Tres cercos de seguridad, el corte de comunicaciones y de luz, y el despliegue de unidades de reacción frustraron el plan de los confabulados. Pero la conspiración sigue latente y la nueva fecha prevista por los golpistas para una intentona, corre del 20 de junio hasta el 5 de julio.
Basado en múltiples entrevistas con sectores civiles, políticos y militares del país, esta investigación analiza la posibilidad de una asonada militar contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías, fraguada por sectores internos y externos.
La fecha
La fecha escogida para una eventual asonada abarca el periodo del 20 de junio al 5 de julio del presente. Esta información que trascendió desde el círculo interno de los conspiradores fue consultada con varias fuentes militares que la consideraron ôposibleö.
La razón de esta fecha sería doble: por una parte, la llamada ôcuaresma militarö en Venezuela, es decir, la fase de ascensos y aumentos salariales a los militares que ha sido, tradicionalmente, una ‘poca de intrigas y de presiones militares sobre los gobiernos civiles. Dentro de esta fase se festeja el domingo, 24 de junio, la importante Batalla de Carabobo (1821), en la cual habr grandes desfiles militares que facilitar n el desplazamiento de unidades militares, incluso la fuerza a’rea, sin causar mayores sospechas. Frecuentemente, en la historia, se ha aprovechado este tipo de actividades militares para intentonas golpistas o magnicidios, como sucedi¢ en el caso del presidente egipcio Anwar al-Sadat en 1981.
Dos tendencias
Dentro de las fuerzas pol¡tico-sociales que pretenden desalojar a Hugo Ch vez del poder, hay dos tendencias: una, que tiene una visi¢n de mediano plazo, y que intenta destruir, junto con el proyecto bolivariano, la esperanza popular de un cambio profundo posible. El cura jesuita Mikel de Vianda expres¢ recientemente esa l¢gica en un diario nacional, diciendo que habr¡a que sacar a Ch vez por la v¡a institucional, porque al pueblo le faltaba pasar por una «fase terap’utica». Todos los que votaron por Ch vez, dijo el jesuita, tienen que sufrir por ‘l para desencantarse, aunque tengan que pasar hambre. Vianda repite una lecci¢n de los golpistas chilenos. Comparando su represi¢n con la de los militares argentinos, los generales chilenos llegaron a la conclusi¢n de haber cometido un error: haber matado a Salvador Allende a destiempo, cuando todav¡a era muy popular. «Creamos un martir», dijeron, error que los argentinos no cometieron.
Frente a esta fracci¢n que opta por una guerra mediatica de atrici¢n y desestabilizaci¢n econ¢mica, a fin de lograr la erosi¢n de la base social del Proyecto Bolivariano, la segunda tendencia, con un horizonte m s inmediato, quiere que la ca¡da del presidente sea a la mayor brevedad posible. Por eso apuesta a una asonada militar. Las das fracciones no est n separadas n¡tidamente; m s bien, pueden entenderse como dos vertientes de un mismo plan maestro de desestabilizaci¢n, que como es obvio no fue dise_ado ni est siendo coordinado desde Venezuela, sino desde una potencia exterior. Inclusive, ambas fracciones y estrategias podr¡an confluir en una sola, en la medida, en que el gobierno se va debilitando.
Los conspiradores
La voz de alerta sobre posibles asonadas o magnicidios ha sonado frecuentemente en los oltimos meses. Desde Caracas, el presidente Fidel Castro advirti¢ poblicamente en una videoconferencia con Hugo Ch vez sobre tal peligro. Posteriormente, acus¢ desde La Habana al actual asesor energ’tico del presidente estadounidense George Bush, y anterior presidente de la empresa Petr¢leos de Venezuela, SA, Luis Giusti, a conspirar contra el gobierno de Hugo Ch vez. Conociendo la seriedad del presidente cubano, que nunca habla sin tener un s¢lido banco de datos para fundamentar sus afirmaciones, tales aserciones llevan mucho peso.
