Los autos establecen que esta aportación no pone en riesgo la viabilidad financiera de las empresas en tanto que pueden aplazar o fraccionar sus pagos, a la vez que ponen de manifiesto el indudable interés público que subyace en la Ley de financiación de RTVE, así como la prevalencia de los intereses generales frente a los particulares.
La eventual estimación de la pretensión de estos operadores de telecomunicaciones de suspender su aportación a RTVE habría hecho necesario reformular el presupuesto de la Corporación hasta la resolución definitiva de la demanda formulada por dichos operadores, con los evidentes perjuicios que ello hubiera supuesto para la viabilidad de RTVE.
El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, recordó que este nuevo sistema de financiación deriva de la exclusión de la publicidad de RTVE, lo que hace obligada la aportación de los operadores que, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la televisión privada, se están viendo beneficiados por esta decisión. Asimismo expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo y se mostró “convencido de la plena legalidad del modelo de financiación de la corporación, que garantiza la sostenibilidad económica de unos medios públicos independientes, plurales y al servicio de los ciudadanos”.
