Tenemos así la oportunidad de pensar globalmente nuestra arquitectura institucional y los flujos de relaciones que se establecen en su interior.
Tenemos ante nosotros la apasionante tarea de intentar hacer compatible la unidad política y económica de Europa con su propia pluralidad política y cultural.
Como nos ha recordado recientemente el profesor Daniel Innerarity, ante este reto son de dudosa utilidad las categorías nacionales que nos llevan más a definiciones negativas que a construcciones creativas y útiles para gestionar la pluralidad.
La gestión de lo plural rechaza la idea de poder como imposición y demanda una concepción del poder como negociación. Y con ello nos acerca a una noción compleja de la soberanía.
Los españoles no partimos de cero. Al contrario: hemos adquirido una buena experiencia con la puesta en marcha y el funcionamiento del Estado autonómico.
Nos toca ahora sacar las consecuencias de la experiencia adquirida, afrontar las cuestiones que no fue posible abordar hace 25 años y, finalmente, encajar nuestro Estado compuesto en la nueva Europa constitucionalizada.
Sobre este telón de fondo me propongo en el día de hoy darles noticia de cuáles son las aspiraciones de Catalunya, qué reformas institucionales propone y cómo pretende alcanzarlas.
El objetivo, método y alcance de las reformas institucionales que propone Catalunya
1.- ¿Qué pretende Catalunya?
Catalunya, a lo largo de los últimos 100 años ha creado, ha recreado, trabajosamente un sujeto político. Y ese sujeto político quiere simplemente vivir, crecer y relacionarse, teniendo en cuenta un contexto español y europeo caracterizado por la pluralidad y la interdependencia.
Sé que estas palabras pueden ofender a unos, sorprender a otros e inquietar a muchos.
No se precipiten. La discusión sobre el “yo”, sobre el “nosotros”, sobre el sujeto de la oración no es tan importante como la del verbo, y el verbo es unir, no es separar; el verbo es tejer, no cortar. El verbo hoy es, primero, respetar, respetarse, y a continuación unirse y trabajar juntos en el mundo abierto, incierto y apasionante que se abre ante nuestros ojos.
La sociedad catalana quiere disponer del máximo poder de decisión para gestionar sus propios intereses, especialmente en aquellas materias que determinan directamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ello supone la capacidad de intervenir –directa o indirectamente- en la mayoría de las decisiones políticas que afectan a sus derechos y a sus intereses.
Esta aspiración de Catalunya ha sido satisfecha en parte por el vigente Estatuto de Autonomía. Pero transcurridos veinticinco años, es hora de hacer balance y de recuperar las cuestiones pendientes.
El Estado autonómico surgido de la Constitución de 1978 no ha resuelto satisfactoriamente el reconocimiento pleno de la singularidad nacional catalana.
Ni tampoco el ejercicio efectivo y pleno de la autonomía política mediante el respeto al dualismo competencial, las competencias exclusivas, la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal.
Se plantea pues la reforma del Estatuto para colmar estas insuficiencias, es decir para conseguir una real y más efectiva autonomía política que cumpla cuatro condiciones:
1. El reconocimiento de un espacio político con las instituciones propias de autogobierno.
2. La garantía del dualismo competencial entre el Estado y las instituciones de gobierno de la autonomía.
3. La real, suficiente y efectiva autonomía financiera.
4. La existencia de una institución verdaderamente neutral para dirimir y resolver los conflictos de competencias entre las instituciones generales del Estadi y las autonómicas.
Vamos a hacer un nuevo Estatut que –en primer lugar- clarifique y refuerce las competencias de la Generalitat y fije de manera incuestionable las bases de un sistema de financiación que corrija el desequilibrio contrario a Catalunya. Queremos pagar en proporción a nuestra renta (19%) y recibir en función de nuestra población (16%). Ni más, ni menos.
Pero –en segundo lugar- también queremos un nuevo Estatut para mejorar nuestras instituciones de autogobierno.
– Con una organización territorial que suponga una descentralización de muchas competencias en los ayuntamientos.
– Con una nueva relación con el gobierno local, hecha de lealtad, subsidiariedad, y estrategias compartidas y no enfrentadas.
– Con un nuevo compromiso con la transparencia: el Estatut será una apuesta para una democracia de mayor calidad y con más control social de las instituciones públicas.
– Con una administración de Justicia más próxima y, por lo tanto, más eficaz.
– Con un nuevo compromiso con la ciudadanía: un Estatut vertebrado alrededor de los valores cívicos y de la participación de la sociedad civil.
En este sentido el sujeto político no es, simplemente, que sea otro, es que es distinto.
No es que antes el sujeto político fuese España y ahora sea Catalunya – y el resto del mundo sigue igual.
