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Sin embargo y aunque la conclusión ya venga plasmada en la recurrente frase “es que en España no hay justicia”, muy poco se ha profundizado en los entresijos de un caso de tan elevada trascendencia social y en el que cada uno de los implicados se ve obligado a defender sus intereses hasta las últimas consecuencias. Imputados, afectados, abogados, testigos, fiscales o jueces – y también la policía- se han visto colocados en una palestra amplificada por los medios de comunicación que obliga a la sobreactuación; y llegados a este punto, las posturas se radicalizan.
Desde Informativos.Net no hemos querido hacer más juicios de valor de los que ya abruman a la opinión pública o echar más leña al fuego en un caso ya suficientemente candente, pero sí darle la palabra a un experto. Y no hablamos de un abogado especializado en estos casos que quizás -y decimos que podría ocurrir- se vería obligado a no desaprovechar la oportunidad de adoptar una postura “populista” con el fin de adquirir notoriedad; sino a alguien absolutamente capacitado para argumentar y afirmar sin titubear que “negar que la justicia no funciona bien es tan absurdo como lo sería no reconocer que parte de esa responsabilidad reside en la abogacía”.
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Joan Oset Piqué es Coordinador de la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) -además de abogado- y su misión es velar por la ética profesional de la abogacía; una profesión libre e independiente cuyo objetivo es prestar servicio a la sociedad en el ejercicio de la libre competencia.
Para entendernos diremos que Oset es la Espada de Damocles de los “letrados” que no cumplen con el código deontológico de su profesión; un profesional justo y cabal, extraordinariamente capacitado para analizar -sin condicionamientos- el proceso judicial sobre el asesinato de Marta del Castillo -u otros-.
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Se sorprenderán. En esta entrevista que les ofrecemos en formato de vídeo/TV, Joan Oset desglosa ampliamente y sin prisa un proceso que ha conmocionado a España y que posiblemente -debido a sus complicadas singularidades y al lógico desconocimiento de los recovecos judiciales por parte del ciudadano normal- no se haya entendido bien.
Porque el juez es la autoridad que decide el destino de un imputado; pero los abogados, las pruebas y la validez de estas, construyen las bases de un caso.
Gema Castellano
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