El mismo Hugo Ch vez — rompiendo la versi¢n oficial establecida, de que no hab¡a ningon peligro para la revoluci¢n– advirti¢ en un programa televisivo transmitido hace dos semanas desde China, que hay gente en Venezuela que «est n trabajando en organizar un golpe». Y el ministro de Defensa, Jos’ Vicente Rangel, denunci¢ el 9 de junio, que «grupos ajenos a la instituci¢n pretenden provocar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) con la idea de crear una crisis y forzarla a un proceso de desestabilizaci¢n».
La verdad es que tanto «grupos internos» como «externos» a las Fuerzas Armadas son parte del proceso de desestabilizaci¢n y de la red conspirativa golpista, cuyos elementos m s importantes son los siguientes. Uno de los nombres que con mayor frecuencia se menciona en las entrevistas, sobre un posible golpe de Estado, es el ex teniente-coronel Francisco Arias C rdenas quien particip¢ con Hugo Ch vez en el levantamiento militar del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) de 1992. Posteriormente gan¢ la gobernatura del importante estado petrolero de Zulia. Crecientes diferencias con su excompa_ero de armas, Ch vez, lo llevaron a contender por la presidencia en el a_o 2000, donde fue derrotado en las urnas por el actual presidente.
Arias C rdenas tiene buenas relaciones con todas las fracciones que forman la red de conspiraci¢n. Con los paramilitares colombianos se reone en las fincas de los grandes terratenientes ganaderos del estado de Zulia que conlinda con Colombia. El teniente coronel, al igual que los paramilitares, llegan en avionetas a los aeropuertos privados de esta casta de terratenientes que teme a la reforma agraria del gobierno y a la guerrilla colombiana, frente a la cual pretende crear sus propias guardias blancas.
Arias C rdenas est igualmente vinculado a los dos centros de poder estadounidenses que son claves para el futuro de la conspiraci¢n: el gobierno de la Uni¢n Americana en Washington, y la reacci¢n cubano-estadounidense-latinoamericana en Miami. En c¡rculos pol¡ticos de Zulia se da por contado, que el ex gobernador tiene propiedades en Miami y que recibi¢ millones de d¢lares para su campa_a electoral de los c¡rculos anti-cubanos –que ven a Hugo Ch vez como hijo espiritual de Fidel Castro– y de los banqueros que estafaron y quebraron a la econom¡a venezolana, junto con los corruptos ex presidentes del pa¡s que se han refugiado en Estados Unidos y pa¡ses aleda_os.
La ¡ntima vinculaci¢n entre la oligarqu¡a venezolana y los sectores m s reaccionarios cubanos-estadounidense, no naci¢ con Hugo Ch vez. Se remonta, m s bien a los a_os del terrorismo cubano-estadounidense, que en los a_os sesenta y setenta ejecut¢ acciones violentas en todo el mundo. En una de esas acciones, los terroristas cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, con la ayuda de los venezolanos Freddy Lugo y Hern n Ricardo –este oltimo fot¢grafo del diario «El Mundo», que hoy d¡a es una de las cabezas de lanza medi ticas m s agresivas contra el presidente Hugo Ch vez– volaron en octubre de 1976 un avi¢n de Cubana de Aviaci¢n, atentado en el cual murieron 73 personas. Arrestados los cuatro delincuentes, pasaron algunos a_os en una prisi¢n militar en Caracas, desde donde segu¡an organizando los actos subversivos de su organizaci¢n, durante el gobierno del presidente socialdem¢crata (AD) Carlos Andr’s P’rez. Con el triunfo electoral del gobierno socialcristiano (COPEI) de Luis Herrera Camp¡ns, se acerc¢ la hora de su libertad. Camp¡ns hizo organizar una corte militar que falsificaba evidencias, compraba a testigos y exoneraba de toda culpa a los acusados, en septiembre de 1983. Justo a tiempo, porque la guerra sucia del presidente Ronald Reagan contra los movimientos populares en Centroam’rica requer¡a de especialistas de este tipo.
