La validez jurídica de los decretos de genocidio del presidente Benes fue adoptada como acuerdo, aunque ya repetidas veces el gobierno había sido requerido por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y también por la Cámara de los Representantes de EE.UU. para derogar estos decretos.
Con ello se hace evidente que los políticos checos no entienden nada del Derecho Internacional y por ello tampoco consideran aplicable el derecho de la UE, sino que continúan defendiendo la ley del más fuerte.
Los esfuerzos llevados a cabo en los últimos días por los políticos checos de alto rango para obtener de los estados participantes de la Conferencia de Potsdam de 1945 un placet (aprobación) para el destierro, deben por ello ser valorados como una preparación intencionada para este acuerdo anti-europeista.
Este pretexto estereotípico referiéndose al protocolo de Potsdam, que únicamente confirmaba la comisión de control aliada como transitoria, forzosamente pierde cualquier validez, ya que no se trata de ningún Tratado Internacional, que „a cargo de terceros“ de antemano no sería válido y que además no fue ratificado por el Consejo de Representantes americano.
La intención está clara: El robo de tierras y de bienes no deberá ser subsanado según las reglas generalmente reconocido del Derecho Internacional y del Derecho de las Organizaciones Internacionales. Cada cuarto checo fue usufructuario del destierro y asimismo el propio Estado, con su fondo para la renovación nacional, el fondo de tierra y las empresas nacionalizadas.
De 240.000 propietarios de Sudetes se confiscaron como „pena colectiva“ 2,4 millones de hectáreas, 28.000 casas de alquiler, 180.000 casas unifamiliares, 13.000 explotaciones industriales y 84.000 empresas, 1 tonelada de oro, 34 toneladas de plata, 7.200 cajas fuertes, seguros, libretas de ahorro y valores.
La totalidad del patrimonio de los sudetesalemanes y de los húngaros ascendía a aprox. 50 millares de Euros.
Según el derecho de la UE los derechos personales y los derechos humanos, al igual que la protección de la propiedad privada, tienen una prioridad absoluta. Los decretos de genocidio significaron una violación brutal de ambos. Ante estos hechos la invocación de un orden de postguerra hace evidente el punto de vista nacional-bolchevique de los políticos checos y la escasa madurez política de la sociedad checa, que bajo estas circunstancias no puede ser aceptada en la comunidad de los estados europeos. Ante esta situación de hecho, es completamente incomprensible la comedia que representa el Comisario de Ampliación Verheugen, absolutamente desbordado de trabajo.
