A principios de 1995 CORREPI, analizando la situación represiva en aquel momento, afirmó: «Mientras se consolida el uso por parte del estado de una política represiva que caracterizamos como indiscriminada, por cuanto se utiliza contra cualquiera que responda a los parámetros sociales de los sectores más desprotegidos y cuyo objetivo es esencialmente el control social de esos segmentos juveniles, marginados o de minorías discriminadas, es evidente el surgimiento de una nueva vertiente represiva, más explícita, y dirigida puntualmente contra quienes luchan o se defienden de la violencia económica del sistema». Desde entonces hemos podido comprobar cómo, sin dejar de emplear herramientas de control social como el gatillo fácil, la tortura o las detenciones arbitarias, el sistema aumentó la represión directa a las movilizaciones populares, a las luchas sindicales o estudiantiles, tanto de manera explícita con palos, balas de goma y de las otras, como adecuando el aparato judicial y legislativo en lo que denominamos la «judicializaci¢n del conflicto social».
Ejemplos son lo que nos sobra para sustentar esta caracterizaci¢n: desde el Santiagazo a la fecha, pocos reclamos populares, movilizaciones o puebladas han logrado esquivar la represi¢n m s o menos virulenta, incluyendo heridos y hasta muertos como en Ushuaia (V¡ctor Choque), Cutral Co (Teresa Rodr¡guez), Corrientes (Mauro Ojeda y Francisco Escobar) o Salta (An¡bal Ver¢n). Paralelamente, los jueces han cumplido su rol reprimiendo con el c¢digo penal en la mano a luchadores populares, aplicando generosa y forzadamente figuras como el atentado y resistencia a la autoridad, la coacci¢n agravada, la interrupci¢n del tr nsito vehicular, la asociaci¢n il¡cita, la prepotencia ideol¢gica, la instigaci¢n a cometer delitos, la usurpaci¢n, etc. (recordar las causas Panario-Christiansen-Estrada, «Lobo» Mart¡nez, los piqueteros de Comodoro Rivadavia, Castells, entre muchas otras). Las legislaturas nacional y locales han acomodado sus normas para dar mejor cabida legal a las conductas que el Estado quiere tipificar como delictivas porque lo ponen en potencial riesgo. As¡, desde los proyectos de leyes antiterroristas luego derivadas en hijos putativos como la ley del arrepentido, pasando por el Decreto 150 que penaliza los «escraches», llegamos al establecimiento del discurso de la «inseguridad» como prioridad m xima, ¢ptima y efectiva herramienta para endurecer -tratando de obtener consenso de las capas medias- aun m s el sistema penal e incluir nuevas figuras que permitan reprimir prolija y legalmente.
Por eso propusimos que la marcha del pasado 20 de abril simbolizara tras las figuras de Walter Bulacio y Emilio Al¡ estas dos vertientes represivas, al cumplirse 10 a_os del asesinato por la polic¡a del priemero y horas antes de iniciarse el juicio oral contra el segundo, acusado de extorsi¢n por reclamar pan para los excluidos del sistema.
Hoy Emilio ha sido condenado a cinco a_os y medio de prisi¢n en medio del aislamiento pol¡tico al que lo condenaron, aun antes que la justicia del sistema, las burocracias pol¡ticas y sindicales.
CORREPI convoca a todas las agrupaciones que de una manera u otra se movilizar n este 1¡ de Mayo a poner en el lugar central de todas las actividades el reclamo por la libertad de Emilio Al¡, compa_ero en nuestra lucha antirrepresiva y ejemplo de c¢mo los excluidos recuperan la dignidad arrebatada peleando por sus derechos.
CORREPI
