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Mientras tanto, y poco se habla de ello, la Hepatitis C, una enfermedad contagiosa que deriva en cirrosis y cáncer de hígado, se ha convertido en un problema de orden mayor en el continente Europeo.
Hablemos de datos. En el Sur y Este de Europa la enfermedad afecta, aproximadamente, al 5% de la población reduciéndose su incidencia hasta el 0,5% en los Países Nórdicos. En España casi un millón de personas podrían estar afectadas, algunas de ellas sin ser conscientes de ello. Pero a pesar de que el sofosbuvir se perfila como el principio activo óptimo para combatir hasta en un 90% de los casos al virus, no existe voluntad política a la hora de negociar con una empresa, Gilead, cuyo modelo de negocio radica en la adquisición de pequeños laboratorios con investigaciones innovadoras muy avanzadas para, posteriormente, desarrollar el medicamento y comercializar los tratamientos en cada país a un precio diferente, con unos márgenes de beneficios éticamente cuestionables.
Unos intereses económicos, por un lado, y una negligencia y falta de empatía políticas, por otro, que dan como resultado el perjuicio de los ciudadanos. Y en este caso, incluso la muerte de muchos de ellos.
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La situación de los afectados de la Hepatitis C, por el momento, parece no tener solución y abre el debate social sobre la auténtica accesibilidad de la sociedad, en general, a los medicamentos de última generación que combaten enfermedades como el cáncer, el VIH o la diabetes, entre otras.
La respuesta del gobierno español, con su ministro de sanidad al frente, ha sido, en el caso de la Hepatitis C, la de crear un Comité de Expertos encabezada por Joan Rodés. Un comité donde casi todos sus miembros están vinculados, de alguna manera, con la empresa Gilead. Un Comité que ahora deberá crear un Plan Estratégico cuyo contenido el ministro ha sido incapaz de definir.
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Pero lo cierto es que, al margen de prejuicios e intereses creados a la hora de aplicar soluciones, los gobiernos sí tienen argumentos y mecanismos legales, para conseguir el abaratamiento de los medicamentos cuando existe motivo para ello.
Sin ir más lejos y después de los atentados de las Torres Gemelas, ante la alarma social suscitada por las amenazas de ataques de ántrax, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush dictaminó la Emisión de Licencia Obligatoria a los laboratorios Bayer, obligándolos a rebajar el precio del tratamiento contra el ántrax de cinco dólares la pastilla a menos de un dólar. Lo curioso es que sólo se produjeron cuatro casos de ataques de Antrax en todo estados Unidos. Cuando se quiere y es necesario, se puede.
Sovaldi cura la Hepatitis C en, aproximadamente, un 90% de los casos. Por tanto, ya se trata de una posible solución muy interesante, también, a la hora de valorar el control del gasto público en sanidad. Esta es su grandeza.
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Nos lo cuenta Xose María Torres Bouza, experto en patentes de farmacia y miembro de la junta directiva de Farmamundi, 
http://www.farmaceuticosmundi.org, la ONG del medicamento que lucha para asegurar que la salud sea un derecho fundamental. No es Torres Bouza, precisamente, sospechoso de ir, sistemáticamente, contra los laboratorios.
Tampoco Farmacéuticos Mundi- Farmamundi. De hecho, la relación laboral de Xose María con las farmaceúticas es muy directa, y por la parte de Farmamundi, diremos que la ONG no existiría sin la colaboración de éstas empresas. “Solo uno de 20.000 medicamentos salen al mercado”, insiste Torres en defensa de la Industria.
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Dicho esto, Xose María Torres Bouza, por su conocimiento sobre temas de patentes farmaceúticas y su imparcialidad, se perfila como una de las personas con mayores aptitudes, a nivel de conocimiento real, para hablarnos del conflicto entre afectados, gobiernos y empresa creado por un medicamento de última generación que cura, pero que no se incluye en la Sanidad Pública debido a su precio.
Tras ver esta entrevista a Xose María Torres Bouza que les ofrecemos en formato de vídeo/TV, les aseguro que serán capaces de comprender el conflicto, de analizarlo desde los diferentes puntos de vista y de debatir con argumentos cargados de fundamento, sobre la situación de la sanidad y la necesidad de que, quienes la gestionan, sean conscientes de que es un derecho adquirido para la sociedad.
Gema Castellano
@GemaCastellano
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