Monsanto estaba acusada ante la justicia estadounidense de violar la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) por
entregar un «pago ilegal» de 50.000 dólares a un alto funcionario del
Ministerio de Medio Ambiente indonesio, quien eliminaría un requerimiento de
estudio de impacto ambiental.
El soborno fue pagado por un funcionario de Monsanto para facilitar la
autorización de los cultivos genéticamente modificados, y fue contabilizado
falsamente como un «gasto de consultoría» en los libros de la empresa,
afirmó el asistente de la Fiscalía General, Christopher Wray.
Pero no sólo eso, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés) señaló que Monsanto habría repartido alrededor de 700 mil
dólares a cerca de 140 funcionarios y a sus familiares. Muchos de los pagos
realizados se habrían destinado a la compra de terrenos y para la
construcción de una casa a nombre de la esposa del ministro de Agricultura,
de acuerdo con la SEC.
El hecho de que Monsanto haya sobornado a tantas personas no refleja el
actuar de un empleado, sino «un modus operandi de la empresa agroquímica».
Por lo que los demás países donde Monsanto tiene presencia tienen la
obligación de realizar auditorías para verificar de qué forma está operando
esa firma.
Lejos de jugar las reglas del mercado libre, Monsanto se basa en la
corrupción, y las virtudes de los transgénicos parecen ser más claras cuando
van acompañadas de sobornos.
Sancionada también por la SEC
La empresa agroquímica «aceptó asumir la responsabilidad por la conducta de
sus empleados al pagar el soborno y hacer las falsas inscripciones en los
libros y registros», afirmó el Departamento de Justicia en una declaración.
«Monsanto también aceptó pagar una sanción monetaria de un millón de
dólares», agregó.
Por separado, la empresa también llegó a un acuerdo que implica el pago de
500 mil dólares para poner fin a los procedimientos legales de la Comisión
de Valores de Estados Unidos que también acusó a la empresa de violar la
FCPA.
Además de pagar la multa, Monsanto acordó someterse a que las autoridades
estadounidenses controlen sus actividades empresariales durante tres años.
Durante ese tiempo, las autoridades no presentarán una acusación formal y
después abandonarán el caso si la compañía cumple con todos los términos del
contrato.
En un comunicado, la empresa afirmó «lamentar» las acciones de sus empleados
pero aceptó la responsabilidad por el soborno: «Monsanto acepta la completa
responsabilidad por esas actividades impropias, y sinceramente lamentamos
que gente que trabajaba en nombre de la empresa se condujera de esa manera»,
afirmó el consejero de Monsanto Charles Burson.
La compañía, una de las más impugnadas por los grupos ambientalistas por la
gestión presuntamente incontrolada de los transgénicos, había registrado
pérdidas por 40 millones de dólares durante su primer trimestre fiscal,
aunque sus ventas se incrementaron 7 por ciento.
José Santamarta
