El Código de Buenas Prácticas ha permitido más de 600 daciones en pago y casi 1.700 reestructuraciones de deuda; el Fondo Social de Viviendas ha facilitado 600 pisos en alquiler a precios bajos; y se han suspendido más de 1.500 desahucios. Todas estas medidas se pusieron en marcha a mediados del pasado año con el objetivo de proteger a los colectivos especialmente vulnerables a la crisis económica.
El ministro explicó que este Gobierno “es el que más ha hecho por proteger a los ahorradores y, en particular a los deudores hipotecarios”.
Además de poner en marcha el Código de Buenas Prácticas y el Fondo Social de Viviendas, se ha reforzado la transparencia, exigiendo al hipotecado una expresión manuscrita en la que reconozca de su puño y letra que ha entendido el contrato hipotecario; se han limitado los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero; se ha limitado la capacidad de la entidad de crédito para reclamar cuotas al deudor hasta que no se hayan producido tres impagos; y se han introducido medidas de prudencia financiera para evitar el sobreendeudamiento irresponsable.
Desde la puesta en marcha en abril del año pasado del Código de Buenas Prácticas (CBP) –al que se han adherido 97 entidades financieras, la práctica totalidad de las que tienen actividad hipotecaria en España- hasta el cierre de septiembre:
Se han recibido 9.861 solicitudes de clientes, de las que 2.301 se han cerrado con mejoras a favor de los hipotecados.
Se han firmado 1.684 reestructuraciones de la deuda –con extensiones de los plazos o rebaja de las cuotas, por ejemplo- que permiten a los deudores mantener su vivienda y ajustar los pagos a su nivel de ingresos.
Se han acordado también 6 quitas de una parte de lo debido y 611 daciones en pago, de manera que el deudor entrega la vivienda para saldar la deuda pendiente y queda libre de cargas.
En 581 casos se produjo un desistimiento del proceso por parte del cliente, sin causas precisas y en 4.749 procesos se denegaron las peticiones porque los solicitantes no cumplían los requisitos exigidos (niveles de renta, situación familiar…).
La adhesión de las entidades al CBP tuvo carácter voluntario pero, una vez efectuada, es obligatoria por un periodo de dos años.
El Fondo Social de Vivienda (FSV) ha recibido 1.305 solicitudes desde que se activó en marzo pasado. Se han adjudicado 615 viviendas, de las que en 270 casos se han firmado ya los contratos. Este Fondo permite a aquellas familias que han perdido su casa como consecuencia de un desahucio y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad solicitar una vivienda con un alquiler tasado (entre 150 y 400 euros mensuales).
Adicionalmente, las entidades financieras han paralizado más de 1.500 lanzamientos (la última fase del desahucio, el abandono de la vivienda) en aplicación directa de las medidas aprobadas por el Gobierno.
