Pablo Casado no necesitaba tantas alforjas para este viaje. ¿Y es él quien ha estado tres años negándose a renovar el Tribunal Constitucional con la excusa de exigir la despolitización de la institución? Porque el Partido Popular ha estado tres años burlándose de la democracia, mientras exigía condiciones arbitrarias para aprobar lo que simplemente era obligación de ley.
En fin.
Lo que ha realizado el PP, lo diré sin tapujos, es lo que viene siendo un rastrero ‘chantaje de manual’ al sistema democrático español, sin despeinarse. Como si la democracia fuera solo un mero trámite para estar. Nada importante ante sus planes para España. Casado no tiene límites en su osadía. No contento con esto se sienta a negociar cuando se cansa de jugar con el sistema, poniendo dos condiciones para desbloquear su soberbia cacicada.
La primera, que el magistrado Enrique Arnaldo -implicado en asuntos de corrupción, obsesionado con las leyes del aborto y la eutanasia, alérgico a la Memoria Histórica y en contra de la exhumación de los cuerpos de las cunetas, gran justificador de la ‘Caja B’ del PP, beneficiario de contrataciones públicas otorgadas por el PP y más y más…- forme parte del Tribunal Constitucional (TC).
La segunda, que si el gobierno no acepta esta imposición -el nombramiento de Arnaldo- automáticamente bloqueará de nuevo la renovación de todas las demás instituciones incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esto -semejante agravio al orden democrático- no ha ocurrido nunca en todos los años que llevamos de democracia. Es evidente que este chantaje -me niego a usar eufemismos- al sistema democrático debería poner el vello de punta también a los conservadores demócratas del propio PP, pero es que hay algo en lo que la derecha española no cambiará nunca. Se llama corporativismo.
¡Luego no digan que no lo vieron venir!
Esto -semejante agravio al orden democrático- no ha ocurrido nunca en todos los años que llevamos de democracia. Es evidente que este chantaje -me niego a usar eufemismos- al sistema democrático debería poner el vello de punta también a los conservadores demócratas del propio PP, pero es que hay algo en lo que la derecha española no cambiará nunca. Se llama corporativismo.
No duden de que si el gobierno se hubiera negado a pactar por culpa de la politización y las presuntas corruptelas de Arnaldo, la campaña del PP contra Sánchez hubiera sido de traca, a sabiendas -porque Casado lo sabe- de la impunidad que concede el hecho de que la cultura democrática de los españoles no sea tan solvente como para indignarse, protestar o imponer un coste o penalización importante a un partido, por actos como este.
Los españoles están normalizando las cacicadas también en las instituciones y la calidad democrática lo va a pagar caro.
Los españoles están normalizando las cacicadas también en las instituciones y la calidad democrática lo va a pagar caro. Sobretodo teniendo en cuenta la nueva estrategia -o manía- de la derechona patria de llevar al Constitucional cualquier asunto político que no le gusta, mientras predica contra la politización de la justicia.
Llevar los asuntos políticos del Congreso a las instancias judiciales forma parte de la estrategia política del PP y tener una mayoría de magistrados afines o un Arnaldo en el lugar adecuado, no cabe duda de que supone una extraordinaria ventaja competitiva.
Hoy, mientras el PP calla y hace mutis mediático escondido entre los muros de su fortaleza de la calle Génova, reformada con dinero B, el foco mediático se fija paradójicamente en la izquierda, que deberá validar con su voto a Arnaldo si quiere avanzar los procesos de renovación de las instituciones.
Si el PSOE vota en contra de Arnaldo el PP romperá el pacto y no renovará ni el Tribunal Constitucional (TC) ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); pero a Casado no le importa. Seguiría teniendo la mayoría -ilícita y amoral- de la que disfruta desde hace tres años. Además, tendría la excusa perfecta para acusar a Sánchez de que por su culpa no se renuevan las instituciones.
En cualquier caso la reputación del Sistema Judicial no está viviendo sus mejores momentos. Este episodio, si acaso, sirve para confirmar las sospechas de connivencia, de comadreo, de complicidad, de favores debidos… entre los poderes político y judicial, pero sobretodo para que los ciudadanos perciban las instituciones como antros de corrupción absolutamente al margen de la realidad social.
Dinamitar la democracia desde dentro institucionalizando y normalizando el “chanchullismo”, nunca había sido tan descarado. ¡A las claras!