Casi medio siglo después del asesinato del joven de 19 años durante una manifestación por la amnistía en Madrid, el Consejo de Ministros ha autorizado la entrega a su familia de documentación policial hasta ahora secreta. La decisión responde a una reclamación judicial y podría aportar información sobre los implicados en el crimen y las circunstancias de su investigación.
