Tenemos la obligación de exigir a los poderes político y empresarial, que respeten nuestro derecho a mantenernos libres de tóxicos que se acumulan en nuestro organismo y aniquilan nuestra salud y bienestar. El coste sanitario para la salud pública europea que generan los contaminantes hormonales -disruptores endocrinos- supera los 157.000 millones de euros; y esto es posible porque no hemos conseguido un equilibrio a través del consenso, entre los beneficios lógicos para la industria y las exigencias políticas de salud para la sociedad. Ante semejante descompensación, el ciudadano debe actuar.
Entrevistas