La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada presuntamente al tráfico marítimo de personas y al transporte de drogas entre España y Argelia. La investigación atribuye al entramado al menos 64 episodios migratorios en los que habrían sido trasladadas irregularmente más de 2.000 personas hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza, con unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. La operación se ha saldado con 78 detenidos, 27 de los cuales han ingresado en prisión provisional, y con la incautación de 18 embarcaciones de alta velocidad valoradas en más de cinco millones de euros.
La investigación, iniciada en 2023, ha permitido identificar una estructura criminal de origen argelino que, según los cuerpos policiales, operaba desde hacía años en el Mediterráneo y contaba con una amplia red de colaboradores y medios logísticos. En la fase final del dispositivo participaron más de 180 agentes, con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de Francia, Portugal y Polonia. De los 78 arrestados, 77 fueron detenidos en España y uno en Argelia.
Entre los detenidos se encuentran cuatro responsables de la organización considerados Objetivos de Alto Valor por las autoridades, así como el denominado hawalader, encargado de la infraestructura económica del entramado. La red estaba dirigida por un máximo responsable que, según la investigación, se ocupaba de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de las actividades, además de facilitar armamento y sustancias estupefacientes y dirigir su distribución hacia distintos países del norte de África.
La organización funcionaba mediante varias subestructuras jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares y mantenía ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia. Los investigadores distinguen tres niveles funcionales: uno dedicado a la dirección estratégica y el control de las operaciones; otro compuesto por pilotos, transportistas y responsables de los medios operativos; y un tercero formado por colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros y testaferros.
Uno de los elementos centrales del entramado era su flota de embarcaciones de alta velocidad. Durante la investigación se han intervenido 18 unidades equipadas con tres o cuatro motores, con esloras superiores a ocho metros y que en algunos casos alcanzaban los catorce. El valor conjunto de estas embarcaciones podría superar los cinco millones de euros. La organización disponía además de vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS y antenas satelitales.
Drogas hacia Argelia y migrantes en el viaje de regreso
La red habría organizado su actividad mediante un sistema de doble flujo. Las embarcaciones eran utilizadas para transportar desde España hasta Argelia sustancias de síntesis como MDMA y, en el trayecto de regreso, trasladaban a migrantes hacia distintos puntos de la costa mediterránea española y Baleares.
Según la investigación, la organización podía cobrar hasta 12.000 euros por persona trasladada y algunas de las travesías llegaron a realizarse con alrededor de 50 migrantes a bordo. A los ingresos procedentes de estos viajes se sumaban los beneficios derivados del tráfico de drogas y del denominado “petaqueo”, el abastecimiento de combustible para las embarcaciones rápidas.
Las condiciones de los trayectos suponían un elevado riesgo para las personas transportadas. Los migrantes viajaban hacinados en embarcaciones que navegaban a gran velocidad, en ocasiones con fuerte oleaje, sin iluminación y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. Según la información policial, algunos pasajeros eran incluso atados para impedir que cayeran al mar durante la travesía.
Antes de alcanzar la costa argelina desde la que partían las embarcaciones, muchos migrantes habían recorrido distintos países africanos. Una vez en las zonas de embarque, algunos eran alojados en infraviviendas que funcionaban como puntos de espera, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, hasta el inicio del viaje hacia España.
Violencia para controlar la organización y proteger las embarcaciones
La investigación también describe un elevado nivel de violencia dentro de la estructura criminal. Los agentes han detectado amenazas, coacciones y agresiones dirigidas tanto contra integrantes del propio entramado como contra los migrantes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según los investigadores, la organización utilizaba un sistema interno de control basado en la intimidación y la violencia física y existían referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte. Los agentes han documentado además contactos con organizaciones conocidas como la “mocro maffia” y el “milieu marsellés”, desde donde, según la investigación, se impartían directrices de control.
La protección de las embarcaciones constituía uno de los principales motivos de esta violencia debido a su elevado valor económico. Los responsables del entramado habrían llegado a instruir a los pilotos para enfrentarse a los agentes con el objetivo de evitar la pérdida de estos medios.
Durante la operación se han practicado 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante. Los agentes se han incautado de 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, 500 gramos de cocaína y 40 gramos de metanfetamina. También han intervenido un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y otros materiales especializados. Las autoridades han ordenado además el bloqueo preventivo de bienes presuntamente vinculados con la organización, entre ellos cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales responsables.
Las 78 detenciones se han producido en Almería, donde fueron arrestadas 36 personas; Murcia, con 13; Alicante, con 11; Ibiza, con seis; Cartagena, Palma de Mallorca y Palencia, con dos en cada localidad; y Huelva, Córdoba, A Coruña, Sevilla, Lugo y Argelia, con una detención en cada caso. A los arrestados se les atribuyen, entre otros, delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando y blanqueo de capitales.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Sol, 7 de agosto). OpenAI).
