LA EDUCACIÓN VENEZOLANA BAJO FUEGO CRUZADO

Caracas fue escenario a principios de este mes de dos jornadas de manifestaciones de signo contrario, y se anuncian movilizaciones en torno al decreto 1.011, que refuerza las atribuciones del Estado como supervisor de la enseñanza.
Esta medida oficial, según analistas, es la punta del iceberg en el debate educativo, pues este año deberá aprobarse una nueva ley de educación y ya existen al menos dos proyectos diferentes.
Chávez, quien desde que llegó al poder en febrero de 1999 impulsa una «revolución bolivariana» con grandes cambios en el mapa político del país, se convirtió en el principal defensor del decreto y del proyecto de ley oficial.
El mandatario, que encabezó el 7 de febrero una manifestación a favor de la educación pública, fustigó a la educación privada y hasta amenazó con suprimir el subsidio estatal que reciben algunas instituciones, aunque posteriormente se negó la posibilidad de
cortar la ayuda oficial.
Esta medida habría afectado a medio millón de niños, especialmente de zonas pobres, que son atendidos fundamentalmente por redes educativas vinculadas a la Iglesia Cat¢lica.
Ch vez habl¢ «de manera pedag¢gica de las facultades que ten¡a para eliminar el subsidio a la educaci¢n privada, pero despu’s aclar¢ que no lo har¡a», coment¢ el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), William Lara, uno de los principales dirigentes del oficialista Movimiento V Repoblica (MVR).
Lara atribuy¢ las cr¡ticas al decreto y el Proyecto Educativo Nacional del Ministerio de Educaci¢n a «un sector de la sociedad vinculado a la educaci¢n privada» con «una concepci¢n elitista», en tanto el ministro de Educaci¢n, H’ctor Navarro, asegur¢ que provienen de «los mercaderes de la educaci¢n».
El ministro indic¢ que el pol’mico decreto 1.011 se basa en el art¡culo 106 de la Constituci¢n Bolivariana de Venezuela, en vigor desde 1999, que establece que quien funde una instituci¢n educativa de car cter privado debe someterse a la vigilancia estricta del Estado.
«Se busca crear un nivel de supervisores que respondan directamente al ministro y que reporten cualquier irregularidad que se presente en un centro», justific¢ Navarro.
Entre los ejemplos de posibles irregularidades se_alados por el ministro se encuentran el cobro de matr¡cula en instituciones poblicas, la mala calidad de los maestros o profesores, el caso de un director que se adue_a de una suma de dinero que no le corresponde o un local escolar defectuoso.
Mientras el decreto recibe duras cr¡ticas de sectores que ven en ‘l una clara tendencia intervencionista del gobierno, ya se comenz¢ a seleccionar a los candidatos para ocupar los cargos de supervisores, aunque aon se desconoce la fecha en que comenzar n a trabajar.
El 5 de febrero se presentaron una serie de recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia con el fin de evitar legalmente la aplicaci¢n de la medida. Unas 40.000 firmas de respaldo acompa_aron estas peticiones.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidi¢ un di logo nacional al gobierno sobre el tema y Leonardo Carvajal, de la asociaci¢n civil Asamblea de Educaci¢n, anunci¢ que se preparan manifestaciones de protesta simult neas en todo el pa¡s para el 31 de marzo, que podr¡an reunir en total a un mill¢n de personas.
El propio Ch vez desestim¢ este anuncio el domingo, en su programa radial «Al¢, presidente», cuando asegur¢ que «el pueblo clama por supervisores».
La viceministra de Educaci¢n, Maryann Hanson, anunci¢ que se seguir  adelante con el proceso, pese a las cr¡ticas y los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, y recomend¢ a los institutos privados «mejorar sus planteles para que funcionen con calidad» y no temer a una supervisi¢n estatal.
El coordinador del Proyecto Educativo Nacional, Carlos Lanz, considerado el ide¢logo del decreto, defendi¢ la participaci¢n de la comunidad en la gesti¢n y manejo de los centros educativos, una novedosa innovaci¢n que est  en los planes oficiales.
«El fin de este proceso es preparar a la comunidad para que intervenga en la escolaridad», dijo Lanz quien prev’ que en el futuro los padres se involucrar n «para supervisar y escoger a los directores de las escuelas, controlar las gestiones administrativas y funcionales de las mismas».
Por Andr’s Ca_iz lez/IPS
Agencia Latinoamericana de Informaci¢n y An lisis-2 (alia2)