La clase dirigente colombiana se rasga las vestiduras describiendo todo lo que hace para construir una sociedad más justa. Pero la propia realidad se encarga de desmentirla. En un país tan rico como el nuestro, lo que se redistribuye de manera acelerada es la indigencia. De cada cien habitantes, cincuenta están por debajo de la línea de pobreza. Hay más de seis millones de niños pobres y un millón y medio en situación de miseria absoluta. La mitad de la población no tiene el mínimo acceso al sistema de salud. Las cifras son escandalosas y nos perderíamos en un laberinto si pretendiéramos citarlas todas.
Vamos a hablar de la situación de la tercera edad. Comencemos con la Seguridad Social. Se dice que esos sistemas son un importante factor de redistribución del ingreso. Seguramente que sí, pero en donde existen y son universales. Porque en nuestro país el acceso a la seguridad social es excluyente y regresivo. No beneficia a los pobres que son quienes más lo requieren y apunta a negar derechos elementales alguna vez conquistados por los trabajadores. Una mirada r pida al sistema pensional nos lo demuestra.
Desde el Gobierno neoliberal de Gaviria se ha venido lanzando una ofensiva contra las pensiones de los trabajadores colombianos. El primer gran golpe fue la ley 100 de 1993, que dio paso al imperio de los fondos privados y dise_¢ la muerte del Instituto de los Seguros Sociales. El nuevo sistema que convirti¢ las pensiones en un negocio, desplaz¢ hacia el mercado financiero los recursos de la seguridad social. Adem s traslada a los afiliados las p’rdidas por las malas inversiones, manteni’ndolos en constante riesgo de perderlo todo.
Ministros, empresarios y hasta el mismo director del ISS claman en coro por una nueva reforma pensional, preparando las condiciones para el golpe definitivo contra el Seguro Social. Y lo hacen pervirtiendo la verdad sobre su crisis financiera. Nada dicen acerca de los m s de treinta billones de pesos que el propio Estado ha ido acumulando como deuda con el Instituto, con el solapado prop¢sito de hacerlo morir lentamente. Se hacen los desentendidos sobre la corrupci¢n de la clase pol¡tica liberal conservadora que durante a_os ha tenido en este establecimiento poblico una importante fuente de suministros para sus arcas personales. Silencian sus propios yerros pol¡tico financieros, tal y como sucedi¢ con la liquidaci¢n del Banco Central Hipotecario, con cuyas acciones previamente se hab¡a pagado parte de la deuda estatal al Instituto.
Las fr¡as estad¡sticas del gobierno nos muestran un nomero de 900.000 pensionados entre el ISS y las cajas poblicas, proyectados para el 2.030 a 1.700.000. Segon los grandes genios de las finanzas oficiales, esta cifra significa un aumento desbordado. Por culpa de ella, nos dicen, los colombianos estamos obligados a aceptar nuevas reformas tributarias, m s incrementos de la deuda externa e importantes recortes en la inversi¢n social, es decir en educaci¢n, salud y vivienda. Tambi’n tendremos que olvidarnos de las asignaciones para infraestructura.
Nos espera en consecuencia otro conjunto de reformas retardatarias. Entre ellas el aumento de la edad de jubilaci¢n y de las semanas de cotizaci¢n. La creaci¢n de un fondo regional de pensiones, prevista en el acto legislativo 012, concluye la ya iniciada privatizaci¢n de la salud y comienza en serio la privatizaci¢n de la educaci¢n, aplicando a este sistema la t ctica de la motosierra empleada en las zonas rurales contra los campesinos. Todo en cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 1.999 con el Fondo Monetario Internacional. Son las imposiciones del gran capital financiero internacional, y no la alta tasa pensional como nos han querido hacer creer, la verdadera raz¢n de los recortes en salud, educaci¢n y seguridad social.
Segon el Dane la poblaci¢n colombiana mayor de 60 a_os llega a las 3.600.000 personas. De cada cien de ellas, 47 carecen de ingresos por jubilaci¢n y 36 no tienen ningon tipo de ingreso. Estas oltimas no cuentan con atenci¢n estatal pese a que la Constituci¢n Pol¡tica ordena la protecci¢n total del adulto mayor. En los hogares y asilos creados para ellos, est n establecidas una serie de condiciones que por no poderse cumplir, privan a los ancianos discapacitados o abandonados de la atenci¢n que supuestamente deber¡an gozar. Adem s, esos hogares sobreviven de la caridad debido a lo raqu¡tico de su presupuesto.
