Las cantidades exigidas en la extorsión oscilan entre los cinco y los diez millones de pesetas. Las cartas llevan fecha de junio y están escritas en vasco, aunque llevan una posdata en castellano y son de caracteríticas idénticas a las enviadas anteriormente a otros industriales de Euskadi, Madrid y de la Comunidad Foral.
Fuentes del Ministerio del Interior ponen en duda la voluntad de ETA de abandonar las armas, pese a que en el comunicado en el que anunciaba su tregua, así como en otros porteriores, advirtiera que, aunque cesaba la actividad criminal, mantenía abiertos sus canales de "aprovisionamiento", entre los que se encuentra el "impuesto revolucionario".
El plazo que da ETA a los empresarios para pagar este "impuesto" es de un mes. "Si en el plazo indicado no se halla en nuestras manos el dinero solicitado, ETA decidirá cómo influir sobre su fortuna o en su contra", dice la organización terrorista. Es la cuarta vez que ETA trata de extorsionar desde su declaración de tregua.
