Por ejercicios, durante el presente año 2007 la inversión prevista es de 114.952,41 euros, mientras que para 2008 se destinarán 176.805,36 euros y para el periodo correspondiente de 2009 un total de 60.370,55 euros.
Las sedes de Barcelona verán reforzada su seguridad, dentro del plan que aprobó el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros para 12 Comunidades Autónomas, que habían denunciado falta de seguridad en los edificios judiciales.
Igualmente, estas medidas comenzarán a funcionar en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Murcia, La Rioja, Andalucía, Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana.
El importe global de este contrato es de 18.269.613,51 euros, de los cuales 17.745.513,51 se destinan a vigilancia, mientras que los 524.1000 euros restantes irán a parar al apartado de inversión en sistemas de seguridad pasiva.
El Ministerio de Justicia decidió tomar esta medida a petición de varias Comunidades que han sufrido distintos altercados en edificios judiciales, donde la presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia de los edificios judiciales es escasa. Por ello, y aparte de que está prevista la incorporación de personal de la Guardia Civil, se ha decidido recurrir a servicios de seguridad privada externa como complemento y refuerzo de la actuación policial.
