Nacional: «El sustituto del ½caso Zamora+ tiene dos causas penales abiertas en Benavente». Madrid: «El Ayuntamiento concede contratas a un implicado en el ½caso Naseiro+». Canarias: «Cuatro miembros del PP, imputados en la agresión a una abogada de Tenerife». Galicia: «El juez admite una querella contra el alcalde de Vigo por prevaricación»… Estos son algunos de los titulares de prensa que cualquier ciudadano puede leer diariamente sobre la actualidad política de nuestro país. La estela de corrupciones dejada por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) en sus trece años de Gobierno han eclipsado a un Partido Popular igualmente «salpicado» de irregularidades y delitos desde la época en la que estaba en la oposición. Incluso hoy, después de tres años en el poder, los antiguos asuntos turbios de ex dirigentes socialistas parecen hacer olvidar que el PP (antes, Alianza Popular) dista mucho de ser un partido ½inmaculado+.
El llamado «Codigo ‘tico» que el PP present¢ en las oltimas elecciones generales de 1996, y que llev¢ a Jos’ Mar¡a Aznar al Palacio de La Moncloa, dice textualmente: «El Partido Popular cree en un sistema en el que el ejercicio del poder pol¡tico sea un deber, una responsabilidad de servicio a todos y no un medio para obtener beneficios personales. Deseamos que los ciudadanos no perciban a los pol¡ticos como unos privilegiados en situaci¢n ventajosa frente al resto de los ciudadanos. Los pol¡ticos han de ser los primeros a la hora de hacer sacrificios y los oltimos a la hora de beneficiarse de su situaci¢n de poder. El Partido Popular est dispuesto a exigirse y a exigir honradez en la administraci¢n y gobierno de los intereses poblicos».
Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que Espa_a es el estado cuya imagen ha mejorado m s en los dos oltimos a_os en todo el mundo en lo referente a la lucha contra la corrupci¢n, podr¡a parecernos que el compromiso electoral del PP se estaba cumpliendo. Nuestro pa¡s fue «suspendido» con 4,31 puntos por el FMI en 1996, pero en febrero pasado ha alcanzado un «aprobado», de 6,1 puntos. Por su parte, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos’ Mar¡a Michavilla, afirm¢ el 29 de abril oltimo que «la preocupaci¢n de los espa_oles por la corrupci¢n ha descendido paulatinamente entre 1995 y la fecha actual», al presentar el bar¢metro de febrero del CIS (Centro de Investigaciones Sociol¢gicas).
Lo que no dijo Michavilla era que el dato era de una encuesta anterior, de diciembre de 1998, y no al bar¢metro de febrero. Con esta argucia, el Gobierno pretendi¢ anular las denuncias de corrupci¢n que le est lanzando el PSOE en esta ‘poca preelectoral. ¨Por qu’ lo hizo? Posiblemente, porque los hechos son distintos.
El panorama de la corrupci¢n y de las irregularidades en las que est n implicados destacados militantes y mandatarios «populares» casi alcanza la cifra de los 200 casos, segon han öfiltrado+ a Informativos.Net fuentes confidenciales. De estos dos centenares de casos, 160 han sido recopilados por el Partido Socisliasta Obrero Espa_ol en un documento reservado hata la fecha, pero que muy pronto ver la luz: cuando comience la campa_a electoral. Asimismo, los altos cargos de la oposici¢n socialista est contemplando seriamente en seguir la estrategia en esta campa_a de airear el centenar de incumplimientos que el PP, segon el PSOE, ha cometido despu’s e tres a_os de Gobierno y que tiene recogidos en otro documento privado.
Algunas de las corruptelas del PP -de indudable importancia pol¡tica y econ¢mica- datan de la ‘poca en la que la antigua AP (Alianza Popular) dirigida correlativamente por Manuel Fraga, Antonio Hern ndez Mancha y Jos’ Mar¡a Aznar, ten¡a que conformarse con gobernar algunas autonom¡as, mientras que las elecciones generales eran su asignatura pendiente. Eran tiempos en los que el hoy presidente del Ejecutivo espa_ol reg¡a la comunidad de Castilla-Le¢n. Precisamente la autonom¡a donde m s «trapos sucios» se han acumulado a lo largo de todos estos a_os.
