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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han firmado hoy un convenio de cooperación en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que ambos han calificado de “muy necesario”.
El Gobierno quiere estimular la lucha contra todo aquel comportamiento que atente contra los derechos de los trabajadores y que provoque perjuicio a las empresas que cumplen con la ley.
Este convenio actualiza las disposiciones que databan de 1994 sobre la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde entonces, han aparecido nuevas situaciones de fraude y de delito, que hacen necesaria una actuación conjunta que relance y refuerce el trabajo conjunto entre ambas instituciones del Estado.
éstos son algunos ejemplos de fraude o delito:
• La constitución de empresas ficticias para obtener de manera indebida prestaciones de la Seguridad Social.
• La simulación de relaciones laborales.
• El empleo de extranjeros sin sus permisos autorizados en vigor.
• La explotación y trata de seres humanos por parte de redes internacionales.
El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril de 2012, ha dado respuesta a la necesidad de intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas. Estas actuaciones conjuntas contribuirán a intensificar la lucha contra el fraude mejorando aun más los resultados que ya está dando el plan.
Durante 2012, se han llevado a cabo 14.000 actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los delitos cometidos contra la Seguridad Social han sido 159 en 2012, y los cometidos contra los derechos de los trabajadores 1.067. Se han detenido a 447 personas por delitos contra la Seguridad Social y a 930 por delitos contra trabajadores.
En 2012 el aumento del número de actuaciones permitió un incremento del 169,72% en el número de infracciones detectadas en materia de empresas ficticias. Este aumento de infracciones detectadas se incrementa hasta el 198,39% en el primer trimestre de 2013, frente al mismo período de 2012.
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Por lo que respecta al fraude en prestaciones, el número de infracciones a empresas por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo se incrementó en 2012 casi un 30%. Las infracciones de trabajadores que incurrieron en la compatibilización u obtención indebida de prestaciones aumentaron un 49%.
Durante el primer trimestre 2013, se está continuando con la misma tendencia, al aumentar las infracciones a empresas más de un 33% y un 38,37% las infracciones por cobro indebido de prestaciones por desempleo.
Los dos ministros han lanzado un mensaje determinante para señalar que “defraudar a la Seguridad Social es defraudar a toda la sociedad, pero en especial en estos momentos, defraudar a la Seguridad Social es sobre todo perjudicar a los parados, jubilados y demás pensionistas”.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado gracias a la labor conjunta de todos “preservaremos mejor los derechos de los trabajadores, lucharemos contra la competencia desleal, y contribuiremos a reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema público de prestaciones de empleo y Seguridad Social”.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que las modificaciones legislativas introducidas en materia de transparencia, lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad social y contra el empleo irregular “han mejorado la eficacia en la lucha contra el fraude y ha endurecido las sanciones a quienes defraudan a la Seguridad Social”.
En este contexto, ambos ministros han coincidido en que estas modificaciones hacen necesario fortalecer la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de detectar aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos tipificados en el Código Penal o como infracciones administrativas del orden social y normativa de extranjería.
Además, este convenio recoge criterios generales para la coordinación operativa e instrucciones para constituir grupos operativos mixtos de miembros de ambas instituciones para luchar eficazmente contra el fraude, el delito y la insolidaridad.