No: lo que ocurre es que antes el mundo estaba formado por estados independientes entre los cuales había relaciones, buenas o malas.
Y ahora hay unas relaciones, unas realidades, unas redes mundiales, en las cuales operan los estados, y no sólo los estados, también las multinacionales, las nacionalidades no estatales y las grandes ONG´S.
Hoy mismo se reunen en Davos las “multis” y en Porto Alegre las “onguis”.
En Barcelona se reunieron en 2004 las culturas y quizás en el futuro haya que hacer un foro anual de las culturas…
Bien: Catalunya quizás no tiene talla suficiente, económica y política, cultural y tecnológica para jugar en ese mercado abierto (open market). Pero jugará con alianzas diversas.
En tercer lugar, queremos un Estatut que reafirme nuestra voluntad de ser considerados como Estado y que renueve el pacto de solidaridad y amistad de Catalunya con todos los pueblos de España.
(Insisto una vez más: cuando, en un contexto como este digo “Estado”, me estoy refiriendo a “Es-ta-do- es-pa-ñol).
En este sentido el nuevo Estatut de Catalunya será una contribución decisiva para hacer efectivos los principios inspiradores del pacto constitucional de 1978.
Es decir, para tener un Estado que reconozca efectivamente su pluralidad nacional y su diversidad cultural y lingüística.
El Estatut deberá contemplar cuestiones como:
– nuestra presencia en el Senado,
– la atribución de funciones de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
– la participación de la Generalitat en la designación de los miembros de las altas instituciones del Estado –como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial-,
– la transferencia de funciones ejecutivas de la Administración del Estado a la Generalitat,
– el reconocimiento, protección e impulso de la lengua y la cultura catalanas por parte del Estado español, como se está empezando a hacer ya.
Y, finalmente, tendremos un Estatut que regulará las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea. Que asegurará nuestra participación en la formación de las posiciones del Estado y nuestra presencia en las instituciones y organismos europeos cuando se traten cuestiones del interés de Catalunya.
2.- ¿Cómo espera conseguirlo?: La vía catalana
Mediante la reforma del Estatuto de Catalunya de 1979, siguiendo las normas y procedimientos que la Constitución y el vigente Estatuto establecen. Ni más. Ni menos.
Esta reforma está siendo elaborada por una ponencia parlamentaria conjunta en la que participan todos los grupos de la cámara catalana, incluido el Partido Popular de Catalunya.
Es decir, el proyecto de nuevo Estatuto no será el proyecto de una parte ni de una persona.
La reforma para ser aprobada deberá contar con el apoyo como mínimo de una mayoría de dos tercios del Parlament, lo que obliga a un amplio consenso entre las fuerzas políticas catalanas.
No entiendo como hay comunidades en que esto no es así. Deberían aprender del Québec, que pone límites sensatos a la pura matemática.
Para que quede más claro aún si cabe: en Catalunya no se puede imponer un nuevo Estatuto por la mayoría parlamentaria, es necesario el concurso de la oposición.
Para ratificar y reforzar este compromiso de consenso de forma solemne, todos los líderes de los grupos parlamentarios catalanes nos reunimos en la localidad de Miravet –a orillas del Ebro- el pasado mes de noviembre. Nacía así lo que se ha dado en llamar espíritu de Miravet que quiere impregnar todo el proceso de reforma estatutaria.
Esta voluntad de acuerdo se fundamenta en el objetivo compartido –con todos los matices que se quiera- de mejorar el Autogobierno de Catalunya.
Este objetivo se centra hoy en la reforma del Estatut actual.
El Estatut como instrumento de concordia y como instrumento de progreso y de justicia.
Además del propósito de obtener el máximo consenso posible, otra preocupación preside la reforma: la de asegurar su plena constitucionalidad.
Para conseguirlo la ponencia parlamentaria trabaja a partir de los textos que elabora el “Institut d’Estudis Autonòmics” (el instrumento de estudio e investigación en materia autonómica del que dispone el Gobierno de Catalunya), presidido por el prestigioso constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer (exvicepresidente del Tribunal Constitucional).
Estoy firmemente convencido de que una propuesta de reforma del Estatuto de Catalunya en el marco de la Constitución española y con un apoyo parlamentario tan amplio no puede sino tener una acogida positiva y favorable en las Cortes Generales.
Es verdad que nuestra propuesta es un reto. Un reto para todos. Para ustedes y para nosotros. Pero no es un órdago. Ténganlo por seguro.
3.- ¿Qué incidencia pretende tener en el conjunto de España?
