Las Comunidades (Lof) Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ de Loma de La Lata se dirigen a los tres poderes de la Provincia, al tomar conocimiento -por los medios de comunicación- del mensaje del Sr. Gobernador el 1¦ de mayo ppdo. ante la H. Legislatura y de negociaciones posteriores en Buenos Aires con la firma Repsol-YPF, relativas a la renovación de la concesion hidrocarburífera del yacimiento, gran parte del cual ha invadido y rodeado los espacios territoriales donde residen tradicionalmente nuestras Comunidades, para manifestar lo siguiente:
À La contaminación generalizada, los riesgos para la salud de nuestros peñi pobladores y los daños personales, materiales, culturales y morales, sufridos por décadas a raíz de dicha explotación, tuvieron una evidencia tremenda cuando, en octubre de 1995, la perforación para una bomba de agua en el puesto de un poblador de Paynemil revela la contami-nación por condensados de gasolina de la napa freática en gran volumen y en una extensa superficie. Las primeras inspecciones y an lisis realizados dan lugar en 1996 a una denuncia formal de la contaminaci¢n y riesgos ante 6 organismos oficiales, nacionales y provinciales, supuestamente de aplicaci¢n y/o contralor, formulada por la direcci¢n del Proyecto UNC-ApDH sobre «Defensa y Reivindicaci¢n de Tierras Ind¡genas».
o Posteriormente y ante evidencias de poluci¢n con metales pesados y otras sustancias t¢xicas de las aguas fluviales y subterr neas, y de intoxicaci¢n en los organismos de ni_os y adultos por sobre los ¡ndices tolerables, que surgen de an lisis qu¡micos y biol¢gicos, nuestras Comunidades deciden efectuarse ex menes y controles en centros especializados de Buenos Aires; el rea Salud Poblica del Gobierno resuelve, a su vez, implementar una investigaci¢n toxicol¢gica. Invitadas a una o dos reuniones preparatorias, nuestras Comunidades se han visto excluidas en adelante de este proceso y hasta la fecha ignoran toda informaci¢n, evaluaci¢n y resultado de dicha investigaci¢n, cuando se trata netamente de un asunto tan grave como la salud de sus integrantes.
o Paralelamente, otra denuncia de nuestro apoderado origina un expediente en la ¢rbita del Ombudsman de Naci¢n. Tampoco en este caso hubo informaci¢n sobre su tramitaci¢n y consecuencias, hasta que un buen d¡a del ’99 se le notifica una decision de archivo del expediente aleg ndose que el problema estaba solucionado, segon las autoridades y la empresa. Esto no fue consentido y s¡ contestado por nuestro representante.
o La Defensor¡a de Menores, a su turno y en representaci¢n de los ni_os de nuestras Comunidades, inicia una causa civil exigiendo al Gobierno provincial («socio» de las empresas petroleras) la provision de agua potable, primero de emergencia y luego tambi’n definitiva y suficiente para nuestras familias. El fallo favorable es vergonzosamente apelado por el Gobierno en varias instancias, siendo confirmado en todas ellas. El incumplimiento por parte del Gobierno de la sentencia judicial firme sobre la provision definitiva de agua origina una queja ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Washington-DC, 1998), aon pendiente por cuanto el Gobierno todav¡a no ha puesto en funcionamiento efectivo la planta potabilizadora, construida con deficiencias y, por supuesto, sin consulta ni participaci¢n de nuestras Comunidades.
o El Gobierno provincial solicita a un Equipo del PNUD la evaluaci¢n del impacto y da_o ambiental producido en la Provincia por las empresas petroleras, otra vez m s sin consulta ni participaci¢n de nuestras Comunidades. El Informe (1998) de los expertos, que calcula aquellos en el orden de unos 925 millones de pesos, s¢lo sirve como carta de negociaci¢n, no para remediar y compensar los perjuicios causados o para promover el desarrollo de las poblaciones afectadas, sino para presionar un impuesto de sellos y dudosos proyectos forestales. Los territorios de nuestras Comunidades son tratados en dicho Informe y, pese a nuestra posesion y propiedad comunitarias sobre los mismos, El Gobierno se arroga, en el caso y en la negociaci¢n, atribuciones que no tiene y una «representaci¢n» que nunca le hemos conferido.
Nuestras Comunidades expresan que este comunicado no pretende ninguna toma de posici¢n o injerencia alguna en las pujas intra o inter-partidarias, como tampoco en la eventual pugna competitiva entre empresas hidrocarbur¡feras. Consideramos que tanto dichas empresas operadoras como los funcionarios -que deber¡an velar por el bien comon- est n obligados a prevenir y evitar los da_os a las personas y al medio ambiente, y a repararlos y compensarlos en su caso. Ambos deben asumir sus responsabilidades respectivas.
Las Comunidades invocan las normas de la Constituci¢n Nacional en la materia (arts. 41 a 43, 1ra. Parte, Cap. 2, Nuevos derechos y garant¡as) y se permiten transcribir en lo pertinente las del art. 75, inc. 17 (pueblos y comunidades ind¡genas): «(…) Garantizar (…) la posesion y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo (…) Asegurar su participaci¢n en la gesti¢n referida a sus recursos naturales y a los dem s intereses que los afecten» (la negrita es nuestra).
En consecuencia, ambas Comunidades, en tanto leg¡timas poseedoras de territorios que no han sido saneados; directamente interesadas y afectadas por la explotaci¢n hidrocarbur¡fera; no indemnizadas y no consultadas ni participantes en todo este procedimiento, se reservan todos los derechos y acciones para impugnar un proceso que se lleva adelante a sus espaldas, tendiente a la renovaci¢n o prolongaci¢n de una concesion petrogas¡fera en Loma de La Lata. Marici weu !!