En la campa_a de liberaci¢n de los acusados participaron los sectores terroristas del exilio cubano en Estados Unidos; la Central de Inteligencia (CIA); la polic¡a pol¡tica venezolana (DISIP), organizada por la CIA y ex integrantes cubanos de la Brigada 2506, que hab¡a realizado la invasi¢n a Playa Gir¢n, en 1961; sectores del partido socialcristiano (COPEI), como el diputado Jos’ Rodr¡guez Iturbe, el mismo presidente Herrera Camp¡ns y el pol¡tico Raol Bermodez, entre otros.
Muchos de los nombres de aquellos que ayudaron en la absoluci¢n de los terroristas presos, aparecen hoy, de nuevo, en la confabulaci¢n contra el gobierno de Ch vez. Mientras Orlando Bosch disfrutaba, despu’s de su liberaci¢n, una buena y tranquila vida en Miami, sin ser molestado por la policia de la democracia estadounidense, Luis Posada Carriles fue contratado por el gobierno de Ronald Reagan para la red de terrorismo de Estado en Centroam’rica, que en los a_os ochenta destruy¢ la Revoluci¢n sandinista en Nicaragua y las fuerzas populares en Honduras y Guatemala. La base de operaciones de Posada Carriles fue El Salvador, donde organizaba desde la base a’rea de Ilopango, entre otros, la log¡stica de los «contras».
Logrado el objetivo de Washington, de destruir los intentos de construcci¢n de una democracia popular en Centroam’rica, al ex agente de la CIA y de la DISIP, dedic¢ sus esfuerzos nuevamente contra Cuba, organizando la ola de atentados con bombas en los hoteles cubanos, durante el a_o pasado. Cuando sus agentes centroamericanos fueron arrestados por la polic¡a cubana, Posada decidi¢ dar el golpe definitivo contra Fidel Castro en la reciente Cumbre Iberoamericana en Panam , participando personalmente en la organizaci¢n de un atentado contra el Presidente cubano. Detenido por la polic¡a paname_a, est esperando una vez m s en reclusi¢n su destino, que, sin lugar a dudas, no ser la extradici¢n a Cuba, pese a la solicitud de La Habana.
Entre los sectores pol¡ticos de COPEI que aparecen hoy d¡a vinculados a la desestabilizaci¢n del gobierno, se mencionan nuevamente a Jos’ Rodr¡guez Iturbe, socialcristiano, segon la informaci¢n recabada, perteneciente al Opus Dei; al expresidente Luis Herrera Camp¡ns; al l¡der pol¡tico emergente, Raol Bermodez, ex alcalde de Sucre, y a Osvaldo Alvarez Paz, empresario ligado al negocio del carb¢n y ex gobernador de Zulia, antes de la gobernatura de Arias C rdenas. As¡ mismo, empresarios y pol¡ticos del «Proyecto Venezolano», estar¡an involucrados con Arias C rdenas. Dentro de esta red de «socialcristianismo» anti-cubano y anticomunista rabioso, falta tampoco la conexi¢n con la Madre Patria, Espa_a. Con un gobierno de franquismo modernizado, en el poder, cuyo Presidente Jos’ Maria Aznar coincide esencialmente con los planteamientos pol¡ticos del gobierno de George Bush –tanto en el Plan Colombia como en la ley Helms-Burton, como enfatiz¢ Aznar el 12 de junio en su encuentro en Madrid con el mandatario estadounidense– no sorprende que ciertas instituciones espa_olas coadyuven a sus correligionarios venezolanos amenazados por el supuesto autoritarismo del gobierno Ch vez.
Los conspiradores han logrado establecer una sofisticada red de espionaje electr¢nico con la cual pueden interferir comunicaciones confidenciales de los diversos sectores del gobierno. Parte de este equipo fue robado de la DISIP, junto con archivos sensibles, antes de que el gobierno de Hugo Ch vez cambiara algunos directivos de la instituci¢n. Otros equipos son operados por personal estadounidense que mantiene telecomunicaciones con Estados Unidos v¡a sat’lite. Frecuentemente, los encuentros entre los confabulados y los sectores externos se realizan en las islas Aruba, Curazao y Bonaire, bajo administraci¢n holandesa y situadas frente a la costa venezolana. Significativamente, Aruba y Curazao tienen bases a’reas de Estados Unidos con virtual autonom¡a, que el gobierno de La Haya le rent¢ a Washington para «el combate al narcotr fico». Estas islas son parte de la red de inteligencia andina-centroamericana, formada, entre otras, por el «puesto de operaciones avanzadas» de Manta, en Ecuador que est siendo adaptado actualmente para recibir tropas a’rotransportadas estadounidenses– sus similares en El Salvador y Guatemala y las instalaciones respectivas en Colombia.