Uno de los primeros esc ndalos que se conocieron de la antigua Alianza Popular (hoy PP) fue el llamado öcaso Naseiro+, destapado casualmente cuando la polic¡a dise_¢ la öOperaci¢n N’cora+ para investigar tr fico de drogas y blanqueo de dinero negro. La polic¡a descubri¢ en unos öpinchazos+ telef¢nicos una red de empresas constructoras e Valencia, destinada a captar contratas poblicas multimillonarias, a cambio del pago de comisiones que, presuntamente, iban a las arcas del partido. En el esc ndalo estuvieron implicados el diputado Angel Sanch¡s, su «protegido» Rosendo Naseiro (tesorero del partido), el concejal Salvador Palop y el miembro del öclan Valladolid+ Arturo Moreno. El caso se sobresey¢ a causa de la nulidad de las pruebas obtenidas mediante estas escuchas telef¢nicas.
öAncha es Castilla+
Otros esc ndalos ya se conoc¡an desde antes, como el llamado öcaso Zamora+ (destapado por el periodista Manuel Angel Men’ndez y el autor del presente reportaje, entre 1987 y 1988, desde las p ginas de la revista Intervio). Pero cuando fueron revelados no tuvieron la repercusi¢n que tienen hoy, doce a_os despu’s, porque Aznar no gozaba de la relevancia pol¡tica de ahora, ya que al principio ni siquiera se perfilaba como «delf¡n» de Manuel Fraga.
«Ancha es Castilla» debi¢ de pensar Jos’ Mar¡a Aznar cuando lleg¢ a la presidencia de la Junta de Castilla-Le¢n, tras haber forzado a dimitir al anterior presidente, el socialista Demetrio Madrid, al que acus¢ de corrupci¢n falsamente, pues Madrid fue absuelto en el juicio correspondiente. El dicho se utiliza para expresar que se puede «obrar con total libertad» y, desde luego, esto es lo que hicieron numerosos mandatarios «populares», al margen de toda ley, en el ejercicio (y abuso) de sus cargos como alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones provinciales de la autonom¡a castellano-leonesa, al amparo del actual presidente del Gobierno.
El llamado öcaso Zamora+, por ejemplo, consisti¢ en que varios diputados de la antigua Alianza Popular (AP, hoy PP) cobraban de los constructores importantes comisiones a cambio de adjudicarles a ellos las obras de la Corporaci¢n provincial, sin pasar por el preceptivo consurso poblico. En muchas ocasiones, la trampa consist¡a en dividir estas obras por tramos de ejecuci¢n de hasta 50 millones de pesetas, que era el tope m ximo permitido por la ley para que dichas obras pudieran adjudicarse directamente. As¡, la construcci¢n de una carretera zamorana por valor de cien millones no constaba como una onica obra por tal importe, sino como dos de cincuenta.
Los responsables de AP de Zamora tambi’n «reclutaban» a la fuerza a los alcaldes independientes de la provincia, a los que visitaban para decirles que les conven¡a afiliarse al partido para que se hiciesen estas obras poblicas en sus pueblos. Los que lo hac¡an ve¡an como la Diputaci¢n provincial, presidida por Luis Cid Font n, protegido de Aznar, mejoraba los accesos, conducciones de aguas, electrificado, y hasta constru¡a un front¢n en su pueblo. Pero los que no se doblegaban «condenaban» a sus convecinos a carecer de las infraestructuras m s m¡nimas.
Los hechos fueron denunciados una y otra vez por los diputados y concejales zamoranos Luis Rodr¡guez Sanle¢n, del CDS (antes, UCD) y Francisco Chicharro, del PSOE. Sanle¢n denunci¢, asimismo, al entonces senador y hoy diputado «popular» Luis Ort¡z por haber participado en la recalificaci¢n irregular de los terrenos del pol¡gono «Las Villas», propiedad de unas empresas inmobiliarias de las que Ort¡z era accionista, que lo urbanizaron sin licencia de obras. Adem s, cuando Luis Ort¡z fue ministro de Obras Poblicas con UCD, se aprob¢ la construcci¢n de un puente de la autov¡a que dio acceso directo a dichos terrenos. Por si esto fuese poco, la inmobiliaria de la que Ort¡z era accionista obtuvo una bonificaci¢n del 90 por ciento de las consiguientes plusval¡as, que de cerca de setenta millones de pesetas quedaron reducidas a poco m s de un mill¢n.
Hoy, Luis Ort¡z puede verse implicado en el öcaso Zamora+ y, de hecho, ya est siendo investigado. Algunos de estos hechos se est n juzgando ahora, a ra¡z de la denuncia del constructor Eduardo Corrales, que declar¢ en marzo de 1997 que hab¡a tenido conocimiento de que otros tres constructores zamoranos, C’sar Mart¡nez Oma_a, Antonio Sangregorio y Miguel Vecino, entregaron un cheque de tres millones de pesetas a Jos’ Mar¡a Aznar, entonces candidato a la presidencia de la Junta castellano-leonesa, en el hotel Olid-Meli de Valladolid, entre abril y mayo de 1987. Segon su denuncia, Aznar prometi¢ a sus benefactores que el dinero que le hab¡an entregado les ser¡a devuelto multiplicado por cien. A ra¡z de esta denuncia, Jos’ Mar¡a Aznar se ha querellado contra Eduardo Corrales por supuestos delitos de injurias y calumnias. Es la primera vez en la historia que el presidente de un Gobierno de Espa_a se querella contra un ciudadano particular.
