Fedecámaras, la principal organización empresarial venezolana, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), coinciden en que están agotadas las posibilidades de dialogar con el gobierno de Chávez y en que sólo los paros podrían obligarlo a rectificar el rumbo. La paralización de actividades durante 12 horas decidida por los empresarios, una medida sin precedentes en este país, responde a la aprobación «precipitada e inconsulta» de cuatro docenas de leyes, la mayoría de carácter económico, por parte de Chávez. El mandatario elaboró y sancionó esas normas mediante los poderes especiales que le atribuyó una ley del parlamento el año pasado.
Con la paralización de actividades, el empresariado «pide rectificación a las autoridades», dijo el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, después de una asamblea que aprobó la medida por unanimidad. «El propósito es fortalecer la democracia, no desestabilizarla», agregó El Consejo de Comercio, principal organización empresarial de ese sector, sostuvo que se tomar n todas las medidas necesarias para que un mill¢n de establecimiento comerciales de todo el pa¡s cierren sus puertas el 10 de
diciembre, inform¢ su presidente, Julio Braz¢n.
Empresarios de sectores estrat’gicos como el transporte y la construcci¢n anunciaron su adhesi¢n a la medida, mientras los ganaderos prev’n acciones adicionales y los de la pesca iniciaron el martes una paralizaci¢n por tiempo indeterminado. Mientras, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, anunci¢ que esta central sindical, la principal del pa¡s, estudia la realizaci¢n de una huelga general para exigir «un nuevo rumbo en la pol¡tica econ¢mica» que promueva el empleo y mejore los ingresos de los trabajadores.
El 13 de noviembre concluy¢ el lapso de un a_o en que Ch vez cont¢, avalado por el parlamento a trav’s de la denominada Ley Habilitante, con poderes extraordinarios para sancionar cuatro docenas de leyes. Sin embargo, dos terceras partes de las leyes s¢lo fueron conocidas al ser publicadas en la Gaceta Oficial y en los oltimos siete d¡as del plazo fijado por la Ley Habilitante.
Juristas como el constitucionalista Allan Brewer Car¡as afirman que el Poder Ejecutivo viol¢ la propia Ley Habilitante, que prev’ un lapso de 10 d¡as para que las normas sean revisadas por el parlamento antes de su publicaci¢n oficial. Del mismo modo, la Constituci¢n venezolana, cuya aprobaci¢n impuls¢ Ch vez en diciembre de 1999, establece que las leyes deben ser objeto de un debate participativo y abierto a la sociedad.
Los empresarios se quejan de la falta de di logo en torno de leyes claves para la econom¡a, referidas a tierras, hidrocarburos y pesca. «El gobierno s¡ estuvo abierto al di logo, pero eso no significa que deb¡amos incluir todas las observaciones» de Fedec maras, dijo, por su parte, el ministro de la Secretar¡a de la Presidencia, Diosdado Cabello.
En tanto, el presidente Ch vez comenz¢ la semana con un discurso de choque, que, segon analistas, contribuye a aumentar la tensi¢n. «Los reto a que paren el pa¡s para ver quien puede m s, si la oligarqu¡a o el pueblo soberano», se_al¢ Ch vez. El enfrentamiento con el sector empresarial «oligarca (…) me indica (..) que vamos por el camino correcto», agreg¢. El presidente venezolano ha impulsado un conjunto de cambios en la estructura pol¡tica del pa¡s desde su llegada al poder en febrero de 1999, en lo que llama «revoluci¢n social bolivariana». Sus cr¡ticos se_alan que mantiene un discurso populista con ciertos rasgos de «izquierda desactualizada».
En relaci¢n con las leyes m s pol’micas, los empresarios se_alan «un cambio inconsulto en las reglas de juego» y un «estatismo acrecentado». En relaci¢n con las tierras, la nueva ley le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de declarar terrenos «con vocaci¢n agr¡cola», as¡ como de examinar la productividad y uso de las haciendas, y no garantiza de manera suficiente el derecho de propiedad, segon la Federaci¢n de Ganaderos.
Por otra parte, la ley de hidrocarburos descarta la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan tener mayor¡a accionaria en las asociaciones con la compa_¡a estatal del sector (PDVSA), y aumenta los impuestos. En tanto, el sector pesquero industrial critica que la ley en la materia proh¡ba las capturas a m s de 10 millas n uticas de distancia de la costa, restrinja a la pesca artesanal a lagos y bah¡as y aumente los tributos. El presidente de la Federaci¢n Nacional de Asociaciones Pesqueras, Guido Solari, recalc¢ que «nadie paraliza unidades de producci¢n por gusto», pero reiter¢ que el sector continuar con su medida de fuerza hasta que se revisen las leyes en cuesti¢n.
Por su parte, la C mara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, la de mayor peso en el pa¡s, expres¢ que la acci¢n de protesta se ajusta a los «medios democr ticos», y es una respuesta a los «actos oficiales inconsultos que lesionan los intereses del pa¡s y violan el ordenamiento legal vigente».
Esta c mara est integrada por m s de 1.000 empresas, entre ellas algunas de las principales corporaciones petroleras internacionales, as¡ como firmas de telecomunicaciones y de alimentos estadounidenses, europeas y venezolanas.
El clima de enfrentamiento entre el gobierno y los sectores productivos podr¡a originar desabastecimiento de carne, pescado y leche, alert¢ el presidente de la C mara Venezolana de la Industria de Alimentos, Eduardo G¢mez Sigala.
La fuerza laboral en Venezuela es de 10 millones de personas, Fedec maras dice emplear a 80 por ciento, pero el desempleo es de 15 por ciento y la informalidad de 50 por ciento, segon datos oficiales.
