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Tras el cese del antiguo gobierno de CIU y, por ende, del responsable de la Consellería de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, y del director general de Puertos, Enric Ticó, el dossier sobre el puerto de Roda de Bará paso a manos del nuevo conseller, Joaquim Nadal, quién prefirió no abordar resolución alguna hasta conocer y analizar los hechos motivo del conflicto en su totalidad. Jean Marchand jamás cumplió por sentirse engañado, y menos en el plazo que Ticó le impuso, las condiciones que se le exigieron a cambio de mantener la concesión administrativa,- presentación ante la dirección general de Puertos y Transportes los resguardos originales del depósito en la Caja General de Depósitos de la Generalitat de los avales constitutivos en concepto de garantías de ejecución de las obras, inmediata reanudación de las obras paradas desde mediados de mayo de 2003 sin causa justificada, presentación de un nuevo programa de obras y certificado relativo al grado de cumplimiento de las garantías de los amarristas-, limitándose a responder a Enric Ticó en tono amenazante, por considerar a su administración responsable del deterioro de la imagen pública de su empresa y de la desconfianza de las entidades bancarias.
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El 23 de diciembre de 2003, una vez que el nuevo gobierno tripartito hubiera tomado posesión, Rosa Busquest, jefa del servicio de Puertos, comunica oficialmente a Jean Marchand el inicio del procedimiento de resolución de la concesión administrativa otorgada por el gobierno de la Generalitat con fecha 28 de septiembre de 1993 a la empresa Port Roda de Bará S.A para la construcción del puerto deportivo y se le otorga un trámite de audiencia para que pueda alegar, en el plazo de un mes, lo que considere pertinente para la defensa de sus intereses. La notificación se envía con copia al Ayuntamiento de Roda de Bará, a la Demarcación de Costas de Tarragona y al resto de partes interesadas,- incluidos los amarristas -, con el fin de que puedan emitir las alegaciones pertinentes también en el plazo de un mes.
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No cabe duda de que la mejor defensa es un buen ataque, y eso es lo que debió pensar el promotor francés. Fiel a su versión particular de los hechos, Marchand responde a Rosa Busquets, pero no para enviarle sus alegaciones sino para acusarla de la emisión de ciertas declaraciones a un diario catalán en las que afirma que «presumiblemente, una vez recuperada la concesión se convocará un nuevo concurso…«. Según Jean Marchand, quién anteriormente había declarado que los problemas que tenía con las constructoras SATO y NECSO no eran motivo para retirar una concesión, las declaraciones de Busquets habían dado al traste con las negociaciones abiertas con cierta entidad bancaria para la consecución de un crédito de 25 M de francos (3,8M€). Esta carta es enviada con copia a Felip Puig, quién ya no ostentaba el cargo de Conseller de Política Territorial y Obras Públicas con fecha siete de enero de 2004.
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Desde entonces y hasta el día de hoy, Jean Marchand, al que deberíamos aplicar el alias de «el Incombustible«, ha perdido el litigio que lo enfrentaba a la constructora SATO ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, lo que le supondrá un desembolso millonario en euros; ha mantenido una insatisfactoria reunión con Joaquim Nadal, durante la cual el conseller se limitó a «sugerir» al empresario francés que saldara sus deudas con las constructoras; y ha rechazado acuerdos ofrecidos por Necso, quien sorprendentemente se mantiene a la expectativa sin mover pieza; todo esto sin dejar de buscar soluciones que pudieran beneficiarle; eso sí, cada vez mas políticamente incorrectas.
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Su visión napoleónica de la vida y de los negocios le llevan a adoptar actitudes límites capaces de romper con toda ortodoxia y terminar con la paciencia del interlocutor mas agudo; y ya lo ha advertido: » aunque pierda el puerto y toda mi millonaria inversión, no me marcharé sin luchar hasta mas allá del final«, un órdago que va directo a la administración catalana.
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Ayer Marchand comenzó a quemar su penúltimo cartucho. En carta dirigida a Joaquim Nadal le asegura que «cedemos a la sociedad Palval Holding, del grupo HRH propiedad del príncipe Hussam Bin Saoud Bin Abdul Aziz de Arabia Saudita, el 70% del capital de Port Daurat con una opción de compra sobre la totalidad«. Curiosamente, en el documento que se encuentra en nuestro poder, la única alusión que encontramos al término «HRH» es » HRH Prince Hussam Bin…», es decir, » Su Alteza Real el Píncipe Hussam Bin…», pero en ningún caso aparecen estas siglas definiendo a grupo empresarial alguno. El término Palval Holding, nombre de la empresa que según Marchand efectua la adquisición y que pertenece a «HRH»,- siempre tal y como afirma el empresario francés-, tampoco aparece en el documento de intenciones que sí está firmado por Zahi Katar bajo el cargo de director, aunque sea muy difícil adivinar a qué compañía pertenece este puesto y el señor Zahí Katar. Lo único comprobable es que la carta de intenciones está fechada a día 23 de marzo. En dicha misiva de intenciones, la supuesta Palval Holding por mediación de Zahi Katar manifiesta a Marchand su interés en llegar a un acuerdo financiero sobre el proyecto, manteniéndose por el momento a la espera del resultado de la auditoria que PricewaterhouseCoopers está realizando, cuyas conclusiones se emitirán durante la segunda quincena del próximo mes de mayo.
Tal y como afirma el empresario francés, quién se ha apresurado a lanzar el órdago a Nadal aunque según se desprende del documento la operación que él promulga como realizada queda sometida al resultado del informe auditor de PricewaterhouseCoopers, «la realización de las obras será confiada a la sociedad SOMAGEC S.A, Sociedad Magrebí de Ingeniería Civil, con capital de 101.500.000 DHS (Dirhams)(9,29 MM de Eu) y sede en Casablanca«. SOMAGEC S.A es la constructora de los puertos de Casablanca, Agadir, Aluceima, Mohamedia y Sidi Ifni.
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Lo cierto es que la Generalitat de Cataluña no ha enviado por el momento el documento definitivo de rescisión de la concesión administrativa a la sociedad Puerto de Roda de Bará S.A y tampoco ha dado explicaciones del por qué unos trámites de cancelación que se iniciaron con tanta celeridad durante el pasado mes de diciembre, todavía no se han resuelto. Llegados a este punto, las interpretaciones dependerán del cristal con el que se miren.
¿En manos de quién se encuentra en estos momentos la concesión administrativa indispensable para la construcción del puerto?. ¿Puede Jean Marchand negociar la venta de la concesión?. ¿Habrá considerado la Generalitat como rescindida la concesión aún sin haberlo comunicado a la concesionaria?. Sea como fuere, la provocación del francés debería tener como resultado una reacción inmediata de las autoridades catalanas, una respuesta que espera con paciencia el pueblo de Roda de Bará, que se enfrenta a otro verano turístico con una playa destrozada, una construcción totalmente deteriorada, un paisaje absolutamente dantesco y un puerto sin construir.
A sabiendas de la evolución que durante 2003 y parte de 2004 ha experimentado el complicado «affair» puerto de Roda de Bará que implica a dos gobiernos, varios intermediarios especulativos y una promotora, no cabe duda de que es el momento de constituir una Comisión de Investigación independiente en pro del principio de transparencia, que delimite y pula responsabilidades que podrían incluso ser, presuntamente, constitutivas de delito.
Gema Castellano
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