Las actuaciones se iniciaron tras detectarse la creación y posterior difusión en internet de imágenes manipuladas de contenido sexual que han afectado a un total de nueve compañeras de clase, todas ellas menores de edad.
El caso, que se encuentra bajo la instrucción del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo@ de la Guardia Civil, pone de manifiesto los riesgos asociados al uso indebido de las nuevas tecnologías y la necesidad de abordar con rigor la responsabilidad penal y civil en el entorno digital.
El método de obtención de imágenes y la manipulación digital
De acuerdo con las indagaciones policiales, el menor investigado mantenía una relación de conocimiento personal con todas las víctimas, a quienes además seguía en sus perfiles de redes sociales. Aprovechando el acceso al contenido público de dichas cuentas, el joven obtuvo fotografías de sus compañeras de manera unilateral y sin contar con su consentimiento para tales fines.
Posteriormente, empleó herramientas de inteligencia artificial orientadas a la manipulación de imágenes para desnudarlas digitalmente y generar material pornográfico falso, conocido técnicamente bajo el término de deepfakes.
Una vez obtenido este contenido, el menor procedió a subirlo a una plataforma web de pornografía para adultos. Con el propósito de maximizar el alcance y la difusión del material, abrió un perfil específico en este portal web bajo la descripción «Subo chicas de mi insti hechas con IA». Dentro de este perfil, el material fue estructurado y distribuido en carpetas individuales que contenían datos de carácter personal de cada una de las víctimas, un factor que propició su identificación directa y amplificó de forma notable el impacto emocional y social en su entorno escolar y personal.
Alcance de la difusión y consecuencias legales para el menor y sus tutores
La rapidez con la que se propagan los contenidos en el entorno digital dificultó la contención del daño de forma inmediata. Antes de que se lograra la retirada efectiva de las imágenes falsas del portal para adultos, estas ya habían acumulado cerca de 40.000 visualizaciones, multiplicando el perjuicio sobre el derecho a la intimidad de las nueve menores en un periodo de pocas horas.
Los padres o tutores legales del joven deberán responder de forma solidaria ante las reclamaciones económicas y de indemnización correspondientes por los perjuicios causados a las familias de las compañeras afectadas.
Tras la identificación del presunto responsable, las diligencias policiales han sido remitidas y puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. El procedimiento se guiará por el marco establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la cual contempla tanto medidas de carácter penal como de naturaleza socioeducativa adaptadas a la edad del investigado.
De manera paralela, la legislación vigente determina que la responsabilidad civil derivada de los daños morales ocasionados a las víctimas no recae únicamente en el autor material de los hechos debido a su minoría de edad. Los padres o tutores legales del joven deberán responder de forma solidaria ante las reclamaciones económicas y de indemnización correspondientes por los perjuicios causados a las familias de las compañeras afectadas.
Este caso evidencia la importancia de guiar la información sobre menores y entornos digitales bajo criterios de responsabilidad social, evitando el sensacionalismo y analizando las repercusiones jurídicas y éticas del uso de herramientas tecnológicas para vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: Google. (2026). Gemini (versión del 15 de julio de 2026). Google)