Hubo otros esc ndalos en Castilla-Le¢n durante el mandato de Aznar, como el llamado öesc ndalo de la construcci¢n+, que estall¢ en Burgos. En esta ocasi¢n, el alcalde burgal’s Jos’ Mar¡a Pe_a, del PP, se vi¢ envuelto en una trama de comisiones ilegales e «ingenier¡a financiera» para, supuestamente, financiar al Partido Popular. En este caso tuvo un papel primordial el empresario Antonio Miguel M’ndez Pozo, que en su d¡a declar¢ ante el juez que hab_ia entregado 600 millones de pesetas a Jos’ Mar¡a Aznar de forma totalmente irregular.
Pero m s recientemente, y ya con Jos’ Mar¡a Aznar en La Moncloa, han estallado otros caso m s en la otra comunidad castellana, la de Castilla-La Mancha. El m s importante de todos es el protagonizado por el «popular» Francisco Tomey, que ha sido apartado de su cargo de presidente de la Diputaci¢n Provincial de Guadalajara al ser acusado por la fiscal¡a del presunto delito de malversaci¢n de fondos poblicos por unos 3.500 millones de pesetas. Tomey est siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo. Pero la comisi¢n interna de investigaci¢n del PP no ha encontrado indicios de «irregularidad, corrupci¢n o anomal¡a contable». Tomey ya tiene antecedentes, al haber sido condenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo en 1995 por alterar los presupuestos de la Diputaci¢n de Guadalajara con cuatro consignaciones «contrarias a derecho» de los presupuestos de 1989 por un importe de 1.173 millones de pesetas. Asimismo, Francisco Tomey est siendo investigado por el Fiscal Anticorrupci¢n por presunta prevaricaci¢n, uso indebido de informaci¢n privilegiada y tr fico de influencias, entre otras irregularidades.
Islas «afortunadas»
Otro esc ndalo que ha salpicado al Partido Popular recientemente ha sido el que ha estallado en Canarias, concretamente en Tenerife. El aon diputado nacional del PP y ex presidente insular Francisco de la Barreda denunci¢ una presunta trama de corrupci¢n, consistente en la recalificaci¢n irregular de un solar del municipio de Tegueste, que estaba destinado a equipamiento educativo y pas¢ de la noche a la ma_ana a ser considerado «zona residencial», donde ahora se levanta la urbanizaci¢n El Tagre. De la Barreda puso los hechos en conocimiento de la abogada Julia Bango, quien ha sido agredida en plena calle y amenazada de muerte a trav’s de llamadas telef¢nicas que, presuntamente, se han hecho desde despachos del cabildo insular ocupados por los pol¡ticos canarios del PP.
Los imputados en este caso son Alfredo Gonz lez, consejero insular de Industria; Miguel Angel Labrador, portavoz del PP en el municipio de La Guancha; Mar¡a del Cristo P’rez y Elvira Gonz lez, abogadas del Partido Popular; Carmelo Barreto, vecino de Tegueste al que Julia Bango ha reconocido como su agresor, el pasado 6 de diciembre, y V¡ctor Rodr¡guez, constructor de la urbanizaci¢n El Tagre. Este oltimo ha sido denunciado, asimismo, por el secretario de pol¡tica municipal del PP tinerfe_o de haber ofrecido donaciones econ¢micas mientras Julia Bango estaba siendo presionada para que abandonase sus investigaciones.
El presidente del PP canario, Jos’ Miguel Bravo ed Laguna (quien fue sorprendido hace a_os hurtando art¡culos a la venta en unos famosos almaneces brit nicos) ha manifestado que el coordinador regional del partido, Ignacio Gonz lez, ser suspendido de militancia si resulta imputado en las diligencias judiciales abiertas por las agresiones a Bango. Entretanto, el presidente canario y «socio» del PP en el Gobierno canario y en el Congreso de los Diputados, Manuel Hermoso, de Coalici¢n Canaria, vulnera la ley de incompatibilidades al mantenerse como consejero de la sociedad Promociones y Construcciones Tagoror, S.A., de la que tiene el 20 por ciento de las acciones.
Por Carlos Mat¡as t
