La cifra la facilitó a finales de julio pasado el propio Gobierno a un senador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se había quejado de que esta labor de asesoría no la estén realizando los propios técnicos de la Administración del Estado, que es la que ha pagado tan elevado precio. La participación del personal especializado de la Administración central del Estado no habría supuesto coste alguno para el erario público.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es la entidad oficial encargada de privatizar las principales empresas del Estado. Según ha explicado el Gobierno al senador socialista, el 28 de junio de 1996 el Consejo de Ministros aprobó un Programa de Modernización del Sector Público o Empresarial según el cual las entidades competentes para llevar a cabo este proceso son los gestores, que podrán ser internos (de la Administración) o externos (agentes privados) y que deberán emitir informes sobre la valoración de cada empresa a privatizar.
Estos gestores compiten entre sí modificando a la baja las respectivas comisiones que cobran por dichos informes, de tal forma que si en la privatización de Repsol la comisión fue del 2,95 por ciento en 1996, en la de Endesa, que fue en mayo de 1998, dicha comisión sólo fue del 1,7 por ciento.