Reciclaje en Washington
El «reciclaje» de figuras proterroristas de la guerra fr¡a no se limita a los c¡rculos venezolanos de la conspiraci¢n, sino que se observa tambi’n en la pol¡tica del actual presidente George Bush. La red terrorista de Estado, creada en los a_os ochenta por la Casa Blanca para destruir al gobierno sandinista y los movimientos populares en Centroam’rica, es una de las principales fuentes de reclutamiento del nuevo gobierno de Bush II, para Am’rica Latina. Otto Reich, nominado por Bush para cubrir el puesto de Secretario Asistente para el Hemisferio Occidental, en el Departamento de Estado, es un ejemplo de los funcionarios reciclados de la era Reagan.
Reich naci¢ en Cuba en 1945 y lleg¢ a Estados Unidos en 1960. De 1983 a 1986, el presidente Ronald Reagan lo puso a cargo de un programa clandestino de guerra psicol¢gica (Office of Public Diplomacy, OPS), destinado a enga_ar a la opini¢n poblica sobre la guerra sucia que Washington ejecutaba en Centroam’rica. Oficialmente subordinado al Departamento de Estado, Reich era de hecho parte integral de la red terrorista anti-nicaraguense («contra»), que operaba desde la Casa Blanca y su Consejo de Seguridad Nacional (NSC), coordinada por el teniente coronel Oliver North. Durante su tenencia en el cargo, Reich se volvi¢ delincuente, realizando «actividades propagand¡sticas clandestinas, prohibidas en Estados Unidos», como sentenci¢ un comit’ de investigaci¢n del Congreso en 1987.
En 1986, el propagandista fue premiado por sus actividades ilegales con el puesto de embajador en Venezuela, donde se qued¢ hasta 1989. Fue durante su estancia que los cuatro terroristas responsables de la destrucci¢n del avi¢n de Cubana de Aviaci¢n, fueron liberados. Durante los oltimos seis a_os, Reich ha vivido de las prebendas de las empresas transnacionales, como lobbyista en Washington. En esa funci¢n ha promovido los intereses armamentistas de la empresa Lockheed frente a la venta de cazabombarderos F-16 a Chile; de la transnacional British American Tobacco (BAT), de la cual ha recibido al menos cien mil d¢lares en los oltimos tres a_os y de la Bacard¡-Martini que le ha desembolsado m s de 600.000 d¢lares. Reich jug¢ un papel importante en la redacci¢n de la ley Helms-Burton que intensific¢ el ilegal bloqueo contra Cuba y que tiene provisiones que benefician a los due_os de Bacard¡.
Entre los padrinos que lo promueven para el cargo m s importante de la pol¡tica latinoamericana de Bush II, se encuentran el gobernador de Florida y hermano del presidente, Jeb Bush; las cabezas de la camarilla cubano-estadounidense en Miami, los diputados republicanos Lincoln Diaz-Balart e Ileana Ros-Lethinen; el senador republicano de extrema derecha, Jesse Helms, y la Fundaci¢n Heritage.
John Negroponte, embajador nominado de la Casa Blanca ante las Naciones Unidas, es otro funcionario reciclado de la red de terrorismo de Estado (red contra-Ir n), creada por Reagan. Negroponte, calificado por Bush II como «miembro clave» de su equipo de pol¡tica exterior, fue embajador en Honduras entre 1981 y 1985, cuando el gobierno de Reagan convirti¢ a este pa¡s centroamericana en la base de agresi¢n militar contra el gobierno nicarag_ense y el Frente Farabundo Mart¡ de Liberaci¢n Nacional (FMLN), en El Salvador. Parte de esta agresi¢n militar que derram¢ al gobierno colaboracionista hondure_o alrededor de mil millones de d¢lares, fue la creaci¢n del Batall¢n 316, de Inteligencia Militar.