Somos conscientes de que la reforma de Estatut de Catalunya influirá en la modificación del resto de Estatutos. En este sentido quiero subrayar el carácter de pacto con el Estado español que tiene el Estatut de Autonomía de Catalunya.
Por eso la propuesta catalana pretende, de forma simultánea, en primer lugar la afirmación de la identidad y del autogobierno de Catalunya y su reconocimiento por el Estado español, y en segundo lugar el reconocimiento del carácter plural de España y la organización federal del Estado español.
Se trata de articular un Estado compuesto en el que el reconocimiento de la identidades nacionales y de las singularidades lingüísticas y culturales no equivalga a privilegios, es decir, no sea o involuntariamente entendido como un privilegio, o voluntariamente presentado como si lo fuera.
Aquí nos encontramos con un grave problema de incomunicación: No disponemos de un sistema de circulación de las noticias y de las opiniones que refleje de forma real la pluralidad española.
El Madrid político-mediático actúa demasiadas veces como un foro capitalino que interpreta la complejidad de España desde el centralismo y no desde la centralidad. El sistema de la capital ha sustituido al sistema estatal. Los diarios de la periferia, sus radios y televisiones no se escuchan en el centro. El centro ignora lo que ocurre en la España real, en la España plural.
La existencia de sistemas de comunicación propios de cada comunidad, de la que Catalunya es un buen ejemplo, no compensa el déficit evidente del sistema actual:
La España plural, la periferia política e institucional, el estado periférico por así decirlo, no es sujeto informativo de los medios de la capital. O no lo es en medida suficiente. Excepto para ser tratados como sujeto de polémica, de discrepancia cuando no como anomalía.
Así, estarán ustedes conmigo que la pedagogía de la España plural se hace difícil. Desde aquí, animo a los empresarios más emprendedores de este sector para que den respuesta a este déficit del sistema de comunicación.
Consciente de esta dificultad vuelvo a reiterar las ideas básicas de la propuesta de la España plural.
Siendo cierto como lo es que el Estado autonómico ha dado un rendimiento extraordinario en términos de descentralización política (hoy en España, según el ministro Solbes, el centro gasta el 30, las autonomías el 50 y los municipios el 20), también es evidente que con el paso del tiempo han aflorado sus límites y sus insuficiencias.
La Constitución española que ha hecho posible la España autonómica debe ahora reconocer la nueva realidad surgida a su amparo.
Como bien dice Francisco Rubio Llorente: “la reforma es posible porque no se hizo España para la Constitución, sino la Constitución para España”.
Ha sido Rubio Llorente -que no es precisamente un izquierdista y un socialista-, y que da la casualidad que es presidente del Consejo de Estado, quien ha propuesto la fórmula de “Comunidades nacionales” en referencia a Catalunya, el País Vasco y Galicia (y “la foral de Navarra”, añade).
Es una fórmula discutible, como todas, pero interesante. Espero que modifique y cualifique el artículo 2 de la C.E.
4.- Igualdad y diferencia
La España plural que proponemos es una España que reconoce y respeta la diferencia y que, por tanto, articula de formas diversas las realidades que son diversas.
Entiendo que en el ‘78 la esencia del pacto constitucional consistió en que Catalunya y el País Vasco renunciaran a ejercer el derecho de autodeterminación a cambio de obtener un nivel de autonomía y de autogobierno a la altura de lo que se había conseguido con los Estatutos de la Segunda República.
Ahora, el núcleo del pacto constitucional renovado debería consistir en que las nacionalidades históricas acepten la generalización autonómica, la igualdad competencial y el equilibrio del modelo, al mismo tiempo que las otras comunidades reconozcan la diversidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España y, en consecuencia, las expresiones políticas prácticas y simbólicas de los hechos diferenciales.
Quiero disipar un malentendido: el que opone igualdad a diversidad.
Esta oposición constituye una seria confusión. Es un error, porque lo contrario de la diversidad no es la igualdad sino la uniformidad. Y a la uniformidad sí que me opongo. De la misma forma que lo contrario de la igualdad es la desigualdad y el privilegio.
Yo reclamo para Cataluña una España basada en la aceptación de la diversidad y no en la desigualdad ni en los privilegios.
Igualdad es partir de unos mismos derechos y competencias. Porque la igualdad de derechos es precisamente la garantía de la diversidad.
¿O no sucede también así entre las personas, entre las que es precisamente la igualdad de derechos la garantía de nuestra libertad, para ejercerla cada uno según sus preferencias, y por tanto para acabar dando lugar a la diversidad?
Este es el modelo en el que creo, un modelo basado en la igualdad y en la libertad, que son el origen de la diversidad.
