Provea, una de las instituciones más reconocidas en el país en el área de derechos humanos, presentó su balance anual octubre 2000-septiembre 2001, en el que señaló que el número de personas muertas en el país a manos de efectivos policiales y militares es la cifra mayor desde 1989, cuando
comenzó a documentarse el problema.
»La situación de los derechos civiles y políticos en el país muestra una regresión en la mayoría de ellos», aseveró Carlos Correa, coordinador general de PROVEA. Entre los fenómenos evidenciados están »el alarmante aumento de casos de violación del derecho a la vida y a la integridad personal, la existencia de casos de desaparición forzada de personas, la provisoriedad de la justicia», precisó Correa.
Por su parte, el coordinador de información de esta organización no gubernamental, Antonio González, recalcó que en materia de derechos económicos, sociales y culturales se »presenta un cuadro contradictorio».
Indicó que en algunas materias como los derechos a la salud, a la educaci¢n, a la alimentaci¢n y a la tierra, »existen pol¡ticas que a nivel conceptual son consistentes con una visi¢n garantistas de los derechos humanos».
Sin embargo, indic¢ que en la investigaci¢n que dio pie al informe se constat¢ que »a nivel de ejecuci¢n, coordinaci¢n y gerencia se presentan enormes fallas que implican una d’bil incidencia en la precaria situaci¢n de esos derechos», relacionados directamente con las carencias sociales en el pa¡s.
PROVEA le se_al¢ al gobierno de Hugo Ch vez que »las buenas intenciones no logran tener impacto» para consolidar y mantener una pol¡tica oficial que garantice plenamente los derechos humanos en el pa¡s. Ch vez cumplir
tres a_os en el poder el 3 de febrero de 2002. El militar retirado triunf¢ con un gran apoyo popular e impuls¢ una serie de reformas pol¡ticas e institucionales que ha bautizado como su »revoluci¢n social bolivariana».
En el nuevo marco institucional, en diciembre de 1999 entr¢ en vigencia una nueva carta magna, la Constituci¢n Bolivariana, que diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas consideraron como un avance en materia de derechos humanos, pues se aprob¢ un cap¡tulo
espec¡fico.
De acuerdo con la organizaci¢n, luego de dos a_os de expectativas favorables hacia las autoridades, en el per¡odo entre octubre de 2000 y septiembre de 2001 »se diagnostica que en muchos casos se presentaron importantes regresiones».
En relaci¢n con el aumento de muertes a manos de efectivos policiales y militares, que fue 41 por ciento superior al registrado en el informe anterior de la ONG, se menciona como »signo m s alarmante» la actuaci¢n de »grupos de exterminio» en al menos seis provincias del pa¡s, segon denuncia de la Defensor¡a del Pueblo. PROVEA incluy¢ por primera vez el derecho a la seguridad ciudadana y en esa materia constat¢ que la tasa de homicidios en el pa¡s se cuadruplic¢ en los oltimos 14 a_os. El a_o pasado se registraron un poco m s de ocho mil asesinatos.
»De los casos conocidos policialmente en el 2000 s¢lo fueron cerrados el 36 por ciento, de ‘stos s¢lo un 2,7 por ciento obtuvo sentencia definitivamente firme en los tribunales, lo que representa un nivel m¡nimo de eficacia y un alto nivel de impunidad de los delitos», recalc¢ Gonz lez.
Por otro lado, durante el per¡odo del informe se conocieron de cinco casos de desaparici¢n forzada de personas a manos de organismos de seguridad del Estado.
En tanto, en materia de derecho a la justicia, »despu’s de dos a_os de intervenci¢n del poder judicial la situaci¢n ha empeorado: un 90 por ciento de los jueces son de car cter provisorio, lo que significa un retroceso a niveles previos a 1991».
Al referirse a derechos de car cter econ¢mico y social, la ONG venezolana indic¢ que »los planes gubernamentales para revertir la grave situaci¢n de desempleo y econom¡a informal no han garantizado una mejora». En Venezuela las tasas de desempleo e informalidad son altas, 15 y 51 por ciento, respectivamente, los trabajadores informales perciben ingresos 34 por ciento por debajo de su compa_eros en empleos formales y el salario m¡nimo, equivalente a 200 d¢lares, s¢lo cubre el 75 por ciento de la canasta alimenticia b sica.
Por otro lado, la hacer un balance de los derechos ind¡genas, PROVEA confirm¢ que si bien »se registraron importantes avances legislativos» para garantizarlos, »no tienen todav¡a un expresi¢n en mejoras de los niveles de vida» de la poblaci¢n originaria del pa¡s.
En el acto de presentaci¢n del informe, el coordinador de la organizaci¢n no gubernamental, Carlos Correa se_al¢ que la amplia investigaci¢n sirve para documentar una realidad, pero tambi’n para llamar la atenci¢n de las autoridades. Correa llam¢ al gobierno a »rectificar en pol¡ticas que son
contrarias a la vigencia plena de los derechos humanos», as¡ como »a mejorar su capacidad de gesti¢n con un esp¡ritu inclusivo y democr tico».