Financiado y entrenado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Washington, el Batall¢n 316 fue, de hecho, el principal escuadr¢n de la muerte que oper¢ en Honduras y que desapareci¢ a 140 personas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Documentos desclasificados del gobierno estadounidense demuestran que Washington minti¢ sistem ticamente a la opini¢n poblica del pa¡s y al Congreso para ocultar sus cr¡menes. Negroponte fue el m s alto funcionario de la agresi¢n estadounidense en Honduras y, por lo tanto, segon las Leyes de Nuremberg, es responsable de los cr¡menes de guerra cometidos por su gobierno. Pero, en lugar de ser llevado a una corte internacional de justicia, para responder por sus delitos, es premiado como embajador ante las Naciones Unidas, por el gobierno de George Washington Bush, apoyado, entre otros, por Henry Kissinger y el ex secretario de Estado de Ronald Reagan, George P. Schulz. Al terminar su estancia en Honduras, Negroponte fue miembro del Consejo de Seguridad (NSC) del gobierno Reagan, teniendo como jefe al general Colin Powell. Durante su misi¢n diplom tica en M’xico, jug¢ un papel central en la elaboraci¢n del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), segon informaci¢n del New York Times.
El actual Secretario del Departamento de Estado, general Colin Powell, proviene de esta misma red. Siendo jefe del Estado Mayor, bajo el Secretario de Defensa Dick Cheney, Powell recomend¢ al presidente Bush padre la invasi¢n a Panam . En un libro suyo se jacta de haber sido el «principal promotor dentro del gobierno» de los contras nicarag_enses. En septiembre de 1983 acompa_¢ al entonces Secretario de Defensa, Caspar Weinberger y a Oliver North a Centroam’rica, para supervisar la agresi¢n contra Nicaragua. Tambi’n fue elemento activo en el esc ndalo Ir n-contra, en el cual se vendieron cohetes a Ir n, a cambio de apoyo financiero de Arabia Saudita a la contra.
Las Fuerzas Armadas
Volviendo al tema de una posible asonada militar, hay dos factores que determinan el ‘xito o fracaso de un golpe militar: a) la correlaci¢n de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas y, b) la situaci¢n pol¡tica nacional e internacional. En cuanto a la primera variable, pueden diferenciarse dentro del sector armado venezolano (FAN) cuatro fuerzas de consideraci¢n: la Marina de Guerra, particularmente la infanter¡a de marina; la Fuerza A’rea; el Ej’rcito de tierra y la Guardia Nacional. Un quinto elemento, de menor peso, pero con considerables capacidades de inteligencia y armamento sofisticado, es la polic¡a pol¡tica, DISIP. La Marina de Guerra no estar¡a mayoritariamente con el Proyecto Bolivariano, segon algunas fuentes militares, y lo mismo valdr¡a para la Fuerza A’rea y la Guardia Nacional. El Ej’rcito, en cambio, estar¡a en alrededor de un setenta por ciento con el proyecto bolivariano.
La falta de apoyo mayoritario de la Marina se debe a que esta rama de las Fuerzas Armadas, en toda Am’rica Latina, se caracteriza por la mentalidad conservadora y elitista de su alta oficialidad. La Fuerza A’rea estuvo, en un inicio, en su mayor¡a con el proceso bolivariano, pero se ha ido desencantando por diversas razones, entre ellas, la falta de trabajo pol¡tico con los altos oficiales. La Guardia Nacional, una especie de polic¡a paramilitar con armamento semi-pesado, est en contra de la nueva democracia, porque le har perder los lucrativos ingresos de sus negocios corruptos, entre ellos, en las aduanas.
