna pensi¢n ni jubilaci¢n. Durante los a_os de transici¢n entre el actual sistema de jubilaciones y el nuevo sistema de pensi¢n por derecho de ciudadan¡a, los jubilados y pensionados mayores de 70 a_os podr n optar entre cobrar los 400 pesos de la pensi¢n por derecho de ciudadan¡a o su jubilaci¢n, segon lo que m s les convenga. Las jubilaciones de privilegio deber n ser inmediatamente reducidas a niveles normales y durante la transici¢n ninguna jubilaci¢n del antiguo r’gimen de reparto podr ser mayor a mil pesos mensuales. Por lo que respecta a los servicios de ahorro previsional privados, habr n de ser optativos y no sustituyen ni se contraponen a la pensi¢n por derecho de ciudadan¡a. Esta pensi¢n no est sujeta a ninguna otra condici¢n m s que la ciudadan¡a y la edad y, por lo tanto, a largo plazo, cuando el sistema est’ completamente generalizado, ser compatible con otros ingresos laborales o por rentas de la propiedad.
VI. CONTRA EL DESEMPLEO: Nueva concepci¢n sobre la jornada laboral para distribuir entre toda la poblaci¢n activa el trabajo socialmente necesario y absorber completamente el desempleo, reduciendo el tiempo legal de trabajo anual y aumentando las vacaciones pagas sin que aumente el costo laboral unitario para el empleador y sin que disminuya el ingreso anual del asalariado, ya que el valor monetario de la reducci¢n del tiempo de trabajo anual, en forma de aumento de las vacaciones, ser equivalente a lo pagado por el Estado como pensi¢n por derecho de ciudadan¡a. El tiempo de vacaciones pagas incrementado es el equivalente de las jornadas laborables de 8 horas que resultan de acumular la hora de trabajo diaria pagada como pensi¢n por derecho de ciudadan¡a, o sea, nada menos que 37 jornadas laborables o, lo que es lo mismo sumando el feriado semanal, 6 semanas y un d¡a. Sumado a las vacaciones actuales, da un tiempo total de dos meses de vacaciones anuales per capita, es decir que por cada 5 empleados actuales se genera un nuevo puesto de trabajo para un actual desocupado, que trabajar los 10 meses de vacaciones escalonadas de los 5 empleados y tendr sus propios dos meses de vacaciones pagas. Para el empleador no hay ninguna modificaci¢n de costos, ya que seguir contratando la misma cantidad de horas de trabajo por el mismo valor monetario. A cada empleado le seguir pagando el mismo valor de la hora de trabajo por la cantidad de horas realmente trabajadas y, por su parte, los trabajadores compensan los ingresos de las horas que dejan de trabajar con los ingresos por pensi¢n de ciudadan¡a. Esta pol¡tica laboral permite absorber m s de un 16 % de desempleo en la poblaci¢n econ¢micamente activa (1 desempleado por cada 6 personas de la PEA).
VII. CONTRA LA EXCLUSION DE LOS PEQUE½OS Y MEDIANOS EMPRESARIOS Y DE LOS PROFESIONALES: Blanquear la situaci¢n de todos los contribuyentes de estos sectores que han sido marginados del sistema y empujados hacia la econom¡a negra por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias debido a la recesi¢n. Dictar una resoluci¢n por la cual queden autom ticamente exhimidos de penas e inhibiciones econ¢micas e incorporados a un r’gimen especial de refinanciaci¢n y estudio de condonaci¢n de las deudas fiscales, esto oltimo para los contribuyentes de menores ingresos.
VIII. CONTRA LA CORRUPCI.N Y LAS COIMAS: Para terminar con la corrupci¢n favorecida por el dinero negro proponemos un tipo de dinero «transparente» de uso personalizado, para impedir toda posibilidad de pagos an¢nimos de grandes cantidades mediante la supresi¢n legal de los cheques al portador, la eliminaci¢n de los billetes grandes en la moneda nacional, la prohibici¢n de pagos internos en billetes extranjeros y la generalizaci¢n de los pagos electr¢nicos con la entrega de tarjeta bancaria poblica y gratuita, primero, a todos los funcionarios y empleados poblicos y, a largo plazo, a toda la poblaci¢n. La impunidad que produce la inmunidad de la clase pol¡tica actual constituye otra forma de corrupci¢n institucionalizada. Es urgente avanzar hacia un sistema ordenado y organizado que profundice una democracia participativa y plebiscitaria; introducir la figura de Revocatoria de Mandatos de todos los cargos de elecci¢n popular y de las magistraturas, tanto nacionales como provinciales, ante la manifestaci¢n de un incumplimiento de los deberes y obligaciones a ellos inherentes as¡ como del programa que represent¢ al inscribirse como candidato, mediante la convocatoria de un refer’ndum para evaluar su gesti¢n.
IX. CONTRA LA «PATRIA CONTRATISTA» Y LOS NEGOCIADOS: Romper la coalici¢n corporativa de los intereses de los pol¡ticos a la hora de administrar los presupuestos. Instauraci¢n obligatoria del Presupuesto Participativo en todos los municipios del pa¡s, conforme a la experiencia ya probada exitosamente en Brasil, para que sean los ciudadanos de las comunidades locales, sin ningon tipo de discriminaci¢n, las que decidan sobre las alternativas de financiaci¢n y asignaci¢n del presupuesto poblico.
Junta Promotora Federal del Movimiento Peronista Montonero
Presidente: Dr. Mario Eduardo Firmenich
Secretario General: Guillermo Mart¡nez Ag_ero
Secretario de Prensa: Julio Eduardo Tamae
Jos’ Uriarte – Donato Cachambi (Jujuy)
Miguel Veliz – Oscar Holmquist (Tucum n)
Carlos Zurita (Santiago del Estero)
Daniel Sosa (San Luis)
H’ctor Pardo – Marcelo Echenique (C¢rdoba)
Fernando Hurtado – Marcelo Fern ndez (Santa Fe)
Oscar Yampe (La Rioja)
Vicente Antol¡n – Guillermo Mart¡nez Ag_ero (Mendoza)
Ambrosio Pereyra – Carmelo Sardinas – Jos’ Luis de Francisco (Buenos Aires)
Ricardo Maggio – Rolando Armango (Capital Federal).
