Recordemos que la provincia fue intervenida el 17 de diciembre de 1999, una semana después de haber asumido el actual Ejecutivo, mientras se reprimía a miles de desocupados cortaban un puente exigiendo puestos de trabajo. A consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad dos trabajadores fueron asesinados, por balas disparadas, presuntamente, por efectivos de la Gendarmería nacional.
La denuncia, presentada en horas de la mañana precisa que fueron violados los artículos 6 y 29 de la Constitución de la Nación.
ôEl Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provinciaö, reza el artículo 6.
En tanto, el artículo 29 de la Carta Magna sostiene que ôel Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder poblico, ni otorgarles sumisiones o supremac¡as por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetar n a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
Iglesias sostuvo en su presentaci¢n que Mestre «ha convertido a la provincia de Corrientes en un territorio cautivo de la Naci¢n, una verdadera Colonia del Estado Federal, todo ello con la anuencia y solidaridad del titular del Poder Ejecutivo Nacional, donde no se ha garantizado la forma republicana de gobierno.
La gesti¢n del interventor federal ha contribuido decididamente a una clara dependencia del mismo respecto de uno de los partidos de la coalici¢n gobernante en el orden nacional, m s precisamente la UCR».
Asimismo, lo acusa de haber destituido a «distintos jueces sin explicar por qu’ y en much¡simos casos removi¢ a magistrados con much¡simos a_os en el Poder Judicial».
En ese sentido, agrega, «hoy se desempe_an en la Justicia correntina jueces subordinados al poder pol¡tico intervenido como es de conocimiento poblico sin que al respecto se hayan cumplido las metas previstas al intervenir el poder».
Justificando la subordinaci¢n a la que alude el denunciante, evalu¢ que el interventor «design¢ jueces reemplazantes y lo hizo en la persona de j¢venes abogados que vinieron de la provincia de C¢rdoba, insaculados del ri_¢n de amistades del Dr.Mestre y pertenecientes a un sector pol¡tico radical».
En otro p rrafo, el escrito puntualiza, «a esto debe agregarse que los fines de semanas, estos funcionarios visitan C¢rdoba, su provincia de origen, con gastos reservados a cargo de la provincia de Corrientes».
Para el doctor Iglesias s¢lo «un sistema de facto o dictadura permite aceptar este estado de cosas». Y profundiza aon m s, al destacar que desde el Ejecutivo nacional «se maneja el poder judicial de lo que fuera la provincia, hoy colonia o territorio de Corrientes».
La denuncia apunta, asimismo, a la presunta comisi¢n del delito de «abuso de autoridad y violaci¢n de los deberes de los funcionarios poblicos».
