La jatropha, mostaza y camelina son algunas de las oleaginosas que se están evaluando. Las microalgas, en el norte, y la grasa animal, en el sur, también se han convertido en atractivas alternativas, mientras el raps y el maíz, materias tradicionalmente utilizadas para la producción de biocombustibles de primera generación, van en bajada. Los biocombustibles de segunda generación son los que se obtienen de materias lignocelulósicas, como los rastrojos agrícolas de la caña del maíz, paja de trigo y otros, pastos, hierbas y madera, especialmente residuos de la industria forestal y desechos de la silvicultura, como podas y raleos no comerciales.
"Si hay un futuro para los biocombustibles en Chile es para los de segunda generación, producidos a partir de los residuos forestales. Nosotros no tenemos el territorio ni las ventajas comparativas para producir biocombustibles a partir de cultivos tradicionales como el azúcar, el maíz o la soya", asegura Reinaldo Ruiz, subsecretario de Agricultura.
"En Chile la limitante para la producción de biocombustible de primera generación es la superficie. Por una cuestión de costo-oportunidad, producir a partir de maíz, por ejemplo, no tiene justificación económica. Similar en el caso del raps, hoy existen 20 mil hectáreas de cultivos que podrían llegar a las 200 mil, pero son destinadas al consumo humano y a la salmonicultura. La alternativa para Chile hoy son los materiales lignocelulósicos", señala Rodrigo Vega, director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
Los residuos lignocelulósicos son la materia prima que el Gobierno quiere priorizar para la producción de biodiésel. Se trata de rastrojos o residuos del trigo, los cereales o la poda de árboles frutales, paja o fibras de madera, que son sometidos a un proceso más largo y complicado que el del bioetanol tradicional y en el cual es necesario gasificar la biomasa para luego transformarla en combustible líquido.
"Los costos son mayores, pero el sistema tiene la gran ventaja de no competir con los alimentos y dar uso a residuos", asegura María Inés González, ingeniera agrónoma del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Quilamapu, Región del Biobío, que coordina un proyecto de investigación sobre bioetanol con residuos agrícolas lignocelulósicos junto a expertos de la Universidad de Concepción.
Los desechos de cosecha son en la actualidad generados en grandes cantidades, pero suelen quedar abandonados en los campos, ya que es económicamente inviable retirarlos. Una alternativa es utilizarlos en la generación eléctrica, fabricando pellets para alimentar calderas, o quemarlos directamente en el campo, con los consiguientes efectos contaminantes. "La quema de paja no se incorpora de inmediato al suelo, por lo que si se le puede dar una utilidad, que implica el ingreso a la producción de biocombustibles o el solo hecho que alguien retire el residuo de los campos, es beneficioso para los productores", acota González.
El último discurso presidencial señaló que un consorcio tecnológico se encargará de la producción de bioetanol a partir de residuos forestales. Por petición del ahora dividido Ministerio de Minería y Energía y como respuesta a los planteamientos que la Presidenta hizo el año pasado, Innova Chile, de Corfo, convocó a la presentación de propuestas para el financiamiento de grupos empresariales de investigación en biocombustibles a partir de material lignocelulósico.
Las agrupaciones -formadas por empresas e instituciones públicas y privadas de investigación y desarrollo tecnológico, además de las forestales- ya enviaron sus propuestas, las que en este momento están siendo evaluadas por el Comité Innova Chile y serán anunciadas el próximo mes.
"Chile no subsidia la producción, pero sí puede apoyar el desarrollo de una industria naciente, como hoy está fomentando la investigación y la formación de consorcios tecnológicos", señala José Antonio Ruiz, jefe del área hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). "Chile tiene potencial para producir combustibles de segunda generación, en lignocelulósico y algas", agrega el ejecutivo.
Según las bases de la convocatoria, la propuesta de consorcio debe incluir, al menos, la implementación de un programa de investigación y desarrollo (I+D) y uno que asegure su comercialización. Debe garantizar además la ejecución de subproyectos, la utilización máxima posible de infraestructura, equipamiento, plantas de procesos y líneas de investigación nacional e incorporar centros o expertos internacionales en materia de biocombustible a partir de material lignocelulósico.
Se invertirán 6 millones de dólares. Corfo financiará hasta el 60% del costo total de cada proyecto, con un tope máximo de cofinanciamiento de 3.150 millones de pesos. Por ahora se desconoce el número de propuestas que postularon a la convocatoria y la cantidad de proyectos que serán aprobados, pero a fin de año, los consorcios aprobados deberán constituirse y tendrán cinco años como máximo para obtener resultados, aunque se espera que en tres años exista la capacidad suficiente para entrar al mercado.
