Los grupos parlamentarios del PSOE, IU, PNV y Mixto han presentado un escrito en el registro del Congreso de los Diputados, en el que impugnan el acta de la sesión del 29 de julio de la comisión de investigación del lino, para que se anulen sus conclusiones definitivas, respaldadas por PP, CiU y CC, y se tengan que volver a discutir. Solicitan que, antes de aprobar definitivamente este acta, el presidente de la comisión, Luis Mardones, de Coalición Canaria (CC), convoque una nueva reunión para oír las cintas de esa sesión.
Para estas formaciones políticas, las cintas demuestran que no había el quorum suficiente para que prosperara ese día la propuesta del PP de prolongar durante el mes de agosto los trabajos parlamentarios porque, cuando fue sometida a votación, los parlamentarios de estas cuatro fuerzas políticas abandonaron la sala donde se celebraba la comisión. Estos grupos justifican su petición ante la posibilidad de que el acta de la comisión "pudiera no recoger" lo sucedido en el momento de la votación y, por ello, han solicitado al presidente de la misma una nueva reunión de la comisión para escuchar la grabación.
El objetivo de la oposición es demostrar, tras la audición, que la votación se realizó con la ausencia de la mayoría de los miembros de la comisión y, por lo tanto, debería entenderse nula a todos los efectos, lo que supondría que no tendrían validez las conclusiones que fueron aprobadas con el voto del PP, CiU y CC sobre esta comisión de investigación, que deberían volver a debatir.
Los grupos parlamentarios de la oposición reprochan a Luis Mardones que alegue "razones de tipo técnico" para justificar la imposibilidad de escuchar estas cintas, y subrayan que esta situación los sitúa en una posición de indefensión.
El portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Francisco Amarillo, dice que la mayoría con la que el PP y sus socios nacionalistas pretenden que el Pleno de la Cámara apruebe definitivamente las conclusiones del lino es "pírrica"; éstas sólo están respaldas por 176 votos, frente a los 172 que ha aglutinado la oposición. También ha advertido que el asunto no se cerrará en el supuesto de que las demandas de estos grupos no sean atendidas por la Cámara, porque hay un procedimiento judicial abierto por la Fiscalía Anticorrupción a instancia de las autoridades comunitarias.