Lo que vivimos en Colombia es el olvido total, la indiferencia del Estado y las clases dominantes hacia millones de hombres y mujeres, que casi como una haza_a alcanzan la tercera edad tras una vida cargada de trabajo, explotaci¢n y privaciones. Es por eso que dolorosamente vemos crecer el nomero de ancianos obligados a ganarse el sustento en condiciones infames, perseguidos por la polic¡a en la econom¡a informal, mendigando en los hogares de caridad o en las avenidas, llorando amargamente su triste destino o muriendo solitarios en cuartuchos malolientes. ¥Qu’ verg_enza! ¥Qu’ sistema! ¥Qu’ gobierno!
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ej’rcito del Pueblo, FARC-EP, dirigidas a mucho honor por el legendario Comandante Manuel Marulanda V’lez, quien el pasado 13 de mayo cumpliera sus 71 a_os de edad, demostrando la berraquera, el aguante y el talento de la raza colombiana, no nos cansaremos de se_alar como directos responsables de la angustiosa situaci¢n que padece el pueblo de Colombia, y en particular la tercera edad, a la nefasta alianza de terratenientes, monopolios financieros y capital trasnacional enquistados en el poder del Estado, interesados fundamentalmente en el incremento acelerado de sus ganancias, antes que en la suerte de los hijos de esta tierra.
Por eso proponemos un nuevo Estado y un nuevo poder que coloque la dignidad humana como referente permanente de sus pol¡ticas econ¢micas, sociales y culturales. Un nuevo Estado que asuma con honor la soberan¡a nacional en todos su sentidos, que no se hinque de rodillas ante los centros de poder del capitalismo mundial, que se preocupe ante todo por el bienestar de cada uno de sus habitantes. Ese Estado deber invertir la mitad del presupuesto nacional en salud, vivienda, educaci¢n, empleo, cultura y recreaci¢n para los colombianos. Ese Estado pensar m s en la paz que en la guerra, reduciendo el impresionante gasto militar a la medida de un pa¡s que no est en guerra con sus vecinos, buscar un acuerdo para la moratoria de la deuda externa por cinco a_os y eliminar la corrupci¢n. Del cierre de esas tres venas abiertas del tesoro nacional saldr n los recursos suficientes.
Es que la hora de la realizaci¢n de la justicia se acerca. En nuestro pa¡s tiene que cesar para siempre la perniciosa man¡a de hacer recaer sobre los hombros del pueblo trabajador, los efectos de las crisis que generan los due_os del capital y de la tierra. Si bien es cierto que pueden existir problemas relacionados con el tema de las pensiones de jubilaci¢n, nuestra convicci¢n es la de que no se puede trasladar la responsabilidad a los trabajadores y actuales pensionados. El Estado tiene que pagar su enorme deuda al Seguro Social, los empleadores tienen que ser obligados a ponerse al d¡a en sus aportes, la Superintendencia de Salud debe levantar la prohibici¢n al Seguro de afiliar nuevos beneficiarios.
Es urgente suspender el tr mite del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso porque persigue precisamente eso. Y porque con ‘l sobrevendr la privatizaci¢n y la muerte del Instituto de Seguros Sociales. Cualquier reforma que se pretenda promover en este campo, deber tener un car cter progresista, lo cual s¢lo ser posible si es producto de un amplio proceso democr tico en el que se escuchen y atiendan, sin exclusiones ni imposiciones for neas, las voces de todos los colombianos. Esta instancia del Cagu n parece dise_ada a la medida para eso. Toda mujer colombiana mayor de 55 a_os y todo var¢n mayor de 60, deben gozar del derecho a percibir una mesada mensual pagada por el Estado, que le permita pasar los oltimos d¡as de su vida dignamente, en compensaci¢n de lo que durante una larga vida de trabajo ha aportado al pa¡s.
La tercera edad, como la infancia, debe gozar de toda clase de privilegios en todos los campos del servicio poblico. Las ancianas y los ancianos de Colombia deben estar incluidos por ley en planes y programas que antes que decretar su muerte laboral, permitan su actividad y aporte constructivo a la sociedad, en aprovechamiento pleno de su experiencia y en reconocimiento a su legado. El Estado neoliberal de hoy, a duras penas, y s¢lo a unos cuantos de ellos, les reconoce algo m s de cien mil pesos para los gastos de su entierro. No hay mejor prueba del desprecio hacia sus semejantes por parte de los grandes te¢ricos y rectores de la sociedad moderna burguesa.
Esos son el tipo de valores que quieren imponernos a los dem s. La deshumanizaci¢n plena en aras de la ganancia capitalista. Contra ese sistema es que nos enfrentamos, aunque repitan sus defensores que no hay nada que hacer ante ‘l. Nosotros, con miles de millones de gentes honestas y trabajadoras en el mundo, estamos convencidos de que se puede construir un futuro mejor. Y con millones de compatriotas que no aceptan la resignaci¢n, estamos dispuestos a impulsar la resistencia y la lucha. Hasta cambiar las cosas. Por la v¡a de la paz o la que sea.
COMISION TEM-TICA DE LAS FARC-EP