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La demora en la entrada en vigor de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre -así es como se denomina técnicamente a esta Ley en el BOE- responde a que el Ministerio de Justicia -en su precipitación- no previó que el éxito de su puesta en funcionamiento pasaba por un simple papel -el formulario de pago- que no existe.
Así pues, hasta que Hacienda no tenga y apruebe ese documento, Gallardón no verá cumplido su obcecado, impopular e incomprensible deseo. Porque él, el Ministro de Justicia, se empeña en argumentar que esta Ley de Tasas Judiciales “tendrá un contenido social extraordinariamente positivo” pero la realidad es que los expertos opinan que se trata de una norma claramente anticonstitucional.
Hay que saber, de antemano, que si una persona tiene unos ingresos por encima de los 1.200 euros, le va a costar muy caro defender, por ejemplo, su derecho a reclamar una indemnización por un accidente de tráfico, reclamar un impago, resolver un problema con su contrato de alquiler, denunciar una negligencia médica, resolver un divorcio o querellarse contra los abusos de una gran empresa. La clase media se ve literalmente relegada al estoicismo, al silencio y a la humillación por esta Ley de Tasas de Gallardón, que deja la puerta abierta a la impunidad y a los abusos de los poderosos sobre una clase media cada vez más pobre.
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Pero dejemos que sea el experto el que hable. En esta entrevista que les ofrecemos en formato de vídeo/TV, Pedro Yúfera, Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, explica en qué términos se ha formulado esta Ley de Tasas y cómo afectará a todos y cada uno de los ciudadanos españoles de una u otra manera, antes o después.
Cojan lápiz y papel y tomen nota, porque si no se han indignado todavía es porque, seguramente, no se lo han contado bien.
Gema Castellano
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Transcripción de parte de la entrevista de Pedro Yúfera por la Ley de Tasas Judiciales:
¿Qué opina usted de la nueva Ley de Tasas de Gallardón?
Es absolutamente intolerable. Yo la calificaría de nefasta, porque limita el acceso a la justicia por parte del ciudadano. Y esto es muy grave. Es indefendible la excusa de que va a mejorar la justicia. Si para poner un procedimiento se tienen que gastar un millón de euros, seguro que acabamos con la justicia. Dentro de cuatro días ya no hay ningún pleito. Eso no es lo correcto.
Evidentemente así se termina de un plumazo con los atascos en los juzgados.
Las colas en la justicia no son el problema. El tema es que interponer un procedimiento judicial ahora nos va a costar muchísimo dinero. Pero lo peor es que el ciudadano no es consciente de que éste es un problema para el propio ciudadano, que no piensa en que algún día tendrá un procedimiento judicial. Es por esto que no se ha producido un rechazo absoluto por parte de la ciudadanía.
Pero hay cuestiones que no dependen de nosotros y deben resolverse en un juzgado…
Evidéntemente. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Hay que interponer una reclamación de una indemnización por graves lesiones. Si el afectado gana más de 1.200 euros al mes, tendrá que pagar 3.000 o 4.000 euros para poder pedir dicha indemnización. O por ejemplo el tema de las preferentes, donde la persona tenga reclamar a una entidad bancaria todos los ahorros de su vida. Deberá pagar 300 euros de tasas, pero a eso deberá sumar el 0.5% de la cantidad que reclame. Dependiendo de la cantidad reclamada ese 0’5% puede ser una barbaridad.
Sigamos con algún caso típico con el que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar.
Por ejemplo, una separación matrimonial. Imagínese que una persona tiene un tema de pensión compensatoria y pide, en función de las circunstancias, una modificación de dicha pensión compensatoria que, a lo mejor, en el momento en el que vivimos es de 100 o 200 euros. Esa persona tiene que pagar por iniciar el procedimiento 300 euros, a los que hay que adjuntar el 0’5% de lo que reclame. De esta forma sí que se acaban los procedimientos judiciales.
¿Y las viviendas?. Caballo de batalla en estos momentos.
Si una persona compra un piso a un particular y no se lo paga, el vendedor -cuando va a reclamar- tiene que pagar los 300 euros de tasa más el 0’5% del valor de la finca. Para desahucio por falta de pago, deberá abonar los 300 euros de tasa más el 0’5% de la renta que se le debe. Es absolutamente kafkiano.