Observen ustedes, por ejemplo, los Estados Unidos, y no encontrarán mayor diversidad que la que existe entre sus Estados: en los impuestos, el sistema educativo, la organización local, incluso en cuestiones como la existencia de la pena de muerte.
Y ello es posible a partir de un marco, el de la Constitución, que es igual para todos.
Por eso, cuando alguien utiliza la igualdad para oponerla a la diversidad, no tengo más remedio que negarlo rotundamente.
Y advertir que no se utilice la igualdad para negar la diversidad, la libertad y la autonomía, sin las cuales no tendrían sentido ni el Estado de las autonomías ni la Constitución.
5.- Las finanzas y la red: dos temas centrales
Obviamente, transformar el Estado español en un verdadero Estado compuesto no se acaba con la reforma constitucional.
Exige una revisión a fondo del sistema del financiación que fije un cuadro estable de relaciones fiscales y financieras de carácter federal, equitativo y duradero, con corresponsabilidad y suficiencia.
Como exige también la adecuación del sistema judicial al Estado autonómico.
Y una política cultural y lingüística del Estado al servicio de todas sus lenguas y culturas.
Y que la composición de las altas instituciones del Estado –como el Tribunal Constitucional- reflejen la complejidad de la nuestra organización política.
Y una profunda transmutación de la organización y de las funciones de la Administración del Estado.
Son reformas institucionales a las que deberían añadirse las transformaciones económicas y territoriales, inherentes a una concepción del territorio español que supere la visión centralista y radial por una nueva visión de España en red.
Permítanme que me detenga un momento en esta cuestión.
No vale sólo con cambiar el mapa político, también hay que cambiar los mapas físicos; para que se adecuen a la realidad del país.
En definitiva: hay que pasar de una España entendida como una gran área metropolitana de Madrid, a una España concebida como una red.
España es una web, como diría un castizo de hoy
En la práctica, esto supone –sobretodo- un cambio en la concepción de las infraestructuras; a ello me referiré al final. Pero no únicamente hablo de infraestructuras cuando me refiero a la España en red.
Hablo, por ejemplo, de la descentralización de los organismos reguladores. El traslado de la sede de la CMT a Barcelona que se hará efectivo este año 2005 o, en otra dimensión distinta, también sería un buen ejemplo el traslado de la sede de la Conselleria de Agricultura de Barcelona a Lleida.
Entendámonos, una España en red no significa en absoluto una reclamación de Barcelona en pugna con Madrid. (Menos mal que hay pugna, sinó, que tedio! Pero no es eso).
Una España en red significa la adecuación de las estructuras económicas a criterios de eficiencia, de demanda potencial, de complementariedades y de masas críticas existentes que necesitan respuesta, dentro del nuevo contexto europeo.
Se habla de segunda transición y, en este marco, se podría hablar de ‘segunda modernización’.
El impulso a la sociedad de la información responde a una concepción en red por definición. El impulso a la Euroregión lo mismo. El cambio en nuestro modelo de productividad lo mismo.
De todo ello les hablaba el Ministro Montilla en este mismo Foro. Y esto es también la España en red.
El caso más obvio es el de las infraestructuras. Las infraestructuras deben ser pensadas y gestionadas en tanto que una cuestión global, sin exterior, y, por tanto, desde el diálogo, la coordinación y la corresponsabilidad entre territorios e instituciones.
Por este motivo, defendemos la dotación de una estructura mallada que complemente y palie la radialidad de las redes de transporte, y el funcionamiento en red de las infraestructuras básicas.
En el caso del ferrocarril, estamos viviendo un momento histórico con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, que representa un nuevo modelo de gestión y una nueva política de transportes que lo hace posible.
Catalunya ha manifestado su deseo de co-gestionar las Cercanías. Hay razones para ello: la existencia de una red propia de la Generalitat o las limitaciones históricas de la red de Metro de Barcelona. Pero lo cierto es que considero que la co-gestión de las cercanías deberían solicitarla, aún sin tener red propia, comunidades como Andalucía o la Valenciana.
Vertebrar territorialmente España requiere acuerdos básicos y permanentes, consensos generadores de actividad y esperanza en las instituciones.
Pero, sobre todo, es esencial definir una geografía deseable del territorio que sea adecuada a las nuevas dinámicas económicas y sociales.
En definitiva, se trata de la plena y coherente adecuación del Estado autonómico a la pluralidad y la diversidad de sus territorios:
– instituciones (Senado, TC, Conferencia Presidentes, sistema judicial…),
– políticas (cultura, lengua…),
– financiación…
– así como de la potenciación de la España en red en una Europa en red.
Bien, lo dejo aquí por ahora. Espero que entre sus preguntas y mis respuestas podamos enriquecer, con el debate, lo que aquí les he expuesto.
