En 1996 el Archivo que Corach no se molestó en recibir personalmente tenía 282 casos registrados. En 2000, el Ministro Storani tampoco quiso recibir en mano la lista que ya sumaba 833 casos. Hoy llegamos al millar de muertes por gatillo fácil y torturas, y seguramente Mestre tampoco dará la cara.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la cara con «purgas» o «reestructuraciones» mediáticas, mientras ejercitan el «meta bala». Los escuadrones de la muerte que practican la «limpieza social» en las villas y barrios pobres, sobre los que venimos alertando desde hace años, hoy motivan acordadas de la Suprema Corte bonaerense, la misma que como máximo órgano judicial de la provincia es el garante final de la impunidad de los asesinos.
Nuestros muertos no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales. Casi todos responden a una misma definici¢n de clase: j¢venes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogm ticos con anteojeras caracterizarlos como v¡ctimas de una violaci¢n a los Derechos Humanos. Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que cada d¡a viene por m s. Sus muertes no fueron «errores» o «excesos» de perversas instituciones que deben ser depuradas, sino el resultado de las pol¡ticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotaci¢n.
