Por su parte, el Ministerio Fiscal, en su Escrito de Calificación, se adhiere a la acusación particular representada por el abogado Felipe Izquierdo solicitando expresamente la pena de cárcel de dos años y cuatro meses para Mariano Rigau Cañardó, así como la imposición de la fianza. El auto del Juez Conejo Heredia fue comunicado el pasado doce de diciembre otorgando un plazo a Rigau o en su defecto al RACC de veinticuatro horas para presentar la fianza de 2.064.020 euros, así como un plazo de tres días para que comparezcan ante el juez. En los diez días siguientes los acusados deberían formular su escrito de defensa frente a unas acusaciones cuya formulación, según Felipe Izquierdo, no dejan ninguna duda de la mala fe y el oportunismo del acusado con un resultado de quiebra técnica para su defendida.
Los hechos se remontan a principios del año 2001, cuando MUPAR, entidad Mutua Patronal Ribagorçana que agrupaba a los empleados jubilados de FECSA-Endesa, unos 11.500 entre pensionistas y familiares, mutua de previsión social cuyo objetivo era obtener cobertura asistencial para sus mutualistas; firmó un acuerdo con el RACC por el que éste se convertía en su socio protector y asumía, entre otras obligaciones, la función de gestión de coberturas y contratos de reaseguros de MUPAR. Rigau Cañardó era en aquel momento Director General del Racc, y de conformidad con el convenio firmado, fue nombrado administrador general de MUPAR con fecha de 28 de febrero de 2001. Entre la fecha de su nombramiento y el mes de abril de 2001 Rigau instó al presidente de MUPAR a suscribir ocho contratos de reaseguros con diferentes compañías que debían suponer unos ingresos para la mutua de 1.551.895,23 euros.
En mayo de 2001 MUPAR decide poner fin a su relación con el RACC hasta elegir una compañía sustitutiva pero no con Rigau Cañardó, quién continuó en sus funciones hasta abril de 2002. Según manifiesta en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal, con fecha diez de enero de 2002 Rigau Cañardó envía una carta al intermediario de las operaciones por las que se firmaron los contratos de reaseguros “rogándole” que la hiciera llegar a las compañías aseguradoras. En dicha carta el acusado afirma falsamente que MUPAR desaparecía e iba a ser absorbida por Allianz Seguros mientras que Racc Salud y Universal iniciaban su andadura. Con esta información, las citadas compañías reaseguradoras deberían entender que los derechos, obligaciones y liquidaciones de los contratos de reaseguros pactados por MUPAR pasaban automáticamente a RACC, entidad con quién a partir de entonces deberían entenderse.
Felipe Izquierdo y su colaboradora, la también abogada Eva Infante, inciden en la mala fe del acusado en esta maquiavélica operación que ha llevado a MUPAR a la quiebra técnica y posterior disolución por la Dirección General de Seguros de la Generalitat de Cataluña en julio de 2003; e insisten en que estos hechos son constitutivos de delito y comportan responsabilidad criminal. Izquierdo e Infante hacen hincapié en los perjuicios ocasionados a un colectivo muy significativo por haber pertenecido a una de las empresas más sólidas del país. Por el momento, el Juez Jaime Conejo Heredia ha visto claramente indicios de delito de administración desleal y estafa procesal imponiendo una fianza millonaria que en el momento de la publicación de esta noticia debería haberse depositado ya por parte del acusado, o en su defecto, del Real Automóvil Club de Cataluña, (RACC). Recordemos que en 2004 el RACC ya fue condenado a satisfacer a MUPAR la cantidad aproximada de 200.000 euros en vía civil, por hechos relacionados con este caso.
Gema Castellano