Este an lisis de la correlaci¢n de fuerzas en las FAN es, por supuesto, cuantitativo, y tiene que ser ponderado con un an lisis cualitativo. Por ejemplo, habr¡a que indagar, qui’n controla a los cuatro Estados Mayores respectivos; qu’ tipo de unidades est n de un lado y de otro; qui’n tiene los mandos medios y medios altos, desde capitanes hasta tenientes coroneles; qui’n tiene el factor sorpresa de su lado; quien dispone de la mejor log¡stica, l¡neas de comunicaci¢n, etc’tera.
¨Puede triunfar un golpe?
El trasfondo pol¡tico de la conspiraci¢n golpista tiene cuatro aspectos fundamentales. El primero se refiere a una oligarqu¡a cada vez m s envalentonada en sus planes de desestabilizaci¢n, por la falta de respuesta adecuada de las fuerzas bolivarianas, a sus provocaciones. En este sentido, toda la campa_a mediatica mundial sobre el supuesto autoritarismo de Ch vez es pura demagogia: el problema del gobierno venezolano no es su exceso de autoritarismo y represividad, sino lo contrario: la extrema permisividad con que ha actuado frente a la desestabilizaci¢n. Seguramente no hay otro gobierno en Am’rica Latina que habr¡a aguantado las constantes difamaciones y desinformaciones de los medios venezolanos, corresponsales de agencias noticiosas en Caracas y propagandistas de la reacci¢n internacional, como lo ha hecho el gobierno de Ch vez. No hay un solo periodista perseguido, ni un solo medio cerrado, ni tampoco un solo preso pol¡tico en el pa¡s. Ser¡a dif¡cil encontrar otro gobierno en Am’rica Latina que permita tanta libertad de prensa.
El segundo aspecto es el notable avance en el reacomodo de los diversos aparatos pol¡ticos y ideol¢gicos del antiguo r’gimen, desde la creciente recomposici¢n de sus corruptos partidos dominantes –socialdem¢cratas (AD) y socialcristianos (COPEI)– hasta la aparici¢n de los nuevos delfines de Washington, como el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Pe_a. Punta del iceberg de este proceso fue la reuni¢n de la vieja clase pol¡tica, convocada por la Fundaci¢n Popular Iberoamericana, el Instituto de Formaci¢n Dem¢crata Cristiana (Ifedec) y otras organizaciones espa_olas, el 7 de junio, en Caracas, donde, por primera vez en a_os, converg¡an Luis Herrera Camp¡ns; el ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz; la actual dirigencia de COPEI; l¡deres socialdem¢cratas; militares retirados; autoridades religiosas y propietarios de los medios de comunicaci¢n.
En tercer lugar se observa una creciente irritaci¢n en Washington por la pol¡tica independiente del gobierno, expresada no s¢lo por los funcionarios gubernamentales, como el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Peter Romero, quien afirm¢ el 5 de junio, que Ch vez tiene el «derecho de viajar a donde quiera y decir lo que quiera, pero lo que diga tendr consecuencias en t’rminos de la percepci¢n estadounidense»; sino tambi’n por los intelectuales del establishment imperial, como la presidenta del liberal Consejo de las Am’ricas, Susan Kaufman Purcell, quien afim¢ en el foro «Venezuela ante los ojos de Wall Street» (12.6.), que el presidente Hugo Ch vez ha demostrado poseer una «tendencia antiamericana», que se evidencia en sus «aparentes intenciones de reducir la presencia de Estados Unidos en Am’rica Latina con la promoci¢n del fortalecimiento de un sistema pol¡tico mulipolar».
El cuarto aspecto es la erosi¢n de la base pol¡tica del gobierno a ra¡z de deficiencias operativas y te¢ricas de su partido Movimiento Quinta Repoblica; la previsible y pronta deserci¢n de una parte importante del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezada por su secretario general, Leopoldo Puchi, de la coalici¢n gubernamental; una limitada eficiencia estatal para convertir la voluntad pol¡tica del presidente en realidad socio-econ¢mica; la ausencia de medios de comunicaci¢n profesionales que informen ver¡dicamente sobre la pol¡tica y el status democr tico del gobierno, por ejemplo, los extraordinarios resultados en la estabilizaci¢n macroecon¢mica del pa¡s; la incipiente organizaci¢n de las masas y la ausencia de una clara determinaci¢n del car cter pol¡tico-econ¢mico de la Revoluci¢n Bolivariana, dentro de la historia de las ideas, que definiera las posibilidades de alianza pol¡tica dentro y fuera del pa¡s y que quitara a los medios de desinformaci¢n sus bases propagand¡sticas.
