Una investigación de los Mossos d’Esquadra ha permitido desarticular un presunto grupo criminal especializado en la comisión de estafas financieras mediante la suplantación de identidad. La operación se saldó el pasado 8 de julio con la detención de cinco personas, de entre 22 y 54 años, en Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac, acusadas de los presuntos delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició tras varias denuncias relacionadas con la suplantación de identidad y la contratación fraudulenta de productos financieros. Las pesquisas culminaron con el registro de un domicilio en Cerdanyola del Vallès, donde los investigadores localizaron 1.600 documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir pertenecientes a personas de distintos puntos de España. En el inmueble también se intervinieron documentación bancaria vinculada a operaciones presuntamente fraudulentas, teléfonos móviles, tarjetas SIM y 13.500 euros en efectivo.
Según los Mossos d’Esquadra, la organización llegó a obtener un beneficio ilícito superior a 131.000 euros en un periodo de tan solo doce días mediante el vaciado de tarjetas de crédito contratadas fraudulentamente utilizando la identidad de las víctimas. La investigación continúa abierta y los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevos perjudicados, ya que buena parte de la documentación intervenida permanece todavía pendiente de análisis.
Las diligencias apuntan a que el grupo actuaba siguiendo una operativa perfectamente estructurada. En una primera fase obtenía documentación de identidad sustraída que conservaba durante largos periodos de tiempo. Posteriormente seleccionaba al integrante cuya apariencia física presentaba un mayor parecido con la víctima para hacerse pasar por ella durante la contratación de tarjetas de crédito y otros productos financieros. Para evitar levantar sospechas, los investigados sustituían los datos de contacto de los titulares legítimos por otros bajo su control, lo que les permitía contratar sucesivamente distintos productos antes de que el fraude fuera detectado.
La monetización de esas operaciones constituía la fase final del procedimiento. La principal vía consistía, siempre según la investigación, en retirar efectivo en establecimientos de juego mediante operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar prácticamente el límite disponible de las tarjetas obtenidas de forma fraudulenta. Paralelamente, parte del crédito era empleado para adquirir teléfonos móviles de alta gama y otros artículos de fácil reventa en el mercado.
Uno de los elementos que resultó determinante para el avance de la investigación fue el análisis de las líneas telefónicas empleadas durante las contrataciones. Aunque las tarjetas SIM habían sido dadas de alta utilizando identidades falsas o de terceras personas, el estudio de los terminales permitió establecer conexiones entre diferentes hechos delictivos e identificar dispositivos que eran utilizados de forma recurrente por los distintos integrantes del grupo. Los investigadores también recurrieron al análisis de documentación bancaria, imágenes de videovigilancia, registros de acceso a establecimientos de juego, seguimientos policiales y otras diligencias técnicas para reconstruir la actividad de la organización.
De acuerdo con los indicios recopilados, la organización mantenía una estructura estable con un reparto definido de funciones. Algunos miembros se encargaban de obtener la documentación sustraída, otros asumían las suplantaciones presenciales de identidad, mientras que distintos integrantes gestionaban las líneas telefónicas, prestaban apoyo logístico o materializaban la retirada del dinero y la compra de productos con el crédito obtenido fraudulentamente. Para los investigadores, esa distribución de tareas, unida al uso compartido de dispositivos e identidades y a la reiteración de los hechos, constituye un indicio de la existencia de un grupo criminal orientado a la obtención continuada de beneficios económicos ilícitos.
La investigación también ha permitido constatar, según los Mossos d’Esquadra, la posible continuidad de esta actividad delictiva. Uno de los presuntos cabecillas ya había sido investigado por hechos similares y, en una operación conjunta desarrollada por los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional en 2018, le fueron intervenidos cerca de 1.400 documentos de identidad. En las actuaciones practicadas ahora se han localizado nuevamente documentos de terceros, documentación bancaria y dinero en efectivo, circunstancias que, según la policía catalana, refuerzan los indicios de que la actividad habría continuado en el tiempo.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.5, 15 de julio). OpenAI).
