Así, en Melilla, tanto el Delegado del Gobierno como el Presidente de la Ciudad, secundados por el PP y sus coaligados políticos, no solo se niegan a proporcionar a estos menores el amparo que la legislación española e internacional les concede, sino que además se permiten calificar a este colectivo como ôdelincuentesö e incluso propugnar un ôcambio en el sustrato socialö de la ciudad; un eufemismo que pretende encubrir lo que nosotros calificamos de simple y pura «limpieza étnica».
En su afán alarmista, las Autoridades de Melilla se autodescalifican al insistir en que ôla ciudad se encuentra desbordada por los menores que llegan a diarioö sin publicar cifras que avalen esta afirmación, ante el conocimiento de que su numero es muy similar al de otros años, aunque no seria de extrañar que en los próximos días -tras una «relajación» interesada del control fronterizo- apareciesen doscientos menores mas por la frontera para así poder justificar ese desbordamiento del que tanto hablan. Mientras tanto, se da la paradoja de que ni_os marroqu¡es acompa_ados por sus padres y perfectamente documentados, que pretenden simplemente visitar nuestra ciudad para hacer compras, visitar familiares o sencillamente pasear, se les est cerrando el paso a Melilla impidiendo de esta forma el normal desenvolvimiento de las relaciones familiares y de buena vecindad entre uno y otro lado de la frontera.
El af n compulsivo de nuestras autoridades publicas por la repatriaci¢n de estos menores que se encuentran acogidos en la Ciudad y que pretenden enmascarar bajo la sugerente formula de «reagrupaci¢n familiar», choca frontalmente con la norma y con las recomendaciones que el Defensor del Pueblo y las instrucciones del Fiscal General del Estado han realizado recientemente. La reagrupaci¢n familiar de cualquier menor, pasa por llevarse a cabo de forma que garantice que este, va a ser acogido en las condiciones que corresponde y con la garant¡as suficientes, que las familias puedan cubrir las necesidades m¡nimas que precisa cualquier menor y, sobre todo contar previamente con que las familias correspondientes son quienes los reclaman as¡, como la expresa voluntad del menor cuando este tiene cierta edad. Esto ser¡a lo correcto y no atraparlos, introducirlos en un coche patrulla y abandonarlos a su suerte en tierra de nadie.
Conviene, en este punto, recordar al Delegado del Gobierno de Melilla que su obligaci¢n es la de documentar con car cter inmediato a los menores que la Ciudad Aut¢noma tiene acogidos, siguiendo las recientes recomendaciones del Defensor del Pueblo Espa_ol, poniendo as¡ fin a esta pol¡tica de satanizaci¢n desatada ante la opini¢n publica y destinada a amparar las futuras repatriaciones indiscriminadas y arbitrarias, que Gobierno y Ciudad Aut¢noma planifican. Estas intenciones maliciosas y contrarias a las normas pretendida y anunciada por las autoridades de Melilla, solo pueden responder a una estudiada pol¡tica de limpieza ‘tnica centrada en las personas de los menores marroqu¡es y, que ser denunciada por los Verdes de Melilla, ante los organismos nacionales e internaciones competentes con todos los recursos medi ticos y legales a nuestro alcance.