En el exterior, el gobierno ha tenido sorprendentes ‘xitos en las relaciones interestatales, basados en su correcta interpretaci¢n de la sociedad global como sistema multipolar y, tambi’n, en la reorganizaci¢n de la OPEC. No cabe duda, que en la escena internacional Hugo Ch vez es reconocido como un estadista de alto nivel. Sin embargo, las fuerzas bolivarianas no se han preocupado por crear una red de apoyo internacional, como hicieron los sandinistas y cubanos, lo que le da campo libre a los medios mundiales, para distorsionar el proceso en todos sus aspectos.
El golpe pol¡tico
La pregunta decisiva ante este panorama es, acerca de las posibilidades de ‘xito de un golpe militar de la reacci¢n. El ‘xito militar de un coup d¡etat en las condiciones descritas, depende de la calidad de organizaci¢n de los conspiradores y del factor de sorpresa. Si logran ocupar las instalaciones televisivas, cuyos due_os, sin lugar a dudas, simpatizan con ellos, y si lograr¡an arrestar o matar a los miembros claves del gobierno, el golpe podr¡a ser exitoso en el sentido tradicional del t’rmino. Pero, aunque no logre tal fin al fracasar en su aspecto militar, ser¡a un ‘xito en el sentido pol¡tico, porque inclinar¡a la correlaci¢n de fuerza pol¡tica y psicol¢gica dentro y fuera del pa¡s, a favor de la oligarqu¡a.
El «riesgo de pa¡s» para los inversionistas y banqueros externos aumentar¡a, al igual que la fuga de capitales; la imagen de ingobernabilidad del pa¡s, por culpa de un gobierno «exc’ntrico», mermar¡a significativamente el capital pol¡tico del gobierno, y convertir¡a la situaci¢n de Venezuela en un problema de estabilidad regional; los muertos que inevitablemente se producir¡an, ser¡an convertidos por los medios nacionales e internacionales en m rtires de la libertad de un r’gimen autocr tico, al igual que los militares presos que ser¡an objetos de propaganda mundial contra el gobierno democr tico de Hugo Ch vez.
La conclusi¢n de este breve razonamiento, no deja dudas: una asonada militar, fracase o no en el campo de las armas, siempre ser de ventaja pol¡tica para los desestabilizadores. La onica medida que le queda al gobierno para defender a la democracia, es abortar el golpe antes de que se produzca. Para hacerlo, tiene todas las bases de legalidad y legitimidad necesarias. Es un gobierno que ha llegado constitucionalmente al poder; que no se ha salido de las cauces legales de la democracia representativa; que no ha exportado su revoluci¢n bolivariana; que no ha utilizada las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo; que no es un gobierno neocolonial, sino de dignidad y patriotismo latinoamericano, tratando de construir la Patria Grande de Bol¡var, en fin, es un gobierno que ante las pretensiones de los desestabilizadores y golpistas nacionales e internacionales es la onica opci¢n democr tica real para sus mayor¡as y los movimientos populares en Ecuador y Colombia.
Por supuesto, que la fecha y los planes de la conspiraci¢n, como todo en la vida, pueden variar. Una llamada de Washington, preparativos del gobierno o problemas de log¡stica, entre otros factores, podr¡an modificar los planes. Sin embargo, la amenaza del golpe es una amenaza real para toda la regi¢n, porque si las fuerzas de la antihistoria logran destruir al proyecto bolivariano, toda la regi¢n andina se hundir en el horror social del neoliberalismo y su corolario inevitable, la represi¢n estatal y paramilitar. Ninguna persona ‘tica en Am’rica Latina puede consentir tal fin.
Dr. Heinz Dieterich