¿Cómo está la legislación en otros países?
Hay países donde se pagan tasas, pero son de unos 35 euros por poner un procedimiento. Incluso los jueces pueden valorar, en algunos casos, si la persona tiene o no recursos económicos. En España todo el mundo tendrá que pagar si su sueldo supera los 1.200 euros. Tenga fondos para iniciar un procedimiento o no.
¿Y las costas?
La Ley habla de que el que pierde el juicio paga las costas, pero luego no es así. Si la persona pone un recurso de apelación deberá pagar 800 euros más el 0’5% de la cantidad a reclamar. Pero si gana, como resulta que a la parte contraria no le puede reclamar esas costas porque la otra persona había ganado de Primera Instancia, lo pierde.
Ponga un ejemplo.
Imagine que una persona tiene un accidente de tráfico y queda afectado con graves lesiones permanentes. Esta persona pide una indemnización de un millón de euros. Para reclamar ese millón de euros deberá desembolsar desde el principio 5.300 euros. Si resulta que en Primera Instancia le dicen que en lugar de un millón de euros le corresponden 300.000 euros, antes de recurrir tendrá que desembolsar 800 euros más el 0’5% de esos 300.000 euros. Pero recuerde que esa persona cobra 1.200 euros al mes. Esta Ley es una auténtica barbaridad.
¿Y las multas de tráfico?.
Si a una persona le ponen una multa de 100 euros, por poder interponer un contencioso para decir que no está de acuerdo con la multa, deberá pagar 200 euros. ¿Quién va a recurrir así?
Parece que todo se confabula para que el que no tiene dinero no pueda ni protestar. ¿No es así?
Al final acaba pagando la situación la clase media; entendiendo clase media la que cobra desde 1.200 euros al mes hasta los que no les preocupa, en absoluto, lo que tengan que pagar. Los que cobran menos de 1.200 euros podrán pedir justicia gratuita y a los que ganan mucho dinero les da lo mismo.
¿Y las grandes empresas y personas que reclaman miles de millones?
Cuando se reclaman esas tasas, hasta un millón de euros es el 0’5%. Pero a partir de un millón de euros hasta la cantidad que sea, es el 0’25% pero con un máximo de 10.000 euros. Es decir. Que si es una multinacional que se está peleando con una multinacional y se están pidiendo cantidades inmensas de dinero, lo máximo que tendrán que pagar serán 10.000 euros contra los 6.000 que deberá abonar la persona del ejemplo del accidente de tráfico.
Sabemos que esta vez los jueces han salido a la calle.
No solamente los jueces. También los fiscales, los abogados, los procuradores, los graduados sociales etc. No se ha escuchado a los operadores jurídicos. No dude de que es una ley con trampa. Parece que el colectivo jurídico se esté quejando por algo que le afecta y no es así. Las consecuencias las va a sufrir el ciudadano. Esto en un sistema democrático es inadmisible y creemos que incluso inconstitucional.
Según su criterio, ¿qué motivo ha impulsado al Gallardón a promulgar una Ley con la que nadie está de acuerdo?
El motivo debe ser psicológico y no me meto. Pero no se entiende ni la ley ni la celeridad en su aplicación. Ni siquiera están disponibles los impresos para validar las tasas y la Ley ya está vigente. Esta situación es propia de una República Bananera. Realmente lo que hay que hacer es derogar esta ley que es esperpéntica.
¿Se puede tirar para atrás esta Ley?
Todas las leyes se pueden tirar para atrás. Porque creo que no han sido conscientes de esto que han hecho. Ni ellos mismos conocen los aspectos fundamentales en los que se basa esta Ley de Tasas. Creo que si todos nos manifestamos en contra deberían retirarla.
Qué casualidad que temas como la privatización de la sanidad pública coincidan con esta ley teniendo en cuenta, por ejemplo, que las demandas por negligencias médicas son de cuantías elevadas. ¿Estoy siendo muy perversa?
Más que mala está siendo perspicaz. Pero es otro ejemplo claro. Porque quizás el paciente o sus familiares no puedan reclamar.
Gema Castellano
